Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Uno de los grandes ejes de discusión de cara a las próximas elecciones es la cuestión laboral y las políticas supuestamente necesarias para incrementar el empleo.
Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio -aunque podría ser cualquier otro/a candidato/a de ese espacio opositor- prometió que facilitará la creación de empresas en 24 horas, que bajará al mínimo los impuestos nacionales (de la seguridad social) para “llegar a formalizar a tres millones de personas”, y medidas de creación de fondos de cese laboral con aporte “voluntario para todos los empleadores que lo necesiten”.
En rigor, no es otro planteo que el de la flexibilización laboral, que implica un fuerte recorte de derechos, apuntando a pagar menos aportes patronales y a que se pueda despedir con mayor facilidad. Estuvo en las gestiones de gobierno de Carlos Menem y de Mauricio Macri. En ambos casos hubo un fuerte incremento del desempleo y una descomposición del tejido social.
Los datos muestran que entre diciembre de 2015 y de 2019 no sólo no se verificó un aumento del empleo asalariado privado, sino que se destruyeron unos 218 mil puestos. Pero no fue por “eventos climáticos” (inexistentes en ese período pero a los que se hacía referencia para justificar los problemas económicos), sino por las políticas aplicadas, que hicieron desaparecer cerca de 25 mil MiPyMEs en el período.
No hay razón alguna entonces para que -aplicando las mismas políticas ya utilizadas, y con mayor rigor como el que hoy pregonan- pueda darse el objetivo de crear empleo como sugiere la oposición. De hecho, una de las usinas de pensamiento que está trabajando en el plan económico de todos/as los candidatos de ese sector es la Fundación Mediterránea, artífice en la elaboración de los anteriores programas de ajuste. El modelo que el neoliberalismo plantea apunta esencialmente a concentrar la economía, y ello va en sentido contrario al alcance de un mayor nivel de empleo. Las promesas de la oposición no cierran por ningún lado.
Durante la actual gestión, en cambio, y respecto a los puestos de trabajo registrados privados (el empleo de mayor calidad), se recuperó todo el terreno perdido durante la anterior gestión y más. La dinámica fue la siguiente: desde diciembre 2019 a julio 2020 se perdieron 210 mil puestos, y no fue peor gracias a distintas políticas que morigeraron los negativos impactos laborales de la pandemia. A partir de allí comenzó la recuperación sin cesar, y hasta abril de este año (último dato disponible), se crearon 549 mil empleos.
Además, según datos de la Secretaría de Industria, entre el primer trimestre de 2022 y el actual, las MiPyMEs generaron 140 mil puestos. Ello no es fruto de la casualidad, sino de que el actual modelo privilegia garantizar la actividad económica y les da a las MiPyMEs (que emplean al 64 por ciento de los trabajadores registrados) un lugar central en el desarrollo de la economía argentina.
Estos datos interactúan con los de utilización de la capacidad instalada de la industria, que en abril llegó al 68,9 por ciento, el mejor abril desde 2015, un elevado nivel que dejó Cristina Fernández de Kirchner. Significa que hay menos máquinas ociosas, más gente trabajando, y que hay más posibilidades de que se encaren nuevas inversiones.
Toda esta dinámica ha generado que la tasa de desocupación siga cayendo (actualmente se encuentra en el 6,9 por ciento). Se podrá discutir que el salario no haya podido recuperar lo perdido en la era macrista, o que le cuesta mantener el poder adquisitivo en un marco de alta inflación, pero es innegable que se alcanzaron niveles de empleo que son muy importantes, y que hay que profundizar esta senda. Senda que también pasa por incidir con mayor intensidad en la puja distributiva generada por los formadores de precios, para que ésta sea a favor de la población y, así, los salarios tengan más posibilidades de recuperarse.
Las empresas no necesitan de la desregulación laboral para generar empleo, precisan tener seguridad de que podrán vender su producción. La lógica no pasa por tener mayores facilidades para despedir, sino por contar con una demanda que no requiera tener que hacerlo. Forma parte de un círculo virtuoso de la economía, sostenible desde el punto de vista laboral y productivo y que apunta a la inclusión social.
