Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Hace unos días, la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Iglesia Católica publicó un documento en el que abordó la situación social y su relación con la deuda externa. En el mismo, la Pastoral que preside el obispo J. Lugones advierte sobre la frágil situación en la que se encuentra el país, como consecuencia del endeudamiento contraído durante el gobierno de Cambiemos por iniciativa directa de Mauricio Macri, y enfatiza que no se debe anteponer la deuda externa a la deuda social, ya que ésta última es la prioridad. Allí presenta taxativamente los problemas estructurales que la misma genera, como producto de un orden económico que privilegió la especulación financiera sobre la producción y el trabajo digno, al mismo tiempo que convoca a buscar alternativas en base a un modelo sustentado en la producción, la economía social y el cuidado del medioambiente.
La semana pasada se conoció un nuevo y preocupante índice inflacionario correspondiente a enero 2022, a la vez que se impuso en la agenda otro tema de gran importancia social: la ley de alquileres, que en palabras de la vocera presidencial Gabriela Cerruti, “no funcionó y hay que mejorarla”. Si bien la recuperación económica generó logros valiosos en algunos indicadores productivos, de creación de trabajo y mejoras salariales, inclusive anteriores a la pandemia sanitaria, lo cierto es que hace falta recomponer el tejido social, económico y cultural destruido durante la crisis de la gestión de JxC y en la pandemia. Sin embargo, con la puja distributiva como elemento esencial, los grupos oligopólicos que concentran la producción y la comercialización de ramas enteras de actividad, continúan incrementando los precios en pos de mantener, e inclusive potenciar, su tasa de ganancia. Los otros factores, que efectivamente actúan sobre los precios, como la inflación internacional, las incomprobables expectativas y la virtual dolarización que inficiona la economía y la subjetividad de la sociedad, no justifican la acción abusiva de manipulación y remarcación de precios que dañan la vida ciudadana. El rubro alimentos es el más sensible, especialmente para millones de familias humildes en situación de pobreza que incluye a niños y niñas.
A esta altura de los acontecimientos debiéramos convenir que los argumentos esgrimidos por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) presidida por el eterno lobista Funes de Rioja resultan anacrónicos e increíbles por su monotonía, ya que se usan como comodines frente a todas las situaciones y gobiernos. Si algún rasgo debemos reconocerle es su pertinacia: se opusieron al etiquetado frontal, a la ley de góndolas, son remarcadores seriales y su referente llegó a opinar que “para tener previsibilidad empresaria hay que descontratar trabajadores”.
En relación al debate público de la deuda con el FMI, el gobierno porteño no trepida en sostener su oprobioso silencio teniendo en cuenta que HR Larreta formó y forma parte de la fuerza política responsable del endeudamiento, escondiéndose del drama social generado que, justamente el documento de la Pastoral, presenta con crudeza. Una conducta política similar practicó Juntos durante la pandemia sanitaria, cuando no hizo el mínimo esfuerzo presupuestario para atender las penurias e incertidumbres de ciudadanos, pymes, cooperativas, profesionales, etc. El “silencio oprobioso” es reemplazado por el marketing con la complicidad de los medios hegemónicos y sus experiodistas devenidos en propagandistas. En los tres ejes que planteamos (medioambiente, precios y alquileres) el macrismo porteño no ofrece alternativas concretas que contribuyan a mejorar la situación económica y social de la ciudadanía.
La Ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 138 mil viviendas vacías, situación ésta que impacta de lleno en el precio de los alquileres, comprometiendo aún más el derecho al acceso a la vivienda. El gobierno de la CABA no conceptúa esta temática como un problema social, utiliza la misma lógica que con la de venta de tierra pública y el medioambiente: la del mercado, soslayando que en esas aguas conviven tiburones con sardinas. Las tierras de la Ciudad no son concebidas para crear parques ni viviendas sociales, sino para la especulación de torres premium y barrios náuticos en el que los “desarrolladores”, es decir los empresarios capitalistas de la construcción, son los grandes ganadores. Tanto vivienda como alquileres no deben ser un tema de mercado, sino de responsabilidad social del Estado. Varios de los países capitalistas centrales plantean en sus constituciones tal responsabilidad y aplican políticas públicas para regular los alquileres y reducir la especulación. Incluso en la ciudad alemana de Berlín, el Estado llegó a expropiar 240 mil viviendas en las que poderosas empresas especulaban con los precios de los alquileres. Otros países, como España y Holanda, ya aplican un impuesto a los inmuebles vacíos. En esta compleja cuestión se debe diferenciar al pequeño propietario de los dueños de edificios o de centenares de departamentos. Resulta necesario valorar que el Secretario Feletti incluyó a la asociación de inquilinos en la mesa de negociación.
Va de suyo que somos partidarios de la aplicación en la CABA de un impuesto a las viviendas ociosas con el fin de incrementar la oferta y frenar el negocio especulativo de los “desarrolladores”, que dañan la calidad de vida en los barrios porteños.
Concluimos con otra idea de la Pastoral Social, cuyo documento paradójicamente fue muy poco difundido en los medios hegemónicos. Allí se señala que la Argentina vuelve a encontrarse con “el hecho consumado de otra deuda extraordinaria que nos condiciona y plantea grandes desafíos”: Al mismo tiempo que demanda “se profundicen acciones con el compromiso de toda la dirigencia política y social que se sustenten en la ética de la solidaridad, la educación y el diálogo social”.
Este último concepto, en el lenguaje estrictamente político, implica que resulta imprescindible la movilización y participación social.
