Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Christine Lagarde declaró el último jueves: “A la Argentina queremos darle dos buenas noticias porque empezamos a ver que el programa realmente funciona. Nuestra evaluación es que la economía está en un punto en que va a repuntar. En segundo lugar, ahora que se ha hecho tanto esfuerzo, en un programa en que la protección social siempre ha sido una de las prioridades clave, sería una tontería por parte de cualquier candidato dar la espalda al trabajo que se está haciendo”.
Con estas declaraciones, el Fondo va un paso más allá y deja ver su verdadero rostro y su intento de influir sobre la política local.
El resto es pura posverdad. En las previsiones para este año realizadas recientemente por el FMI en la tercera revisión del programa, el consumo público exhibe una baja del 6,4 por ciento, cuando en la revisión anterior se esperaba una caída del 3,2 por ciento: es decir, más ajuste en el gasto. Lagarde habla del “repunte” de la economía, pero el staff bajó las estimaciones de caída de la Inversión Bruta Interna del 9,6 por ciento en octubre, a una reducción del 14,5 por ciento en la estimación reciente: ¿cómo se podrá salir del pozo con estos datos?
El único dato “positivo” es que reduce la merma del consumo privado, de un -6,3 por ciento a una baja del 2,3 por ciento, una proyección muy optimista. Este “repunte” (menor caída) en el consumo privado podría indicar un cierto apoyo del FMI a algún tipo de medidas reactivadoras del consumo por parte del gobierno. Pero el margen que deja el ajuste es muy pequeño.
Hay en estas proyecciones de consumo una postura política y un doble discurso, puesto que en su reciente Monitor Fiscal, el FMI sostiene que “mejorar la sostenibilidad fiscal es imperativo en Argentina y Brasil para contener los riesgos financieros, lo cual debe prevalecer sobre los estímulos a la demanda”.
En la última proyección, el Fondo redujo los valores de los ingresos fiscales del Sector Público Consolidado en 1,7 puntos del PIB, y achicó el gasto público primario en el mismo porcentaje, lo que indica que al ya fuerte ajuste anunciado en octubre pasado se sumará un esfuerzo más.
¿En qué rubros baja el gasto en las nuevas estimaciones del FMI? A partir de una reducción de los salarios públicos de un 0,7 punto del PIB, y una merma de 0,7 punto en las jubilaciones y pensiones. Estas magnitudes de recorte dan una idea mucho más evidente de la escasez del 0,1 punto del PIB que el FMI concedió al gobierno para adelantar la actualización de la AUH. La protección social, bien lejos de ser una “prioridad clave” según el discurso lagardiano.
Llama la atención que en el informe del staff del FMI se sostenga que “la inflación superior a la esperada (la proyección del 20 por ciento para 2019 hecha en la segunda revisión, pasó al 30,5 por ciento en la tercera revisión) reducirá el gasto en jubilaciones y pensiones y en salarios como porcentaje del PIB”. Para que esto suceda, las jubilaciones deberían crecer menos que la inflación, una aseveración contradictoria con lo informado por la gestión macrista que sostuvo que la nueva fórmula de ajuste equipararía al aumento de precios: parece que los jubilados seguirán perdiendo capacidad de compra también en este año.
Respecto a los recursos, en el Monitor Fiscal se recomienda para Argentina, entre otros, “reducir los activos del Fondo Nacional de pensiones”, es decir, el FGS.
Por último, poco se informa en los medios sobre el costo de los intereses y otros cargos pagados al FMI por sus préstamos, que ascendieron a 287 millones de dólares en 2018. De concretarse los desembolsos previstos, llegarían a 1430 millones de dólares este año y a 1950 millones de dólares en 2020. Resulta obvio que estos intereses pagados no son alcanzados por el achique de gastos, como tampoco el resto de los intereses de la deuda pública, que llegarán a un abultado 2,7 por ciento del PIB en este año.
Lejos de ser buenas noticias, son las duras consecuencias del ajuste fondomonetarista que aplica el gobierno de Mauricio Macri, quien ya prometió profundizarlo aún más y en forma inmediata, si es que ganara las elecciones para un próximo mandato de cuatro años.
