Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Ante una crisis tan profunda y extendida, como la provocada por la covid-19, el análisis económico está impactado por las fortísimas caídas en casi todos los rubros. La tarea que queda, no menor, es avizorar cómo evolucionará la economía hacia el futuro, especialmente en una situación que se caracteriza por su elevada incertidumbre en los aspectos sanitarios, económicos y sociales, entre otros.
También hay que analizar el punto desde donde se parte al enfrentar la pandemia. Si bien el PIB cayó un 2,1por ciento en 2019, el Consumo Privado mermó un 6,6 por ciento (con el impacto social que ello implica) y la Inversión Fija un 16,0 por ciento (dando idea de la debacle de varios sectores productivos). Se parte de una economía en grave estado.
Los datos recién conocidos hablan de una caída del PIB del 4,8 por ciento en el primer trimestre de este año comparado con el trimestre anterior (desestacionalizado). Peor aún, el consumo privado cayó 6,8 por ciento, aunque el consumo público subió un 1,6 por ciento. La caída es indiscutible, pero muchos medios de comunicación indicaron que ése fue un resultado de “antes de la pandemia”, una observación desacertada. Ya a mediados de marzo la actividad productiva comenzó a ralentizarse por la covid-19, aún antes del comienzo del aislamiento. Si tomamos la información mensual del EMAE (anticipador del PIB), la actividad cayó un 9,8 por ciento desestacionalizado en marzo respecto a febrero: una clara evidencia del impacto de la pandemia.
Los diversos enfoques se produjeron también respecto a la producción industrial en mayo, que según estadísticas privadas tuvo una caída interanual algo menor al 20 por ciento. Pero mayo fue mucho mejor que abril. Podemos recurrir a los comentarios del Estudio Ferreres (OJF): “Durante mayo, a diferencia de lo que ocurrió en abril, todos los sectores tuvieron producción”, debido a la flexibilización de la cuarentena en muchas provincias que poseen bajos índices de contagio.
Seguimos con los titulares: “El FMI pronosticó una caída del PIB argentino del 9,9 por ciento para este año”. Aquí no hay doble interpretación, más allá de la metodología que puede utilizar el FMI para calcular tal reducción en un entorno tan volátil. Pero esta fuerte reducción no sería una excepción. No lo sería en Latinoamérica: México caería un 10,5 por ciento y Brasil un 9,1. Tampoco respecto a los países desarrollados: Italia y España coincidirían con una merma del 12,8 por ciento, Francia -12,5; Reino Unido -10,2, Estados Unidos -8,0 por ciento, por citar algunos ejemplos.
El canje de deuda pública con los bonistas externos también está exhibiendo tensiones, las lógicas que se suscitan cuando se está por llegar a los momentos finales en un acuerdo.
Ahora han aparecido supuestas trabas legales, debido a que varios grupos de acreedores solicitan que se eviten las “cláusulas antibuitre” que tienen los bonos ofrecidos, y que en algún grado poseen los bonos emitidos a partir de 2016, pero no los canjes de 2005 y 2010. Esto llevó a algún analista a decir que “los derechos del Estado fueron mejor defendidos por Macri que por Kirchner”. Una apreciación engañosa. Mientras Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner emitieron títulos de deuda heredada mediante un canje con grandes descuentos para desendeudar al país, Mauricio Macri generó una deuda insostenible. Además, entre 2005 y 2016 se produjo una crisis financiera mundial de proporciones inéditas.
Tampoco hay que olvidar que la ONU votó en septiembre de 2015 los “Principios Básicos para la reestructuración de deudas soberanas”, declaración en gran parte impulsada por la política exterior de Cristina Fernández de Kirchner, junto con otra gran cantidad de países en desarrollo (Grupo de los 77). Consecuentemente, el sistema financiero en 2016 no era el mismo que en 2005.
El gobierno ha flexibilizado su posición, es lo que sucede en toda negociación de buena voluntad, pero los acreedores han cedido en forma insuficiente. Sin embargo, hay un dato esencial: según la última oferta del gobierno, sólo se pagarían entre lo que resta de 2020 y 2024, unos 3800 millones de dólares por la deuda reestructurada, cuando, según el perfil actual de la deuda, habría que pagar unos 31.100 millones: una diferencia que explica, en gran parte, la sostenibilidad de la propuesta del gobierno argentino. Sostenibilidad, una condición innegociable.
