Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Se viene dando una situación que vale la pena comentar: cuanto más se debaten los temas importantes, y mayor profundidad adquieren los ámbitos naturales de la democracia, más se escuchan los argumentos que hacen eje en que “acá no se respetan las instituciones”. Suena a contrasentido, aunque no es otra cosa que una expresión de conservadurismo de sectores que consideran que las reglas sólo se respetan si sirven para mantener cierto orden de las cosas.
Con relación a la discusión acerca de los fondos por el traspaso de los servicios de Seguridad no federales que venían siendo efectuados por la Policía Federal en la CABA como así también los servicios de bomberos y servicios de apoyo, en estos días se pudo leer a Mauricio Macri afirmando que: “dominada por el oficialismo, la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo”. ¿Olvida sus responsabilidades en el intento de designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, en 2015, o el préstamo del FMI, en 2018, que además de no pasar por el Congreso, sólo sirvió para perjudicar la situación de las argentinas y los argentinos?
También dijo: “Sepamos todos que le han quitado parte del presupuesto a la Ciudad por motivaciones políticas partidarias”. ¿Estará reconociendo implícitamente su propio accionar, mediante el cual en 2016 le transfirió a la Ciudad por decreto, obviando la necesaria participación del Congreso, muchos más recursos de los que eran necesarios para tal fin? ¿Y qué decir de los inmuebles traspasados de Nación a CABA por unos U$S 900 millones entre 2016 y 2019? Una arbitrariedad absoluta.
Ahora no se está discutiendo coparticipación, sino que se está legislando para retornar al anterior 1,4% y establecer los mecanismos para que la Ciudad reciba los fondos que garanticen poder cumplir las funciones transferidas. El proyecto de ley no plantea que la Ciudad devuelva todo lo que se recibió de más en los anteriores años (cerca de 86 mil millones de pesos nominales). Teniendo en cuenta estas cuestiones, la “victimización” del jefe de Gobierno porteño cae por su propio peso, y queda claro que se trata de una estrategia para justificar recortes del gasto en el Presupuesto 2021, que afectan en mayor medida a los sectores más vulnerables, y una suba de impuestos a la clase media.
En cuanto al tratamiento que se le dio al tema en el Congreso, en la semana Diputados reformuló y giró al Senado el proyecto aprobado por éste. Los cambios establecen que deberá haber un acuerdo de partes entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los recursos, en un plazo de 60 días desde la aprobación de la ley. Mientras tanto, la Ciudad va a recibir $ 24.500 millones anuales en 12 cuotas que se liquidan en forma mensual y de manera automática. En cuanto al acuerdo bilateral, se dará intervención a la Comisión Federal de Impuestos que es la que hará la evaluación correspondiente.
No se puede validar una arbitrariedad como la que llevó a cabo el gobierno de Macri apenas asumió, con la que favoreció al distrito del cual fue Jefe de Gobierno hasta un par de meses antes. Son temas de los que ya hablé en la anterior columna. Como diputado electo por la Ciudad no puedo avalar decisiones incorrectas heredadas del gobierno anterior. Tengo que defender los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de la CABA y de hecho lo hago al reclamar que no se privilegien los gastos de publicidad y de seguridad en detrimento de la inversión en salud y educación, tal como ocurrió en todos estos años y también figura en el Presupuesto 2021 de la jurisdicción. Pero a su vez también debo velar por los intereses de la Nación, porque soy diputado de la Nación y el interés general llama a que se cumpla con la Constitución, que establece que cuando se transfiere un servicio hay que transferirlo con los recursos correspondientes según establece su artículo 75, inciso 2 párrafo 5, que deben ser los que insuma dicho servicio.
Jubilaciones
Una buena muestra del debate que se da alrededor de los temas principales tuvo que ver con los cambios propuestos por miembros del Senado al proyecto original del Ejecutivo, en acuerdo con este último, para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. Tras el análisis del bloque oficialista, se plantearon una serie de modificaciones que pasaron a formar parte del texto. Una de ellas es que el 5% de aumento de diciembre no se tomará a cuenta de los futuros aumentos. La otra es que los ajustes serán trimestrales, no semestrales, una diferencia importante. Y en cuanto al componente salarial que sirve para el 50% del ajuste, se utilizará el más alto entre la variación de los salarios de las personas registradas (RIPTE) y de la encuesta del INDEC, tal como ocurría en la fórmula de la etapa anterior. Son cambios fruto del debate que mejorarán los ingresos futuros para los jubilados y jubiladas, otras prestaciones previsionales y sociales. El presidente Alberto Fernández, coincidiendo con los cambios propuestos, expresó: “aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor, para mí sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados”.
Con el cambio planteado en la fórmula jubilatoria se quiere reemplazar la establecida durante el gobierno de Macri, que en 2018 y 2019 llevó a una pérdida del poder adquisitivo de los haberes del 20%. En cambio, la vigente entre 2009 y 2017 permitió que las jubilaciones aumentaran un 26%, según la ANSES. Es a eso a lo que se quiere volver.
Estas mejoras se suman a otras medidas que se han venido tomando. Entre ellas, la ANSES anunció esta semana que retomará el cobro de las cuotas de los créditos a los jubilados y las jubiladas, que había quedado suspendido cuando se declararon las nueve emergencias, pero un dato importante: la tasa pasará del 37% original al 29%, decisión que se traduce en una merma relevante de la cuota.
Aporte Solidario
El Senado de la Nación convirtió en ley el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Es un aporte por única vez, que alcanzará sólo a las personas humanas por la totalidad de sus activos (según su valuación fiscal, que en muchos casos suele ser menor que los precios de mercado), que sea superior a los $ 200 millones.
Según cálculos de AFIP, alcanzaría a cerca de 12.000 personas. El aporte se destinará a financiar la provisión de vacunas y medicamentos; a la mejora de la salud y condiciones edilicias de los habitantes de barrios populares; a subsidios a las MiPyMEs; al programa de becas estudiantiles Progresar; y a programas de desarrollo de gas natural. Además de lograr que unos pocos, los más ricos, ayuden a los más necesitados, es un interesante antecedente para avanzar hacia un sistema impositivo que redistribuya mejor.
En resumen, lo ocurrido con los fondos del traspaso de la Policía Federal a la CABA, con la movilidad jubilatoria y con el Aporte Solidario son ejemplos de que estamos en presencia de un Parlamento activo y que funciona como ámbito de debate y de mejora de los contenidos de los distintos proyectos de ley. Y también que las bancadas oficialistas tienen un aceitado diálogo con el Poder Ejecutivo. En ese sentido es natural que surjan modificaciones en el tratamiento de las distintas propuestas. Me alegra formar parte de un proyecto en el que los temas se discuten y se introducen los cambios necesarios sin apartarse de los objetivos perseguidos. En el que la mirada técnica y la política se complementan y refuerzan, detrás de la idea de que la clave y la prioridad están en que “es con la gente adentro”.
