Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Considero que el gobierno está actuando con prontitud y firmeza en las decisiones sobre urgencias sanitarias, sociales y económicas. Incluso ha recibido el apoyo de todo el arco político, incluyendo los gobernadores y la gran mayoría de los legisladores y legisladoras de la oposición. Se resume este respaldo en la frase: “el Presidente es el comandante de esta batalla porque así lo decidió el país”.
Las medidas económicas recientemente anunciadas “son medidas decisivas en pos de asegurar que la actividad económica va a funcionar y la sociedad argentina esté protegida en un contexto en el cual las condiciones de trabajo van a ser distintas” ante la crisis mundial generada por la pandemia del coronavirus, como lo expresó el ministro de Economía.
El plan del gobierno se enfoca en varios objetivos: auxiliar a las empresas en general, y especialmente a las afectadas por la reducción de la actividad fruto de las restricciones que impone la pandemia. También se trata de proteger a los más vulnerables a través de reforzar el seguro de desempleo y un pago extraordinario a jubilados que cobran la mínima y para la AUH; de darle un fuerte impulso a la inversión estatal en infraestructura; de establecer precios máximos por 30 días prorrogables para unos 2.000 productos; y se otorga un importante impulso crediticio, a partir de regulaciones del BCRA, que incluye créditos para PyMEs a un interés del 24% para impulsar la actividad productiva en esta coyuntura. Se suman otras varias medidas que complementan estos ejes esenciales.
Estas políticas están en consonancia con las muchas que se están aplicando en la mayoría de los países, especialmente los desarrollados. Y han puesto de relieve la importancia de la intervención estatal. Los bancos centrales de los más grandes países desarrollados han lanzado al mercado importantes cantidades de dinero a través de compras de bonos públicos y de valores privados, como no se había visto desde la crisis iniciada en 2007/2008. Pero también han anunciado fuertes programas fiscales para asistir a las empresas, a los trabajadores y a los desocupados, tratando de que la actividad económica caiga lo menos posible. No se puede dejar de considerar que, antes de la aparición de la pandemia, muchos de estos países eran los adalides del libre mercado y del estricto control del gasto público.
Las actuales medidas no solo deberían valer para momentos de crisis, deberían ser un modelo para nuestra vida cotidiana: un Estado que regula, que fija prioridades, que evita abusos, debería ser una constante.
Es el caso de los precios máximos o regulados: aún antes de la pandemia, los precios de los alimentos estaban aumentando a un ritmo mayor que el resto de los productos. La razón: aprovechar el mayor poder de compra que este gobierno otorgó a los sectores más desprotegidos, que volcaron gran parte de sus mayores ingresos a la compra de alimentos.
Con la pandemia, el caso del alcohol en gel es paradigmático, y la respuesta del gobierno fue ejemplificadora: se congeló por 90 días el precio del alcohol en gel con retrocesión a los valores del 15 de febrero. También se intimó a las empresas del rubro a incrementar la producción hasta el máximo de su capacidad instalada.
Dicha resolución indica ejes esenciales para dictar la medida: el Artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”.
También sostiene que la Ley de Abastecimiento, Nº 20.680 (mejorada por la Ley de Nueva Regulación de las relaciones de producción y consumo de 2014), faculta al gobierno a establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios.
Una legislación que existía en estos últimos cuatro años, cuando la inflación rondó el 55%, pero no sólo no se aplicó, sino que se legisló para reducir su capacidad regulatoria. Así nos fue.
Entonces, ¿por qué no asumir que el país necesita un esquema de monitoreo permanente de las cadenas de valor para terminar con las distorsiones (abusos, pasos innecesarios, ineficiencias), que van en contra del consumidor final? Los instrumentos legales existen, e incluso pueden mejorarse.
El Estado se enfrenta, hoy más que nunca, a una lista de necesidades innumerable. Pero para atender esas necesidades priorizadas hay que tener recursos, o reorganizar los gastos. Todo lo que se gastó en intereses en el año pasado, e incluso se siguió gastando en estos primeros meses de gobierno, son cantidades significativas que podrían utilizarse para otros fines, tanto sanitarios como para financiar un programa aún más profundo como el que acaba de anunciar el gobierno que encabeza Alberto Fernández. Por eso la renegociación de la deuda pública adquiere más relevancia que nunca. Porque no se puede seguir gastando en intereses, en la mayoría de los casos, de tenencias de inversores que han obtenido grandes ganancias en la época macrista de valorización financiera. Y de allí que el gobierno sigue decidido, y me parece muy bien, en resolver el canje en una situación financiera internacional más que difícil.
El ministro Martín Guzmán expuso las cuestiones fundamentales de la renegociación de la deuda pública, demostrando con gran cantidad de datos que “la trayectoria de la deuda no es sostenible bajo supuestos realistas de resultado fiscal primario y crecimiento económico” y que es “excesivamente onerosa considerando la urgencia de atender necesidades sociales críticas”.
La modalidad de la negociación es la interacción con tenedores de bonos sobre la base de: “transparencia; esfuerzos de buena fe en un proceso colaborativo dirigido a restaurar la sostenibilidad de la deuda; y tratamiento justo entre acreedores elegibles”.
Dada la insostenibilidad de la deuda, la negociación debe revertir esta situación, junto con la urgencia de atender necesidades sociales críticas. Con estas premisas se establecerá la oferta a realizar a los acreedores.
En similar sentido abona una nota técnica de los funcionarios del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda pública argentina. En el mismo se establece que, dado que es insostenible, se requiere un alivio de la deuda importante, el cual está determinado por, además de la estructura de la deuda, “la capacidad limitada de Argentina para generar divisas y sus bajos niveles actuales de reservas”.
Tal alivio, según los técnicos, se puede dar a partir de “muchas combinaciones de parámetros de reestructuración de la deuda, entre ellas reducciones del valor nominal, extensiones de vencimiento, períodos de gracia y recortes de las tasas de interés”. Es bajo este concepto que consideran que “el alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera necesario oscila entre U$S 55 y 85 mil millones durante la próxima década”.
En una declaración sobre este tema, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, expresó que “la preocupación por los más vulnerables y el manejo de las dificultades económicas han estado en el tope de las prioridades del presidente Alberto Fernández desde que asumió”, para luego agregar que esto se hizo más complejo con la pandemia y sus impactos sobre la salud y la economía. En particular, Georgieva resaltó que el análisis muestra que, considerando “la carga de la deuda existente, se necesita un considerable alivio por parte de los acreedores privados de la Argentina”.
En definitiva, no queda otra negociación que la que permita alcanzar un sendero de sostenibilidad financiera.
