Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
Frente a la pandemia sanitaria que no cesa, el mundo analiza tomar medidas que no coinciden con los discursos de los principales referentes opositores locales. El mundo cambia y ellos no cambian con el mundo. Por eso, en un escenario internacional en proceso de aggiornamiento, sus políticas atrasan.
En los últimos días, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó una reforma tributaria que incluye aumentar el impuesto a las sociedades e implementar regulaciones a las grandes empresas que pagan sus gravámenes fuera del país. Alemania y Francia manifestaron su acuerdo con la iniciativa de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de diseñar un impuesto corporativo mínimo global. El Fondo Monetario Internacional propuso un gravamen temporal a las rentas altas y a las multinacionales.
Esta semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su intervención en el Foro del Consejo Económico y Social sobre la Financiación para el Desarrollo, instó a los gobiernos “a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas”. Además afirmó que se necesita “un cambio de paradigma” que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros, incluidos los provocados por el covid. Finalmente agregó que “los últimos informes indican que en el último año (es decir, en el año de la pandemia) se ha producido un aumento de 5 billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo”.
Esta propuesta del secretario general de las Naciones Unidas ratifica y legitima aún más el aporte solidario y extraordinario aprobado en la Argentina para enfrentar los efectos de la pandemia. Nuestras políticas no solo no atrasan sino que, en este caso, han anticipado lo que está planteando el máximo funcionario de la ONU.
En otro orden, en la reunión que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantuvo este martes con sectores empresariales, volvieron a escucharse los viejos reclamos de bajar impuestos y de terminar con la ley que prohíbe los despidos. Es decir: exactamente lo contrario de lo que se está ensayando en el mundo. Por supuesto, también se manifestaron en contra de los controles de precios. Según esa visión, los controles aumentan los costos y, por lo tanto, contribuyen a que las cosas aumenten. Si no fuera dramático sería para tomarlo con humor: están diciendo que los productos aumentan por el costo que les suma la elaboración de la información que se les pide para saber por qué aumentan los precios.
Mientras tanto, el Gobierno implementa nuevas iniciativas que contribuyen a la progresividad impositiva. Ya ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el impuesto a las ganancias de las sociedades. Este diferencia a las compañías por sus resultados y no por su tamaño: las alícuotas que corresponden a cada tramo surgen de la rentabilidad que las firmas tienen cada año. De aprobarse el proyecto, un poco más del 90% de las empresas van a pagar menos: entre un 25% y 30%. El otro 9% va a pagar entre 30% y 35%. En la actualidad, todas las sociedades están alcanzadas por un 30%.
El gravamen, tal como está planteado, no solo introduce una mayor progresividad –los que más ganan pagaran más y los que menos ganan pagarán menos– sino que, además, permitirá mejorar la recaudación impositiva. Ese 9% de empresas que van a tener un incremento en lo que tributan, como son las de mayor rentabilidad, van a generar un ingreso fiscal mayor que el descenso que generarán el resto de las empresas que van a tributar menos.
El Gobierno avanza con una serie de medidas que son las que siempre ha propuesto. La novedad es que ahora medidas similares también son impulsadas en todo el mundo.
