Tiempo Argentino | ESCENARIO ECONÓMICO
Las presiones externas, sumadas a los intereses domésticos, buscan forzar una devaluación.
Por Carlos Heller
El pasado martes la presidenta Cristina Fernández realizó profundas denuncias, que intentaré resumir en la siguiente frase de la mandataria, pronunciada casi al final de su discurso: "el problema es que nosotros queremos pagar y no nos dejan, la gente quiere comprar autos y no la dejan, el problema no es de la economía ni de la sociedad, está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, sí, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera, además".
Factores externos e internos que presionan sobre la economía y el sistema político. Desde el exterior, además de la fuerte desaceleración económica por la que atraviesa la economía mundial, está presente el fallo del juez Griesa a favor de los fondos buitre, que no viene mal recordar: "el problema no es el dinero de los holdouts, el problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de deuda soberana de la Argentina, para que tengamos que volver a deber miles de millones de dólares", tal como lo resumió Cristina en el mencionado discurso.
De la misma forma, comentó que no le sorprendió la declaración de desacato al país, como tampoco le sorprendería que en breve Griesa imponga sanciones económicas a la Argentina. En este sentido, resulta interesante transcribir el último párrafo de la carta que le envió la embajadora Cecilia Nahón al secretario de Estado de EE UU John Kerry, cuando se conoció que Griesa trataría el desacato: "En conclusión, cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que pueda frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América."
Continuando con la saga buitre, Griesa autorizó el pasado jueves al JP Morgan a realizar el pago de intereses de títulos denominados en dólares y bajo ley argentina con vencimiento el 30 de septiembre, destinados a los residentes de Tokio, en la misma línea de lo que ordenó para el Citibank. Es una decisión que abona dos cuestiones, una de ellas es poner de relieve las fisuras propias del fallo y la inclinación del juez a destrabar los problemas que este le genera a los bancos estadounidenses, no porque "tengan una pistola apuntando a su cabeza" como expresó el Citi, sino porque deben cumplir con determinadas obligaciones en su carácter de fiduciantes. La otra, más significativa a mi entender, es que Griesa va sentando el precedente de que no va a interceptar los pagos de los bonos con legislación argentina, y ello podría resultar un fuerte aliciente para que muchos fondos aprovechen los beneficios de la reciente Ley 26.984 de Pago Soberano, y realicen el canje de sus bonos bajo legislación extranjera por idénticos títulos pero bajo legislación argentina. Una brisa de aire fresco ante las continuas descalificaciones de esta ley por parte de conspicuos e interesados economistas neoliberales.
No obstante, cabe recordar la estrategia de cinco puntos que planteó el ex secretario de Comercio de George Bush, Carlos Gutiérrez –del estudio de la ex funcionaria Madeleine Albright, contratado por los fondos buitre–, entre los que figuran "propiciar una ola de rumores para generar inestabilidad económica impulsando ataques especulativos para minar la credibilidad y confianza en el gobierno, sobre todo con la variación del tipo de cambio marginal o 'blue'".
De esta forma se vinculan las presiones externas con las internas, de muchos actores domésticos interesados en forzar una devaluación, ya sea vía los valores informados de las transacciones del dólar ilegal (imposibles de comprobar) o el valor del denominado "dólar contado con liqui", que es el que surge implícito a través de los pesos que se utilizan para comprar bonos en dólares y las divisas que se obtienen luego con su venta. Un mercado que ha venido creciendo significativamente en las últimas semanas, aupado en rumores y transacciones especulativas. Los valores del contado con liquidación pasaron de $ 13,60 el 18 de septiembre a $ 15,20 el último día del mes, sin razones económicas valederas, salvo la especulación.
Son temas vinculados a la situación que impone la restricción externa, determinada por situaciones concretas (la baja de los precios de los granos en el exterior y, por lo tanto, de los ingresos de nuestras exportaciones), como de situaciones especulativas varias, entre otras "por los sectores exportadores que están sentados, como ellos mismos han reconocido, sobre 27 millones de toneladas", como lo comentó la presidenta.
Si este grano retenido se hubiera exportado en el período habitual de liquidaciones, entre abril y mayo, cuando el precio promedio de la soja era de U$S 565 la tonelada FOB en puertos argentinos, se hubiera obtenido un ingreso adicional de divisas de U$S 15.300 millones. Estas divisas podrían haber engrosado las reservas internacionales y harían más cómodo el pago de los vencimientos de deuda externa en 2015, o podrían haberse destinado a realizar mayores compras externas de insumos industriales y bienes de capital.
Las retenciones por la venta de esa soja guardada hubieran ascendido a los U$S 3955 millones o $ 31.700 millones, reduciendo una parte importante del déficit fiscal del año actual, que es tan criticado por la oposición en el debate del Presupuesto 2015. Pero los granos siguen guardados.
Días atrás, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, reconoció que los productores "se equivocaron en retener los granos" y perdieron dinero por "no haber vendido cuatro meses atrás". Pero esta es sólo una cara de la moneda. Fue el país y la sociedad argentina la que perdió por esta conducta especulativa. Ese grano no exportado, hoy vale aproximadamente unos U$S 9100 millones, es decir, se perdieron más de U$S 6000 millones de reservas que ya no van a ingresar, porque no se espera que la soja vuelva a los U$S 565 sino que orille en los precios actuales (U$S 340). También se perdieron U$S 1580 millones de retenciones, más de $ 13 mil millones, que no se van a recuperar.
Con el objetivo de acelerar la liquidación de divisas provenientes del comercio exterior, el Banco Central implementó nuevas normas que penalizan las liquidaciones que se hagan fuera de término, que comenzaron a regir a fines de septiembre. Para los exportadores, se repuso una norma que estaba suspendida desde 2002, la cual establece que las exportaciones que no se liquiden en plazo deberán realizarse al tipo de cambio más bajo, entre el día en que venció la liquidación y aquel en el que la liquidación se efectivice. Se estima que a partir de esta comunicación se ha liquidado un porcentaje importante de estas operaciones con plazo vencido. La misma regla rige para las devoluciones que deben realizar los importadores, y desalienta operaciones como las que se realizaron entre fines de 2013 y enero de 2014, antes de la devaluación, cuando muchos importadores adelantaron el pago de importaciones de mercancías que no habían ingresado, pagándolas a un tipo de cambio de $ 6, y luego cancelaron la importación y reingresaron las divisas a $ 8, generando una espectacular e injusta ganancia especulativa.
Además, la autoridad monetaria disminuyó nuevamente el límite de dolarización de los activos de los bancos respecto de su patrimonio, llevándolo al 20%, desde el 30% que regía desde febrero pasado cuando se reinstauró la norma suspendida en 2005, situación que también generó conductas especulativas, según lo comentó Cristina Fernández, ante lo cual indicó su decisión de investigar las operaciones realizadas.
El 1 de octubre renunció el presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, y ese mismo día se designó en el cargo el, hasta ese momento titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. Seguramente se mantendrá una línea de continuidad, pues los cambios se producen dentro de un proyecto económico, político y social que se viene desarrollando desde 2003, y por lo tanto no cabe esperar golpes de timón. A ello se suman los beneficios provenientes de la modificación de la Carta Orgánica del BCRA en 2012, que define que el Central debe actuar "en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional", es decir, el representante de la voluntad popular elegido democráticamente. La tarea continúa, habrá que seguir lidiando con los efectos de la restricción externa, y reducir las expectativas devaluatorias impulsadas por intereses contrarios a la voluntad de la mayoría de los argentinos. En esta tarea están comprometidos la primera mandataria y su equipo, así como las fuerzas políticas que apoyan este proyecto, labor que debería ser acompañada por el conjunto de la sociedad, que paga los mayores costos de los intentos de desestabilización.
