Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El Banco Central viene desplegando una serie de medidas orientadas a mejorar la administración de divisas, en un mercado de cambios impactado por varios efectos. Entre ellos, un incremento de las cotizaciones especulativas del dólar, una menor liquidación por las ventas de cereales y oleaginosas, y un fuerte adelantamiento de los pagos por importaciones.
Según cámaras del sector agrícola, la liquidación de divisas por exportación cayó un 18 por ciento interanual en los primeros cinco meses del año. Esto significa unos 1500 millones de dólares menos de Reservas Internacionales. Se especula con que los productores están reteniendo granos debido a la diferencia entre la cotización del dólar ilegal y el oficial, a la espera de una eventual devaluación.
De allí que el BCRA decidió habilitar la posibilidad de hacer inversiones a plazo en depósitos de interés variable (DIVA), con rendimiento determinado en función del valor de los cereales y oleaginosas y de la variación de la cotización del dólar. Es decir, se les otorga un instrumento de cobertura ante el cambio del precio de los productos exportados.
Al mismo tiempo, se determinó que las personas humanas o jurídicas con actividades agrícolas que mantengan un acopio de su producción de soja o trigo por un valor superior al 5 por ciento de su capacidad de cosecha anual, no podrán acceder a los préstamos con tasa del 24 por ciento.
Respecto a las importaciones, el Banco Central dispuso que las empresas que cuenten con activos líquidos en el exterior deban disponer primeramente de éstos para el pago de sus obligaciones con el exterior, antes de acudir al mercado de cambios local.
Resulta una medida de total lógica que quienes tengan inversiones financieras en el exterior utilicen éstas antes de acudir a las Reservas Internacionales del BCRA. También se definieron normativas que limitan el pago anticipado de importaciones.
Las disposiciones del BCRA se suman a otras tomadas por la CNV y la AFIP, entre otras, que se orientan a desincentivar las operaciones especulativas del dólar, como el MEP y el Contado con Liqui (CCL).
El Central determinó que las personas jurídicas que requieran acceder al mercado oficial de cambios, no lo podrán hacer si han realizado operaciones de compra venta de títulos públicos en moneda local con liquidación en divisas en los últimos 90 días (en una primera instancia eran 30), y tampoco podrán realizar estas operaciones en los 90 días posteriores. La AFIP también colocó similar limitación para las empresas que deseen optar por los beneficios del ATP.
La AFIP también reforzó los controles para evitar maniobras de evasión fiscal y fuga con empresas vinculadas y transacciones con sujetos de países “no cooperantes” o de “baja o nula tributación”. Entre otras infracciones, se busca evitar la manipulación de los precios de transferencia entre subsidiarias de la misma empresa, radicadas en distintos países.
En varios medios se informó que las nuevas regulaciones frenaban las importaciones, generaban presiones sobre el mercado de cambios, sobre el valor del dólar, y que terminarían impactando a la suba a los precios internos. Nada más alejado de la realidad. Las medidas señaladas, por sí mismas, no tienen esos efectos. Es cierto que en el inicio pueden generar algún desconcierto entre los operadores pero eso se soluciona en breve tiempo.
No obstante ciertos comentarios pueden llevar a situaciones de este tipo. Por ejemplo, una conocida organización empresarial alertó acerca de que “las compañías comiencen a tomar el CCL como valor de referencia para la ecuación de costos generando presión sobre los precios”. Es un enfoque errado.
Lo he dicho en varias oportunidades: los elevados valores del dólar CCL, MEP e ilegal (llamado blue) han estado fomentados por presiones vinculadas a las negociaciones del canje de deuda pública que está realizando el gobierno. En estos momentos, en los que hay varios indicios de que se estaría por llegar a un acuerdo, los valores de los dólares especulativos están bajando.
En resumen, estamos en presencia de una adecuada política de los organismos del Estado. Se trata de enfrentar el problema de escasez de divisas y minimizar los comportamientos especulativos. Todo esto en un contexto en el que el Estado está llevando a cabo un gran esfuerzo para morigerar los impactos de la pandemia.
