Por Eduardo Fernández | Diputado Nacional por Córdoba del Frente de Todos | Presidente del Psol Córdoba
Durante la semana el gobernador Juan Schiaretti redobló la apuesta y se sacó la careta respecto a lo que piensa del Gobierno nacional. En esta oportunidad, ensayó una explicación para la crisis cordobesa, y entre diversas razones hizo hincapié en las retenciones a las exportaciones, reflotando la teoría del “efecto derrame”. Apelando a una comparación insostenible con otros países, el mandatario insistió en pedir un “dejar hacer” para los sectores concentrados de la economía.
Además, insiste en la división, ya no sólo del peronismo, sino en una ruptura de lazos entre argentinas y argentinos, con un discurso basado en datos inexactos y cargado de odio. Lejos de lo que su socio José Manuel de la Sota procuró en sus últimos años apuntando a “tender puentes”, el actual mandatario los dinamita.
Con un discurso, donde se autodenomina como “progresista”, Schiaretti esconde en realidad un profundo sentido conservador, buscando la protección de los privilegios de algunos sectores, en este caso de los grandes terratenientes, por sobre la situación de quienes menos tienen.
Cuando culpa al Gobierno nacional por los altos índices de pobreza, que ponen a Córdoba al tope en las estadísticas del país, está obviando lo que años de políticas neoliberales que él ejecutó han causado. Es fundamental cambiar el rumbo de las políticas económicas y sociales si aspiramos a contar con una provincia con mayor redistribución de recursos, más trabajo de calidad y con menos pobreza.
La defensa de Córdoba
La administración provincial no está llevando a cabo políticas destinadas a ayudar a los sectores perjudicados por la doble pandemia. Por el contrario, sigue impulsando el desarrollo de sectores que tienen bajo impacto en la generación de empleo, como el agronegocio, y no hace frente a los problemas que enfrenta el resto de la sociedad.
Desde hace diez años, el agronegocio prácticamente no genera nuevos empleos, a diferencia de otros rubros, y está estancado pese a que la inversión provincial aumentó en detrimento de otros sectores.
A esto lo podemos contrastar, por ejemplo, con lo destinado a políticas industriales y PyMEs. Venimos advirtiendo el proceso de desindustrialización que se manifiesta en la estructura presupuestaria en Córdoba desde hace años, y para 2021 si bien lo presupuestado apenas supera el 2012, año de mayor caída en este ítem, lo devengado este año está muy por debajo, incluso del período mencionado.
Las partidas destinadas a programas de empleo están en su peor momento histórico si analizamos lo devengado en 2021. También hay una caída estrepitosa en materia de desarrollo social si analizamos lo que se invirtió en 2019.
Es indiscutible que estamos asistiendo a una clara transferencia de recursos desde el Estado provincial a los sectores concentrados. En un contexto de doble crisis tras lo hecho por el macrismo con una receta similar a la del schiarettismo y lo que ocurrió debido a la pandemia, seguimos profundizando las desigualdades. Se crea un combo letal.
Culpar al Gobierno nacional de los altos índices de pobreza que presenta la provincia es una actitud electoralista que falta a la verdad con la ciudadanía. No podemos esperar mucho más de esta gestión provincial, pero sí es fundamental que podamos construir alternativas sólidas que planteen una transformación radical en Córdoba, para defender a todas y a todos los cordobeses e integrarlos en un proyecto que busque la justicia social.
