Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El cierre de la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera de la Provincia de Buenos Aires (PBA) está en la misma línea de la reestructuración que en 2020 se cerró a nivel nacional y en la que también avanzan otras provincias. Es preciso resolver las consecuencias del crecimiento desmesurado de una deuda que no sirvió para incrementar las capacidades productivas sino que financió la especulación y la fuga de divisas.
La fragilidad del esquema quedó en evidencia tras el cambio de humor de los mercados internacionales, a principios de 2018, cuando el crédito “se cerró” y no por obra del azar. Considerando las magnitudes, según mostró un medio local en 2017, la agencia Bloomberg señalaba a la Argentina como el país emergente que más deuda había emitido a nivel mundial entre principios de 2016 y mediados de septiembre de 2017, inclusive por delante de la economía china. La PBA ocupaba el puesto 22 del mismo listado.
En cuanto a la moneda de denominación, en la Provincia se había tomado deuda por más de 5000 millones en dólares y euros, insostenibilidad que quedó más de manifiesto con las devaluaciones del bienio 2018-2019. Según se informó, el ratio de servicios de la deuda hubiera alcanzado en 2020 al 20 por ciento de los recursos provinciales. Imposible de costear, y más en plena pandemia.
Siguiendo con las similitudes, uno de los latiguillos que también se usó para el caso de la PBA fue que se avanzaba hacia un default inexorable. Pero no fue lo que terminó ocurriendo, a tal punto que se logró una aceptación del 97,66 por ciento de los bonos bajo legislación extranjera, un alivio financiero de 4600 millones de dólares hasta 2027. Ello permitirá avanzar con inversiones necesarias y tener un perfil sostenible en el tiempo, al lograrse también una reestructuración de la carga de intereses y el estiramiento de plazos.
Reestructuración de la deuda
A nivel nacional, tras los acuerdos de reestructuración de la deuda en moneda extranjera con legislación extranjera y local alcanzados en agosto de 2020, se despejó el perfil de vencimientos para los próximos años. Se recibió una adhesión muy significativa que permitió reestructurar más de 106.000 millones de dólares. Es decir, el 99, 65 por ciento de los títulos elegibles, adhesión completada por un pequeño remanente el 28 de julio de este año, mes en el cual finalizó el período de aceptación de ofertas.
La reestructuración redujo el interés que pagan los títulos externos a una tasa promedio de 3,07 por ciento, mientras que el perfil de deuda heredado contemplaba un cupón promedio cercano al 7 por ciento. Se generó un ahorro en los desembolsos previstos para el período 2020-2024 de 42.000 millones de dólares. Cuando se considera el período 2020-2030, el ahorro asciende a cerca de 37.000 millones de dólares.
Siguiendo con los alcances de esta reestructuración, para el 2021 los servicios heredados de deuda pública nacional en moneda extranjera de acreedores privados ascendían a 12.100 millones de dólares (6300 millones de intereses y 5800 millones de capital). Tras el canje, las obligaciones con el sector privado para este año alcanzan un monto mucho menor: 150 millones de dólares en concepto de intereses. Un ahorro de divisas más que necesario para apoyar la recuperación de la producción y el empleo.
En cuanto a la deuda con el FMI, los propios equipos técnicos del organismo internacional señalaban desde un primer momento que la misma era sustentable “pero no con una alta probabilidad”, una manera de expresar los elevados riesgos de esta deuda. Basta con observar los vencimientos de capital e intereses para los dos próximos años de 19.098 millones y 19.349 millones de dólares, respectivamente. También se está conversando para alcanzar la eliminación de los sobrecargos, que implicaría un ahorro de 1000 a 1300 millones de dólares al año.
La reestructuración de las deudas forma parte de un capítulo necesario de la etapa actual. Debe ser acompañada necesariamente por políticas que permitan que la actividad crezca y que haya un horizonte de sostenibilidad económica y social.
