Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
En la madrugada del miércoles, el presidente Javier Milei posteó: “les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”.
La frase fue una respuesta a lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde se le dio media sanción a una nueva fórmula previsional con 160 votos positivos. El proyecto estipula que el haber mínimo no podrá ser inferior al valor de una canasta básica total de adulto, multiplicada por 1,09. Si el Senado aprueba esta iniciativa (y se promulga antes del 15 de junio), la jubilación mínima en julio podría ser algo mayor a 306.000 pesos.
Se establece un pago extra compensatorio de 8,1 por ciento a aplicarse desde el mes de abril, para alcanzar el 20,6 por ciento de la inflación de enero. El gobierno había dado sólo un 12,5 por ciento aplicando su índice.
La fórmula de movilidad seguirá ajustándose mensualmente por la inflación. A su vez, en marzo de cada año se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación anual de los salarios (RIPTE) por sobre la variación del IPC, siempre y cuando esta diferencia haya sido positiva. De esta forma, los haberes recibirán otro incremento ante una eventual mejora de los salarios reales.
También se busca resolver la deuda de la Nación con las cajas previsionales provinciales y los juicios con sentencia firme a favor de jubilados, que se saldarán en los plazos previstos a través de la ANSES, con recursos tributarios que cuentan con asignación específica. En este punto, producto de las conversaciones con los restantes bloques, se aceptó la postura del bloque de Unión por la Patria (UxP) de no hacerlo con el producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Se estima que la actualización de los ingresos previsionales generará un costo fiscal de entre 0,43 y 0,45 puntos del PIB, lejos de todo despilfarro, como se trató de presentar desde el oficialismo. El mismo oficialismo que hace unas semanas reconoció que se les “fue un poco la mano”, ya que apuntaban a recortar el equivalente de 5 puntos del PBI y terminaron siendo 7. Es urgente que se destinen los recursos necesarios para revertir los impactos del brutal ajuste.
Un dato a tener en cuenta, y que sirve para poner las cosas en perspectiva: en base a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), para el caso de los contribuyentes cumplidores al 100 por ciento, la reducción de las alícuotas a las escalas más altas de Bienes Personales, que integra el paquete fiscal que tuvo media sanción en Diputados, tendría un costo para el Tesoro de 0,41 por ciento del PBI en 2024, aumentando gradualmente hasta el 0,61 por ciento en 2027.
Es decir, que cuando se trata de bajar impuestos a los que más tienen y generar mayor regresividad, pareciera que desaparecen los temores del gobierno a que se rompa el equilibrio fiscal. No condice a su vez con ciertas voces pidiendo: “digan de dónde van a salir los recursos para pagarlo” (Guillermo Francos, al criticar la media sanción).
El principio de “cuidar la caja” no rige tampoco cuando Milei anticipa que va a eliminar el Impuesto PAIS (que pasó de representar el 2,3 por ciento de los ingresos fiscales en abril del año pasado al 7,5 por ciento de los ingresos en abril de este año). Preocupa pensar en la magnitud del recorte que intentarán llevar a cabo para tratar de cumplir con los objetivos fiscales.
En paralelo, el FMI señaló a través de su vocera, Julie Kozack, que “es importante que cualquier nueva iniciativa para fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones también preserve las metas fiscales en el marco del programa”. Las exigencias –y las contradicciones— de siempre.
La tendencia al ajuste continuo es alimentada por el propio gobierno con sus políticas recesivas y regresivas. Por ejemplo, como parte de la política monetaria, el Tesoro toma deuda y cancela pasivos del Banco Central, por lo que aumenta el gasto público por la vía de los intereses. Dado el objetivo declarado del equilibrio fiscal, esto conllevará una nueva ronda de ajuste en el gasto público primario.
El recorte ocupa –y ocupará— un lugar central en el plan económico del gobierno. En este marco, está más vigente que nunca la frase que acuñé en los noventa, acerca de que el único límite al ajuste pasa por la capacidad de resistencia de los ajustados.
