Artículo publicado por: Carlos Heller - Revista Debate
En las distintas comisiones del Parlamento se han generado varios proyectos de carácter económico que impactan negativamente sobre el erario público, dado que la mayoría de ellos vulnera la más elemental de las técnicas legislativas, que aconseja acompañar todo proyecto de mayor gasto o reducción de ingresos, con la previsión de nuevos recursos fiscales que lo compensen. Esta debilidad de los proyectos no se trata de un olvido, puesto que en su tratamiento en comisiones se ha mencionado en forma reiterada esta falencia, la que ha sido desestimada obstinadamente por los autores de los proyectos y quienes los apoyan.
La estrategia mencionada puede analizarse desde varios puntos de vista. Por un lado, estos proyectos parten de la machacada idea del neoliberalismo que se centra en la necesidad de reducir el gasto público; si bien algunos proyectos tienden a aumentar ese gasto -como el de modificación a las jubilaciones-, al no proponer fuente de financiamiento, de aprobarse, terminará obligando a reducir otros gastos del Gobierno, en muchos casos, esenciales para el funcionamiento del Estado. Estoy convencido de que debe gastarse más y mejor, generando los recursos apropiados, una premisa que no persiguen los proyectos que se analizan.
Desde otro punto de vista, esta metodología no es más que una forma de poner palos en la rueda al modelo actual, al llevar a la administración fiscal a una tensión máxima por la desfinanciación que generan. Hacen demagogia con el aumento a jubilados, ilusionándolos con incrementos que no serán sostenibles en el tiempo, mientras que sus proyectos, realizados a partir de una estrategia política ideada especialmente para complicar al Gobierno, tendrán un efecto negativo sobre toda la sociedad. Si bien la actividad legislativa es eminentemente política, quienes presentan estos proyectos dejan de lado su compromiso parlamentario, cuyo objetivo siempre debe tender a mejorar las condiciones de la sociedad. Sólo los inspira un mero cálculo político que evalúa cuánto van a esmerilar al Gobierno sus proyectos.
Otro enfoque tiene que ver con la génesis de estas medidas, orientadas a responder a exclusivos intereses sectoriales o corporativos.
Desde un análisis económico, aparece claro el efecto negativo de estos proyectos. Para evaluar el potencial impacto económico de varios de los proyectos -de ser aprobados-, tendré en cuenta un detallado informe del estudio Bein, con algunas modificaciones a partir de las últimas resoluciones que se han tomado en las comisiones. El proyecto que incrementa las jubilaciones, ajustando las prestaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, posee un impacto estimado de 25 mil millones de pesos, y, de aplicarse además la actualización de las prestaciones según la metodología del conocido caso Badaro, se incrementarían los costos anuales en 14.500 millones de pesos adicionales.
Entre los que achican los recursos del erario nacional, se encuentran el proyecto de elevación del mínimo no imponible y otras deducciones sobre impuesto a las Ganancias, que con el último dictamen de mayoría de la oposición generaría una pérdida cercana a los 4.100 millones de pesos; otro proyecto importante, como la eliminación de retenciones para la mayoría de los cultivos y la rebaja para otros, en una estimación muy preliminar arrojaría una reducción de recursos de 12.300 millones de pesos. La devolución a las provincias del quince por ciento de la coparticipación federal que actualmente se destina a la Anses, generaría un bache de 9.200 millones de pesos, mientras que la coparticipación del impuesto al Cheque, un tributo altamente distorsivo que recae con mayor peso sobre las pymes, y que muchos diputados firmantes del proyecto de coparticipación sugirieron eliminar en anteriores ocasiones, restaría a la Nación unos ocho mil millones de pesos. El Estado Nacional vería reducidos sus ingresos en unos 73 mil millones de pesos, una cifra altamente significativa.
Las citadas son estimaciones amplias, puesto que en varios casos hay más de un dictamen de comisión para cada proyecto, pero dan una idea del conjunto de proyectos y su impacto, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos es apoyada por los mismos legisladores.
Con respecto a los proyectos de incrementos jubilatorios, creo que es una gran aspiración, y que en la actualidad se puede alcanzar la actualización de la prestación mínima al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, pero, para eso, se requiere planificar los recursos que se incrementarán para compensar el mayor gasto.
Debe tenerse en cuenta que gran parte de los recursos de la Anses proviene de ingresos tributarios, lo que la muestra muy dependiente de los recursos generales. Sostenemos que una fuente importante para aumentar las prestaciones jubilatorias es incrementar las contribuciones patronales a los niveles que tenían antes de la reducción producida en los noventa, pero que debe alcanzar sólo a grandes empresas, exceptuando a las pymes. De todas formas, estos fondos no resultan suficientes y deberán preverse otras fuentes de recursos. En realidad, aparece cada vez más necesaria una profunda reforma impositiva, con un sistema progresivo que sostenga los gastos necesarios que se requieren para llegar a un crecimiento con una justa distribución del ingreso.
En una nota anterior, me explayé ampliamente sobre el tema jubilaciones, pero conviene destacar que la cuestión debe ser debatida en profundidad e informarse debidamente, para que los jubilados tengan una idea adecuada de lo difícil que resulta para cualquier gobierno cumplir con sus legítimas aspiraciones de aumento en las prestaciones. Y que eso sólo puede ser posible con un Estado que intervenga activamente para procurar los recursos necesarios. Si hoy se puede plantear este tema, es porque se desarmó el insolidario esquema de jubilaciones privadas, una transformación ferozmente criticada por muchos de los parlamentarios que hoy proponen aumentar las jubilaciones.
En el caso de las retenciones o derechos de exportación, el dictamen de mayoría evidencia una clara postura de libremercado. Coloca retenciones cero a la casi totalidad de los productos agrícolas y sus derivados y a las maquinarias agrícolas, mantiene retenciones del treinta por ciento para la soja (actualmente en 35), las que irán disminuyendo hasta llegar, en 2015, a un diez por ciento.
Para el maíz, la retención se fija en el diez por ciento (hoy es del veinte) y también en el diez por ciento para la carne vacuna (hoy es del quince por ciento); en ambos casos, se llegaría a cero por ciento de retención en tres años (a partir de 2013). Se aplica una compensación a los productores sojeros pymes que comercialicen hasta trescientas toneladas, la que irá descendiendo con el tiempo.
En este esquema cabe notar varias cuestiones. En principio, se mantienen transitoriamente las retenciones al maíz porque si se llevaran a cero, aumentarían los costos de alimentación del ganado y otros animales, e impactaría en la rentabilidad de los productores. Sin embargo, distinto es el tratamiento para el trigo, para el cual se eliminan las retenciones; sucede que este cereal no tiene ninguna repercusión en la cadena ganadera y avícola, sin embargo, posee un impacto directo en los alimentos de consumo masivo, cuyos precios aumentarían significativamente por la eliminación de las retenciones al trigo. Con estas medidas, queda claro que el dictamen de mayoría, adopta las posturas de la Sociedad Rural Argentina y de Confederaciones Rurales Argentinas.
Desde el punto de vista económico, los dictámenes tienen graves falencias, puesto que todos los productos que se exportan y que no tienen alícuotas especiales pagan un cinco por ciento de derecho de exportación. Este segmento comprende el 95 por ciento de los bienes vendidos al exterior, sin embargo, estas retenciones que principalmente afectan a los bienes industriales, no se modifican. De allí que, de aplicarse cualquiera de los dictámenes sobre retenciones, se llegaría a la irrazonable situación de que la mayoría de los bienes agrícolas no tendrían retenciones, mientras que los bienes industriales tendrían que pagar un cinco por ciento de retenciones. Semejante situación refuerza, sin duda, el modelo de primarización de la economía.
Como puede observarse, se trata de proyectos que, además de desfinanciar al Estado, intentan cambiar el modelo económico, que ha mostrado sus fortalezas para sacar a la Argentina de la crisis de 2002 y protegerla de la crisis internacional desatada en 2008. Por ese motivo, no es sólo una cuestión de ingresos y egresos: estos proyectos revelan un núcleo mucho más profundo, que es el intento de volver a las prácticas de los noventa.
