Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
Las dos pandemias –la que ha generado la gestión de Mauricio Macri y la producida por el virus– han provocado una caída pronunciada de los niveles de actividad económica, cierre de empresas y pérdidas de fuentes de trabajo. En ese escenario, el Gobierno decidió implementar medidas orientadas a disminuir el impacto de esas crisis superpuestas y preservar las fuentes de trabajo.
Entre otras iniciativas, sobresalen el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ellas atenuaron el impacto de estas crisis pero, por supuesto, no alcanzan para transitar hacia un contexto pleno de recuperación.
Por eso, en paralelo, el Gobierno avanza con una serie de iniciativas para construir un escenario pospandemia a través de un Estado activo, que impulsa un proyecto económico de crecimiento con mejoras en la distribución del ingreso. ¿De dónde pueden salir los recursos para encarar ese proceso de recuperación pospandemia?
Por un lado, según la última oferta argentina y tomando la suma de la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera más la deuda en dólares emitida bajo legislación local, el país lograría una reducción de pagos por 50 mil millones de dólares entre 2020 y 2028, lo que podría ser destinado a esas medidas de recuperación económica.
Por otro, la moratoria recientemente anunciada y enviada para su tratamiento en el Congreso de la Nación debería ir también generando nuevos recursos. Ante la existencia de un incremento del 50% de la deuda tributaria del total del universo de contribuyentes, incluida buena parte de los que ingresaron a la moratoria contenida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se hace necesario este nuevo proceso de regularización de obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduanera.
La moratoria, que el Ejecutivo envió al Parlamento, es muy ventajosa para las pymes e incorpora a las grandes empresas, ampliando la base y, por lo tanto, generando la expectativa de una recaudación mayor.
A ello habría que sumarle los recursos provenientes de la recuperación de los ingresos originados en el crecimiento de la economía.
Finalmente, otra fuente de ingresos puede originarse en eventuales cambios en materia fiscal que podrían considerarse cuando se trate el Presupuesto 2021.
La Argentina necesita mejorar sus ingresos impositivos porque tiene enormes asignaturas pendientes, y si no lo logra van a reaparecer los que hablan de gasto excesivo y de la necesidad de cambios estructurales para reducir ese gasto.
La caída del PBI es muy profunda: el objetivo central tiene que ser que la actividad económica crezca. En esa dirección se encuadran los lineamientos del Presupuesto 2021 enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Allí se habla también de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo.
En la actualidad, el principal ingreso impositivo de la Argentina es el IVA y “el principal gasto” se concentra en el sistema previsional. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un trabajo en el que comparó la suma de lo recaudado por el impuesto a las ganancias de las empresas y las personas y el impuesto a los patrimonios de las empresas y de las personas, con los montos de la recaudación por IVA que, como sabemos, es un impuesto horizontal al consumo que pagamos todos y todas. Resultado: se recauda más por IVA que por los otros tributos sumados.
Es lo que venimos diciendo y debería ser una discusión central en la Argentina: los tributos tienen que cambiar su sentido horizontal por una mayor progresividad vertical. El horizonte pospandemia es un gran desafío y también una enorme oportunidad.
