BAE | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El reemplazo del código urbanístico desata las críticas de la oposición en la Legislatura.
El Gobierno de la Ciudad está proponiendo un nuevo Código de Planeamiento Urbano, el conjunto de normas que “rigen todos aquellos asuntos relacionados con el uso del suelo, de los edifi cios, estructuras e instalaciones, y con el ordenamiento urbano del territorio de la Ciudad.” Si la perspectiva del Gobierno de la Ciudad triunfara, el código vigente sería sustituido por un instrumento urbanístico criticado por la mayoría de los especialistas y referentes de organizaciones vecinales.
A partir de los primeros documentos difundidos, se cuestiona que habilitará la multiplicación de torres, la pérdida de espacios verdes, el aumento del daño ambiental, promoviendo peores condiciones de habitabilidad, un aumento irresponsable de la densidad de la población y la expulsión de los ocupantes originales de los barrios, entre otras consecuencias.
Todas estas decisiones, muy relevantes para el futuro de la Ciudad, se generan en ámbitos muy restringidos, excluyendo de la participación a organizaciones sociales y políticas del distrito.
Por ello, la jueza Elena Liberatori concedió un amparo presentado por vecinos que consideraron que el debate da “participación preferencial” a “sectores del negocio inmobiliario”. O sea, que formulan una grave acusación política: el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “prefiere” a los negociantes en vez de a los ciudadanos porteños.
La medida cautelar dictada por la Jueza ordena al Gobierno de la Ciudad elaborar un cronograma de participación comunal, poner en funcionamiento canales alternativos de comunicación para la difusión de la convocatoria al Foro Participativo Permanente, congregar a las entidades comunales en todas las instancias de su participación, y poner a disposición de los interesados la información referida a estudios, relevamientos y diagnósticos de la situación de la Ciudad relacionada con el nuevo Código Urbanístico.
También señala que se den a conocer el lugar y los horarios disponibles para su consulta en las mismas condiciones que sea formulada la convocatoria.
Y, está muy bien: lo que está en discusión es el futuro de la Ciudad. Y este no puede quedar en manos de sectores minoritarios vinculados al interés inmobiliario y de la construcción, arrasando el espacio público a puro cemento, ruido y pérdida de luz y vegetación.
Es necesario un proceso de debate e intercambio amplio, abierto y plural. Compartimos la visión de que resulta imprescindible una amplia discusión que posibilite una verdadera participación ciudadana. Esa línea nos acerca a una sociedad verdaderamente democrática.
Para la mirada del macrismo, el principal problema del Código de Planeamiento Urbano actual es que no permite explotar suficientemente la “capacidad constructiva” de la ciudad, haciendo que se pierda “productividad”.
Para resolver este supuesto problema, proponen una ciudad de alturas fijas, lo que en otras palabras, quiere decir determinar la altura máxima construida en una manzana y permitir que todos los vecinos edifiquen hasta esa altura “homogeneizando” supuestamente las alturas y a la Ciudad.
En la práctica significa llevar todo hacia arriba. Es decir, llevar a los edificios lo más alto posible para aumentar la superficie del negocio inmobiliario.
En ese marco, más allá de que la densificación de la Ciudad pueda ser discutible, aquí lo que se propone es a beneficio exclusivo de los negociantes, que obviamente excluye un plan de inversión en infraestructura y en vivienda social.
Planean “homogenizar” y “equilibrar” la Ciudad, con lo cual quieren decir extender el negocio inmobiliario hacia el sur, elevando los precios de las propiedades, y expandiendo la ocupación del suelo en los terrenos vacantes. Dicen que quieren “más espacios verdes”, pero lo único que proponen son terrazas con vegetación que son espacios privados, de acceso exclusivo de los dueños.
De esta manera se dilapida no sólo el patrimonio histórico, sino también y sobre todo, el futuro de la Ciudad y de sus habitantes.
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad, durante todo en estos últimos años, ha centrado su gestión en simplificar los trámites para los desarrolladores inmobiliarios.
Se han destinados muchísimos recursos para facilitar los negocios, aprobando certificados de impacto ambiental en escasas horas. Este es el mejor ejemplo de que lo que importa no es proteger nuestro medio ambiente.
Otra de las novedades de los últimos días tiene que ver con que comenzó a operar la “inmobiliaria” del gobierno porteño, es decir, la Agencia de Bienes que tendrá bajo administración más de 2400 inmuebles del Estado porteño. El plan se propone liquidar esos bienes, con las famosas y antiguas excusas de que el sector privado sabrá explotar las “capacidades desaprovechadas” de esas tierras y de que, al estar en manos privadas, comenzarán a tributar impuestos. El enfoque neoliberal de Macri y Larreta cumple con la marca de la época: una violenta aceleración de la privatización de las tierras públicas.
El debate ciudadano es la verdadera seguridad jurídica y democrática, y no la que reclaman las empresas. El Código en discusión es uno de los más importantes para la ciudadanía porteña, ya que define qué se puede construir y cuáles son las restricciones que deben existir, tendientes a asegurar las necesidades habitacionales de nuestros habitantes, la ampliación drástica de espacios verdes, la protección de los barrios inundables y el incremento de espacios públicos que posibiliten compartir nuestra cultura en el marco de una Ciudad cada vez más solidaria e igualitaria.
