Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, presentó el último miércoles los lineamientos macroeconómicos fundamentales y las proyecciones 2016-2019. La conferencia de prensa resultó abrumadora por donde se la mire. No sólo por los términos utilizados para referirse a temas sensibles como el empleo público, entre otros. También por la cantidad de números que brindó, los cuales analizados en detalle anuncian un fuerte e indisimulable ajuste.
Con una elevada dosis de realismo mágico, Prat-Gay señaló: "A partir de las medidas que tomamos se van a liberar las potencialidades de la economía". Es la lógica que utiliza el Fondo Monetario Internacional (FMI), basada en las metas de inflación, en la reducción del déficit fiscal, en la apertura de la cuenta capital (endeudamiento) y en la flotación cambiaria (devaluación). Si todo va según lo planeado, y si las autoridades consiguen ser creíbles ante los mercados, la inversión externa fluiría masivamente y con ella se incrementaría el ritmo de actividad y el empleo. La experiencia local e internacional ha refutado ampliamente esta perspectiva. Los capitales que entran son generalmente los "golondrina" y luego el ajuste se vuelve permanente.
Las nuevas autoridades esperan que este año el PBI crezca entre el 0,5 y el 1%, en tanto que en los siguientes tres se alcanzaría un promedio del 4,5% anual, muy por encima de los pronósticos del anterior gobierno (del 3,2% en 2017 y 2018, según figura en el actual Presupuesto). No deben extrañar estos datos, algo típico de los organismos financieros, siempre "realistas" en el corto plazo y "optimistas" en el largo.
En el plano fiscal, por medio de distintos artilugios contables se ensaya un déficit de partida del 7,1% del PBI. Pero según los criterios metodológicos aceptados internacionalmente (incluso por el propio FMI), el déficit es del 2,3%, un valor que por cierto no resulta crítico. Es interesante notar que la suma de los ajustes planteados para este año coincide exactamente con ese valor: 1,5% por tarifas y 0,8% por reordenamiento de partidas. Según palabras del ministro, este 0,8% se asocia a "licitaciones de obras públicas no regulares, pagos de obras que luego no se hacían y 'los ñoquis', como ya habrán visto".
El gobierno ha recurrido a la estrategia de sobrestimar también el déficit y con ello trata de justificar un recorte significativo y que continuará hasta 2019 (-0,3%). Si fuéramos consistentes con la metodología usualmente aceptada, y no con el 7,1% de déficit que utiliza como base el gobierno, en realidad estaríamos hablando de un superávit fiscal significativo para dicho año. La mejor música que puede llegar a oídos de los operadores de los grandes mercados globales.
Respecto de la cuestión inflacionaria, se presentaron metas decrecientes hasta 2019, apuntando a llegar a un valor del 5% al final del mandato. Más allá de todo, sorprende que ningún analista del establishment haya reparado en que tan sólo una semana atrás, el Banco Central había presentado los ejes vertebrales de su política, absteniéndose de mostrar proyecciones. Esto no es algo que suela observarse en aquellos países que utilizan metas de inflación, ya que en estos casos la divulgación de las metas suele corresponderle a la autoridad monetaria. Desde el punto de vista institucional, queda claro que el gobierno está explotando al máximo el espíritu de complementariedad presente en la Carta Orgánica del Banco Central, vigente desde 2012, tan vapuleado y criticado por las actuales autoridades.
Prat-Gay también adelantó que la emisión monetaria este año será del 25%, comparándola con el stock de billetes de la economía, por debajo del 40% del año anterior. Esto resulta compatible con una inflación proyectada en el rango del 20-25% para fin de 2016. Es una clara desaceleración monetaria, internamente consistente con la reducción pretendida del déficit fiscal, elementos indispensables de toda lógica monetarista.
Respecto de las paritarias y el empleo, en la conferencia, Prat-Gay les dijo a los sindicatos: "Si ustedes nos creen, la referencia va a ser de un 20 a un 25% de inflación (…) y el que fija salarios por encima de esa pauta va a quedar descolocado. O va a vender menos, o va a tener que ajustar por el lado del empleo", en referencia a las decisiones de los empresarios. ¿Cómo creerle, si fue él mismo quien sostuvo en noviembre que los precios no aumentarían porque el "dólar a 9,50" no existía? Un yerro intencionado, que trató de minimizar al decir que "el costo de la salida del cepo (devaluación) fue apenas una pequeña joroba de dos meses". Queda claro que para este gobierno los trabajadores constituyen "una piedra en el zapato" para cumplir con el objetivo de disminuir la inflación. La puja distributiva en su máxima expresión es la causa fundamental de la inflación, aunque el gobierno argumente que la causa proviene de la esfera monetaria y fiscal.
Habilidades negociadoras
Otro de los temas excluyentes de la semana fue el viaje de funcionarios del gobierno para entrevistarse con el mediador y los representantes de los fondos buitre. Urgido por llegar a un acuerdo para reencauzar los vínculos con los mercados financieros, el gobierno ha mostrado una postura poco recomendable en cualquier negociación importante. En unas semanas se reunirá nuevamente para llevarles una propuesta.
Todo indica que los perjuicios financieros serán altos y el gobierno ya está preparando el terreno para ello, al decir que "el costo que ha tenido para el país no acordar ha sido elevadísimo". Para legitimar esta postura, algunos medios comenzaron a argumentar que cuanto más se demore el arreglo, mayores serán los costos fiscales ante la imposibilidad de acceder fluidamente a los mercados de capital (El Cronista, 13 de enero).
No obstante, el propio Banco Mundial acaba de señalar los riesgos que implica el endeudamiento especulativo para los países emergentes y el castigo que imprimen las "prestigiosas" calificadoras internacionales. Por su parte, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, también mostró preocupación por los riesgos financieros al afirmar que "muchos países han incurrido en deudas que incluyen una parte significativa en dólares" y que el aumento de las tasas de interés estadounidenses podría "dar lugar a incumplimientos por parte de empresas y extenderse peligrosamente a los bancos y estados".
Preocupado por el futuro del país, y de un modo decididamente contrario a lo que se intenta instalar en la sociedad, el anterior gobierno mostró una clara vocación por negociar con quienes quedaron al margen de las reestructuraciones logradas en 2005 y 2010, de manera legal, equitativa, justa y sustentable, en respeto de lo acordado con el 92,4% restante. La postura fue apoyada por incontables personalidades internacionales y organismos (incluyendo la aprobación del nuevo marco de reestructuración de deudas en la ONU).
El mandato también fue debatido y avalado por el Parlamento, motivo por el cual resulta no sólo antidemocrático sino también inviable acelerar el proceso mediante el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia (en referencia a la vigencia de la ley cerrojo). No obstante, no hay que perder de vista que éste es un gobierno integrado por gerentes de corporaciones nacionales e internacionales, acostumbrados a regirse por los principios de verticalidad y no por los del funcionamiento democrático. Ante esta amenaza, el espacio parlamentario constituirá un contrapeso indispensable para que se mantenga el respeto de la voluntad popular. «
Nota publicada en Tiempo Argentino, Domingo 17 de Enero de 2016
