ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
La jueza Marta Cirulli decretó recientemente la quiebra del Correo Argentino S.A., decisión que debió suspender una semana después por la apelación de la firma. Son noticias que ocuparon la portada de los principales diarios argentinos, ante lo cual resulta interesante hacer algunas reflexiones que permiten esbozar los principales ejes en los que se sustentó (y continúa haciéndolo) Mauricio Macri en el ámbito político y empresario.
Esta situación se produce luego de 20 años de interponer artilugios para evitar el resarcimiento al Estado por no haber cumplido prácticamente ninguna de las obligaciones acordadas en la concesión que data del año 1997.
Como era de esperar, el ex Presidente, responsable de la empresa junto con otros miembros de su familia, publicó un escrito en el que se considera un “perseguido político”, señalando que el actual gobierno intenta hacerles daño a él y a sus hijos, quienes participan de su empresa y, fiel a su estilo, intentando presionar a las distintas partes intervinientes.
Sus argumentos caen por su propio peso, ya que resultan totalmente inverosímiles y tergiversan la realidad con una intencionalidad imposible de ocultar.
Hagamos un poco de historia, necesaria para poder entender algunos aspectos del presente: cuando se entregó la concesión del Correo a la Sociedad Macri (SOCMA) a fines de los años noventa, la empresa se comprometió a invertir 25 millones de pesos al año durante los primeros diez años del contrato. Un compromiso que no cumplió, y solo abonó el canon semestral al Estado durante el primer año. En 2001, habiendo despedido a gran parte de sus empleados y con una deuda a favor del Estado que ya ascendía a los 296 millones de pesos — que equivalían a dólares a la paridad 1 a 1—, el Correo entró en convocatoria de acreedores.
Uno de los puntos de inflexión en el proceso de esta causa se dio durante la gestión de gobierno de Macri. En ese entonces, los funcionarios que obraban en representación del Estado aceptaron la oferta de la empresa de “saldar su deuda” por el mismo monto en pesos que debía en el año 2001, sin actualización por inflación ni intereses.
Esta oferta fue luego rechazada por la fiscal interviniente por considerar, entre otras cuestiones, que dañaba “gravemente” el patrimonio del Estado. Según los cálculos de la Procuración General, la deuda se licuaba en un 98,87%.
Recientemente, en un análisis realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), se sostuvo que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. “estimó una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe técnico presentado”, refiriéndose al informe ya comentado de la Procuración General.
Todo este proceso refleja una situación que, paradójicamente, dista bastante de la idea del “respeto a las instituciones democráticas, a la República y a la seguridad jurídica” que impregna los discursos de Juntos por el Cambio. Su administración dejó de lado la necesaria objetividad y el cumplimiento de los deberes por parte del Estado ante un conflicto con una empresa perteneciente a la propia familia del entonces Presidente.
Pero esta actitud del ex mandatario no debería sorprendernos, ya que describe muy bien su conducta ante las responsabilidades asumidas tanto cuando oficiaba como empresario así como cuando incursionó en el ámbito político.
Si nos remontamos al año 2015, plena campaña por la Presidencia de la Nación, en el debate que Macri mantuvo con Daniel Scioli, sus afirmaciones acerca de lo que supuestamente pretendía para el país nunca se plasmaron en la realidad. Todo lo contrario. Sólo algunos ejemplos: “tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero”, dijo en ese debate. Un objetivo por demás ambicioso. Obviamente no sólo no cumplió sino que además, consecuencia de las políticas que su gobierno aplicó, la pobreza empeoró.
Otra de las frases pre electorales de Macri fue: “hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos”. La realidad es que lo que menos hizo fue cuidar el empleo.
En definitiva, no hay un solo archivo que resista o convalide sus palabras. Y esto continúa en la actualidad con cuestiones como la del Correo Argentino, o poner bajo sospecha las próximas elecciones bonaerenses. Sus afirmaciones son posverdades que sólo trascienden a través de la instalación mediática, que repite la virulencia de sus ideas y las de otros dirigentes de su espacio político, y las repite infinidad de veces, con la intención de que terminen calando en algunos sectores de la sociedad.
Gobernar con honestidad
Lo importante es marcar el contraste de lo recién comentado con lo que ocurre con la actual gestión del Estado.
Los objetivos de la administración de Alberto Fernández y su equipo, ya expresados en la campaña electoral de 2019, siempre se mantuvieron, incluso a pesar de las adversidades del contexto pandémico.
La batería de medidas que se impulsaron desde un comienzo para dinamizar la economía (que venía de dos años de recesión) tendientes a lograr una recuperación económica pero con redistribución más equitativa del ingreso, siempre estuvieron presentes y continúan.
Ejemplos de ello se dan cotidianamente. La próxima semana se abonará la primera de las tres cuotas confirmadas del bono de $ 6.500 para 725.000 trabajadores de la salud de todo el país.
Se adelantó la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil. Había sido acordado en tramos que terminaban en febrero de 2022, pero ahora finalizarán en septiembre de este año con un incremento total del 35%. Esta decisión alcanza a un significativo número de trabajadores no registrados que toman ese valor como referencia y también impacta sobre los beneficiarios de planes sociales cuyos montos también lo toman como referencia.
En el mismo sentido se enmarca la decisión del gobierno que acaba de anunciar que otorgará un bono de $ 5.000 en agosto a los jubilados y jubiladas que cobren hasta $ 46.130, es decir, el equivalente a dos haberes mínimos. Este es el tercer bono en el año, muy superior en monto y alcance a los anteriores. La medida beneficiará a más de 6 millones de personas, cerca de un 83% de los jubilados/as y pensionados/as, que verán incrementados sus haberes previsionales.
Además, tanto el Presidente como varios funcionarios indicaron su firme convicción de mantener la evolución de los salarios por encima de los niveles de inflación. Dado el objetivo en materia de precios, según se proyectó en el Presupuesto y que parece hoy difícil de lograr, ya se encuentran en proceso de renegociación las paritarias de varios sectores, con el aval del gobierno e incluso con la presencia del propio Presidente en algunas de ellas.
Como señaló el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una reciente entrevista: “decir y prometer que la inflación va a bajar por arte de magia ya lo hizo el gobierno anterior y todos sabemos que eso fracasa” y agregó que lo que plantea el actual gobierno es abordar la temática de la inflación desde un diagnóstico en el cual las causas de la inflación no son particularmente monetarias o producto de la tensión entre el capital y el trabajo. No obstante, aclaró el funcionario, “hay una tendencia de desaceleración de la inflación y hay que continuar con esa tendencia” abordándola desde la idea de la multicausalidad.
Entre las herramientas que mencionó Cafiero para continuar desacelerando la evolución de los precios, están los programas de Precios Cuidados, Súper cerca, la baja de las tasas de interés, el reordenamiento financiero y fiscal del Estado, y la convicción de que no habrá devaluación, entre muchas otras. La supuesta depreciación brusca del tipo de cambio sólo se encuentra en “el plano de la especulación de algunos” aclaró, ya que “hay un grupo económico muy chico que gana mucho dinero con este tipo de acciones especulativas”.
Mirando hacia adelante, Cafiero también remarcó que “el horizonte de la pospandemia se traza con mayor optimismo cuando vemos que hay una recuperación económica y una campaña de vacunación”.
Las estadísticas así lo demuestran. Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) la actividad económica se encuentra actualmente tan solo 2,1% debajo de la de finales de 2019. Claro que, como lo venimos transmitiendo en columnas anteriores, la recuperación continúa siendo heterogénea. La industria y la construcción llevan la delantera. En el primer caso, según los registros de consumo de energía para el mes de junio 2021, hubo un crecimiento del 19% respecto a junio del 2019, mientras que la construcción reportó un incremento del consumo de energía del 9,2% para igual período.
Es decir, hay un gobierno atento a los problemas, en especial de los sectores más vulnerables, tratando de ir ordenando y saliendo del deterioro económico y social que nos dejaron las dos pandemias. Y no tiene que ver con la cercanía de las elecciones como intentan instalar algunos medios. Las medidas tomadas forman parte de las obligaciones de gobernante que asumió ante el pueblo el propio Presidente y del cumplimiento de sus promesas electorales.
