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Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El paro nacional del último jueves representó una masiva muestra de rechazo a las políticas que el actual gobierno viene implementando, que están generando un brutal empeoramiento en las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas.
La disparada que tuvo la inflación desde diciembre ha generado una gran pérdida en el poder de compra de los sectores de ingresos fijos, que con este modelo difícilmente se pueda recuperar, dado que uno de los objetivos de esta gestión es modificar regresivamente la matriz distributiva. Los grandes números de la economía muestran que el salario real se contrajo un 24,1% interanual en marzo, tomando el RIPTE. En lo cotidiano significa que se pueden comprar menos kilos de pan, de carne y menos litros de leche.
La inflación en CABA registró un valor del 9,8% en abril, por debajo del 13,2% de marzo. Resulta interesante analizar la composición de esta suba: los productos estacionales evidenciaron un aumento del 2,2%, los regulados un 23%, y el «resto» (al cual el Indec denomina «núcleo») un 7,4%. Esta apertura nos permite analizar dos cuestiones principales: por un lado, el fuerte aumento de las tarifas (cuando aún faltan varios aumentos que han sido postergados) y, por otro lado, el efecto de la baja del consumo sobre los precios del resto de los productos.
Respecto del IPC Nacional aún no se publicaron los datos, aunque probablemente estén en línea con lo que ocurre en la Ciudad, décimas más o menos. Con los niveles de inflación producidos, el tipo de cambio real multilateral ya se encuentra por debajo de los valores previos a la devaluación de agosto de 2023, momentos en que los analistas y los principales medios de comunicación alarmaban sobre la supuesta falta de competitividad.
Una de las iniciativas más peligrosas que propone el gobierno en su proyecto de ley de Bases, que ya obtuvo media sanción en Diputados, es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
He señalado varias veces que de aprobarse este esquema se va a profundizar la explotación primarizada y se avanzará con la destrucción del tejido industrial, que en estos meses se ha deteriorado significativamente. El último dato de producción industrial manufacturera muestra una caída en marzo del 6,3% contra febrero, situándose, además, un 15,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023, siempre en términos desestacionalizados.
Tratando de eludir los verdaderos alcances del RIGI, el vocero presidencial señaló: «es difícil entender la crítica de que alguien quiera venir a invertir y se quiera llevar las ganancias». No obstante ésa no es la principal crítica, aunque la frase es bastante discutible. El problema es que a las inversiones de más de 200 millones de dólares (sean de capitales nacionales o extranjeros) se les otorga toda una serie de beneficios impositivos, de acceso a las divisas y de no obligatoriedad de tener que liquidar en el país las divisas de las exportaciones, entre otros. Además se establece que los litigios quedarán bajo la jurisdicción internacional del CIADI. Las consecuencias de la participación de este organismo son claras, dado que los litigios siempre resultaron contrarios para nuestro país.
Hasta algunos representantes del gran empresariado local sostienen que el RIGI iría en contra de la mentada igualdad de oportunidades, ya que la mayoría de las empresas no pueden realizar una inversión de tal magnitud y quedarían fuera de los beneficios. El RIGI constituye una cesión irreparable de soberanía nacional y un camino sin retorno al empobrecimiento de la República Argentina.
En un reciente discurso ante inversores globales, el Presidente pidió: «ayúdenme, ustedes, que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI. A hacer de la Argentina una tierra de oportunidades para todos aquellos que estén dispuestos a habitar nuestro suelo (…). Apuesten por Argentina y escribamos juntos un nuevo capítulo en la historia del progreso de Occidente». Respecto de la tierra de oportunidades, en la gestión de Mauricio Macri quedó en evidencia que el modelo neoliberal (ahora en su versión extrema, la libertaria) es incapaz de generar un crecimiento sostenible y con mayores niveles de inversión en la economía real: sólo se beneficiaron algunas muy grandes empresas.
Tomemos el ejemplo de lo ocurrido en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), de Mauricio Macri (MM) y de Alberto Fernández (AF). En los dos periodos de CFK el PBI creció 16%: en el periodo de MM decreció 3,9% y en el de AF aumentó 3,1%. El consumo privado, por su parte, creció 28,2% con CFK, cayó un 5,2% con MM y subió 7,5% con AF. Y, finalmente, la inversión creció 14,4% con CFK, decreció 15,4% con MM y creció 26,8% con AF. Estas cifras son una de las tantas pruebas de que cuando se aplicó el modelo del Estado «canchero» (ausente) no hubo lluvia de inversiones ni creció el consumo. Tampoco mejoró el empleo registrado: con MM se crearon sólo 2000 empleos registrados, contra los 551.000 de la gestión AF, aunque en el único periodo que hubo crecimiento de los salarios reales fue en los 12 años en los cuales gobernaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora es la oportunidad para que el rechazo al modelo empobrecedor se pueda lograr en el Senado, que ha comenzado a tratar el proyecto de ley de Bases y el de Medidas fiscales paliativas. Es importante que no se repita la experiencia vivida en Diputados, cuando durante el tratamiento se escucharon una cantidad de discursos críticos, aunque en la votación terminaron dándole apoyo al proyecto. Si se tienen en cuenta los discursos, no debería haber salido la media sanción. Una frase que escuché varias veces durante todo el tiempo que duró el debate fue: «no estamos de acuerdo, está mal, pero el gobierno tiene la legitimidad y hay que darle las herramientas» (¡para que haga lo que está mal!!!). Este posicionamiento implica negar la esencia del funcionamiento de la democracia. El Parlamento está para tener su posición, no para darle herramientas al Gobierno. Está para sancionar leyes, para discutir los proyectos del Poder Ejecutivo, aprobarlos, modificarlos o rechazarlos. De alguna manera esta propuesta de darle herramientas al Ejecutivo aunque no se esté de acuerdo, pareciera indicar que el voto a Milei en la segunda vuelta es de mayor calidad que el voto con el que las diputadas y los diputados actualmente en funciones fuimos electos en su momento. No es así: todas y todos estamos en nuestros lugares como producto del voto legítimo de la ciudadanía.
El rechazo a los proyectos de Ley de Bases y de Medidas fiscales paliativas, que se vio recientemente en la calle (hay que vincularlo, entre otras expresiones, con las grandes movilizaciones del 24 de marzo, del 1º de mayo, la manifestación histórica en defensa de la universidad pública, y los distintos paros), debería tener su correlato en el Parlamento. No se le puede dar un cheque en blanco a un gobierno que está decidido a bajar los salarios, a quitar derechos y a hipotecar el futuro de los argentinos y las argentinas.