Por Eduardo Fernández
En las últimas horas Alberto Fernández anunció la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que disponía la intervención de la empresa Vicentin y dio cuenta del accionar de un sector del Poder Judicial.
El Presidente señaló en su comunicado que “el juez interviniente en el concurso”, Fabián Lorenzini, no permitió que el Estado conozca el pasivo real de la compañía, impidió el “acceso de la intervención a su gestión”, y “lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
En los últimos días el mandatario puso en debate dos premisas, la del modelo empresarial que necesitamos y la de la necesaria reestructuración judicial que nos permita volver a un “mejor Estado de derecho”.
Cronológicamente, hace una semana Alberto retomó el concepto de “contrato social” en una videoconferencia con empresarios PyMEs, y expresó: “la industria nacional, las Pymes y los trabajadores son mis principales aliados, porque en ustedes anida la misma vocación que yo, que es la de construir una industria nacional y un pacto social que nos permita alcanzar un futuro”.
El contrapunto es el modelo de Vicentin y el de tantos otros especuladores. No es menor mencionar que el directorio de esta firma que le debe tanto dinero al Estado, hoy se encuentra investigado y que hay sospechas que involucran incluso al mismísimo secretario del ex presidente Mauricio Macri.
Los palos en la rueda puestos por la oposición para evitar que quede al desnudo la maniobra de los empresarios especuladores e irresponsables y de algunos dirigentes políticos se notan mucho.
También se nota el accionar de un sector del Poder Judicial, que obstaculiza la posibilidad de proteger las fuentes laborales y a los productores damnificados. Los intereses de todas y todos los argentinos están primero. Por ello es fundamental rediscutir el modelo empresarial, el contrato social y las alianzas estratégicas para salir de la crisis.
El odio como eje
Durante la semana Santiago Cafiero brindó su primer informe ante la Cámara de Diputados. El Jefe de Gabinete cuestionó el discurso del odio instalado por algunos sectores de la oposición y expuso la línea que ha tomado el Gobierno nacional. La respuesta de una parte de la oposición en el recinto fue con más violencia.
No es de sorprender si se analiza el accionar durante estos meses de un sector de la oposición que encabezó una avanzada anti cuarentena a través de actitudes irresponsables que ponen constantemente en duda el consenso científico, como explicó Cafiero. “El diálogo político se ejerce y no se declara”, recordó el funcionario a algunos dirigentes que piden diálogo y esbozan chicanas.
La Cámara de Diputados recibió la presencia de decenas de funcionarios, los representantes de la oposición fueron atendidos por Alberto Fernández y en el plan para enfrentar la pandemia se trabaja con todas y todos las y los gobernadores. Un país más solidario se construye en base a acuerdos y consensos, pero se torna dificultoso salir de la crisis actual con actitudes como las antes mencionadas.
En este sentido, en la tarea de “construir un país con una distribución más equilibrada, que produzca y no especule”, como dijo Alberto Fernández, es fundamental cazar el guante, ampliar la base social que defienda el proyecto y generar la relación de fuerzas para poder dar estos debates de trascendencia nacional.
