Tiempo Argentino | Escenario económico
De la estrategia de la Argentina y las críticas a Griesa. Las coincidencias de Macri con el Foro de Convergencia.
Por Carlos Heller
La audiencia convocada por Thomas Griesa para el 22 de julio sigue dando que hablar. El juez No resolvió nada sobre las presentaciones de entidades financieras y bonistas europeos, y si bien reconoció que "Argentina había pagado" (Mecon 22.07.14), decidió no reponer el stay, como lo volvió a solicitar nuestro país.
Al conocerse la transcripción taquigráfica, quedó en evidencia que "Griesa no terminó de entender las transacciones de bonos sobre las que decidió durante años" como lo expresó Floyd Norris en el New York Times el 24.07.14. Este periodista especializado en finanzas comentó además que Griesa hizo referencia "a la posibilidad de un nuevo default de los bonos soberanos de la Argentina". Norris reflexionó que "también pudo haber hecho referencia al proceso que desató con resoluciones que tenían un objetivo, forzar a la Argentina a cumplir con lo que una y otra vez denominó sus 'obligaciones', pero que no tuvieron en cuenta lo complejo de la situación".
El Ministerio de Economía comunicó que se explicaron al mediador Daniel Pollack las razones por las cuales resulta necesario proveer algún instrumento financiero que brinde seguridad a la República respecto de los riesgos asociados a la cláusula RUFO, y que "si los litigantes no proveen dichas garantías a la República, un stay sigue siendo la mejor opción para permitir que se avance hacia una solución en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas". Una nueva jugada inteligente del gobierno, que pone la pelota en la cancha de los litigantes.
La existencia de las cláusulas RUFO impiden hacer cualquier oferta voluntaria mejor a las realizadas en los canjes 2005 y 2010, pero además hay que considerar que no es posible pagar cualquier suma. Cristina Fernández lo dijo por Twitter: "Esta presidenta no va a firmar nada que comprometa el futuro de las generaciones de Argentina como hicieron otros, que firmaron cualquier cosa."
Por eso el gobierno definió que la solución debe ser "sustentable", porque pagar este fallo, aunque se resolviera la limitación de las RUFO, indica tener que hacer frente a demandas de los holdouts por cerca de U$S 15 mil millones.
Esto no es hipotético, ya hay ocho acciones de clase (demandas) en los tribunales de Nueva York para cobrar unos U$S 700 millones, de holdouts que exigen estar al mismo nivel de NML y de los otros litigantes.
El fallo de Griesa tiene sus apoyos, porque, de aplicarse tal como está diseñado, llevaría a Argentina no sólo al default, sino también al sobreendeudamiento de otras épocas, con la pérdida de soberanía que eso implica. Deseo recordar las asiduas recomendaciones, durante el menemismo y los inicios de este siglo, algunas de organismos multilaterales, para pagar la altísima deuda externa con recursos naturales, y resolver de esa forma el problema financiero que generaba el endeudamiento. Los activos del subsuelo de nuestro país siguen siendo una presa codiciada por los centros de poder mundial.
Siguiendo la misma línea de razonamiento, el FMI volvió a ofrecer sus servicios. El economista jefe del organismo, Olivier Blanchard, expresó: "No puedo hablar por ellos (nuestro país) pero es evidente que si entran en cesantía de pagos, se les complicará mucho la vida. No tendrán acceso a mercados, perderán préstamos del extranjero y la situación macro será mucho más difícil. Lo que hagan es su decisión pero nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a los países miembros, pero son ellos quienes deben solicitarlo" (El Cronista 25.07.14). El economista jefe debería explicar cómo un país que paga puntualmente como Argentina puede entrar en cesación de pagos, aunque tal desliz académico le sirve para profetizar un futuro negro, y ofrecer la "ayuda" del FMI, que es más endeudamiento, altamente condicionado, cuyos costos son pagados por la mayoría de la población con pérdida de empleo, bajísimos salarios y altísimos niveles de pobreza e indigencia.
Creo que esa falta de atención a las complejidades del caso que se le adjudica a Griesa, puede aplicarse a varios analistas y políticos argentinos, que proponen fórmulas mágicas para llegar a un acuerdo, depositar sumas de dinero o directamente pagar la totalidad del fallo.
En este entorno puede entenderse la reproducción que hace la American Task Force Argentina en su página web de un cable de noticias de la agencia Reuters que establece que "los principales candidatos para las elecciones de 2015 –el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri y el legislador Sergio Massa– están a favor de un acuerdo negociado con los fondos como una forma de desbloquear la muy necesaria inversión en energía y la financiación de bonos globales". Si bien Scioli salió a desmarcarse rápidamente del tema, las posturas de los candidatos y sus asesores resultan esenciales cuando se analiza el mediano plazo y el recambio presidencial.
LAS PRESIONES CORPORATIVAS. La exposición agropecuaria de La Rural mostró varios hechos interesantes, como el almuerzo que mantuvieron los empresarios del establishment, nucleados en el Foro de Convergencia Empresarial (del que la SRA forma parte), y la visita de políticos alineados con estos intereses, entre ellos Mauricio Macri, quien sostuvo que "el campo requiere para su desarrollo reglas del juego claras". La frase contiene notables semejanzas con la matriz de las corporaciones, que pasa por garantizar "el respeto a la propiedad privada y la búsqueda del beneficio (...), parte fundamental del engranaje que permite el funcionamiento pleno de este motor del desarrollo", según figura en el último documento del Foro. En otros términos, se trata de reducir la presencia del Estado al mínimo imprescindible, para garantizar el ciclo de negocios y la consecución de la ganancia máxima.
Las críticas también abarcaron algunas medidas concretas que ha venido adoptando el gobierno nacional en materia agropecuaria. Entre ellas aparece una resolución conjunta de la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Agricultura del 15 de julio, que obliga a registrar todas las operaciones de granos, desde el productor al acopiador, y de este al exportador, en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria. Con ello se busca conocer los movimientos de la mercadería en el mismo momento en que se cierra el contrato y el recorrido exacto de los granos. Información esencial para el Estado, ya que tiende a evitar la evasión a través de producción no declarada y le permitirá identificar, en tiempo real, conductas como la retención de granos realizada a principios de año, que incrementó la presión sobre las reservas y el mercado cambiario, a la espera de una suba del tipo de cambio. También se podrá disponer de los valores de referencia del mercado, una información sumamente útil para todos los productores, principalmente para los más pequeños.
Por su parte, la AFIP aprobó una Resolución para implementar un Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA), que permitirá identificar el movimiento del ganado existente (nacimientos, muertes, transformación industrial, comercialización, etc.), algo que, naturalmente, también fue muy resistido en el seno de la SRA.
Por fuera del entorno campestre, en la semana se reglamentó la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, que declara "de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales" (art. 1), con el objetivo de "promover la accesibilidad (...) y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública" (art. 2). Entre otras cuestiones, en la reglamentación se establece que en las compras que realice el Estado se le dará preferencia a los laboratorios de producción públicos, de hasta un 5% por sobre el precio del mejor oferente.
Este conjunto de medidas no hace más que revalorizar el camino que venimos transitando, que por cierto no está exento de desafíos y problemáticas, pero con un Estado que mantiene la brújula apuntando hacia los intereses de las mayorías y no de un pequeño pero poderoso grupo de interesadas corporaciones.
