Tiempo Argentino | Opinión
La cuestión de fondo que subyace a la temática inflacionaria es la puja por apropiarse de la renta.
Por Juan Carlos Junio
En el año 301, el emperador romano Diocleciano promulgó el célebre Edicto sobre Precios, que entre otras cuestiones establecía precios máximos para 1300 productos. En sus fundamentos, se sostenía que la norma se debía "a la carestía y a la devaluación del denario, a la oscilación de los precios entre las diversas regiones y en los transportes, y a la avaricia de los acaparadores y los especuladores".
Más allá de los matices y de los 1713 años que nos separan de aquel episodio –ni que hablar de las importantes transformaciones de los sistemas políticos y económicos que se fueron sucediendo con el paso del tiempo–, la cita mantiene una notable vigencia, particularmente en la crucial cuestión de la formación de precios, en el control de los productos faltantes incluidos en el programa de Precios Cuidados y en la esencia del comportamiento de los núcleos del poder económico.
Desde nuestra perspectiva, la cuestión de fondo que subyace a la temática inflacionaria radica en la puja por apropiarse de la renta. En esta cuestión, desde la ortodoxia velan u ocultan la verdadera causa de los incrementos y remarcaciones. En ese sentido, en un seminario organizado por la Asociación de Inversores en Mercados Emergentes, realizado hace una semana en Nueva York, los analistas del establishment destacaron el acuerdo con Repsol y la gestión del Banco Central, aunque remarcaron, como siempre, que el gobierno deberá resolver el déficit fiscal para atacar la inflación.
En esas tribunas suele resonar la falsa retórica que repite, como una máxima inquebrantable, que aquellos países de la región sostenedores de políticas "serias" no tienen problemas en la faz de los precios, aunque no dice que el costo de esas agrias medicinas neoliberales radica en la imposibilidad de discutir la distribución de los ingresos para hacerla más equitativa, ya que demoniza, por ejemplo, grandes logros sociales, como las paritarias libres o la movilidad de las jubilaciones. Esas visiones perimidas, que a todas luces van en contra de los intereses de los trabajadores y de todos aquellos que perciben ingresos fijos, apuntan a que el Estado sea mínimo, sin ningún poder, y que dé piedra libre a las fuerzas del mercado, facilitando los negocios del gran capital y sus enormes ganancias.
Es por ello que resulta esencial contar con un Estado activo y eficiente, capaz de arbitrar los mecanismos que hagan posible una mejora sustentable en los parámetros de la distribución de la riqueza y que gestione la provisión de los recursos esenciales para el abastecimiento de la población.
Al respecto, es interesante rescatar una mención del discurso de la presidenta en la inauguración de las sesiones legislativas de este año, cuando le observó al senador Gerardo Morales que "él también forma parte de un partido político que tiene posibilidades de gestionar el Estado, así que no tiene que ser escéptico en que la política pueda ser mejor que los empresarios en gestionar económicamente en función de la gente". También resultaron valiosos los datos que Cristina Fernández mostró, relacionados al aumento en la producción de gas natural y petróleo en todo 2013, de un 2,2% y 3,4%, respectivamente. Muestran la importante administración estatal de YPF, que contrasta con la dinámica observada bajo la gestión privada de Repsol, con caídas continuas en la producción de petróleo, desde 2002, y gas, desde 2004.
Volviendo a la cuestión de los precios, la presidenta también le dedicó un espacio a quienes lucran en la actual coyuntura. Señaló críticamente a los sectores empresarios que poseen una capacidad instalada similar a la de 2012, advirtiendo que "no hay ningún justificativo para aumentos de precios por encima de valores que no se condicen con la realidad y que solamente saquean el bolsillo de los argentinos". En el mismo sentido, señaló al rubro automotriz, resaltando que algunas marcas subieron sus precios "en promedio 45% por arriba de lo que fue la devaluación", destacando también que pagan salarios en pesos, gozan de energía subsidiada por el Estado, y que la mayoría de las autopartes son de origen nacional. Queda clarísimo que los incrementos en los precios son propios de monopolios que manejan el mercado como se les antoja.
Sin lugar a dudas, la devaluación puso de manifiesto, una vez más, que la aceleración en la remarcación de precios de los últimos meses obedeció al comportamiento oportunista de sectores muy concentrados, que lucran desde su posición dominante con el único propósito de obtener ganancias extraordinarias a costa de la población. Esta actitud antisocial, propia de la naturaleza económica de los oligopolios –y que como muestra la historia universal no es una particularidad local–, nos obliga a adecuar los mecanismos estatales sin recurrir a los cantos de sirena de corte "técnico" que sólo pretenden congelar la puja distributiva.
Por ello, resulta necesario profundizar los instrumentos del Estado que aseguren el cuidado de los intereses de las mayorías, sin recurrir a las clásicas recetas de ajuste macroeconómico y enfriamiento compulsivo. En este sentido, la labor parlamentaria nos presenta desafíos a corto plazo, expresados por Cristina cuando resaltó la necesidad de "sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos", en línea "con el artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece claramente la necesidad de proteger a usuarios y consumidores".
Todo esto implica seguir profundizando el estudio de las cadenas de valor, los acuerdos de Precios Cuidados y otras herramientas del mismo signo, y en paralelo, incrementar la capacidad sancionatoria del Estado, ya que de lo contrario su rol se debilita. Las críticas esgrimidas por entidades representativas de los grupos monopólicos (Asociación Empresaria Argentina, UIA y Cámara de Comercio, por ejemplo) a proyectos como el del diputado Héctor Recalde, que entre otras cuestiones busca sancionar el acopio y la especulación, nos muestran que transitamos por el buen sentido. Todo indica que aquellos avaros, acaparadores y especuladores que enfrentaba desde el fondo de los tiempos el emperador Diocleciano, tienen una buena zaga en nuestras tierras.
