Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
En una nota de mayo de 2018, en el preludio de las negociaciones con el FMI, quien escribe mencionaba en este medio algunas posibles consecuencias de este acuerdo: “metas fiscales imposibles de cumplir”, “daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso” y “una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar”.
Lamentablemente, casi dos años después, todas estas situaciones se hicieron realidad. De allí que es importante lo dicho por la misión del Fondo Monetario que visitó Buenos Aires: “El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas”, para luego agregar: “compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”. La misión también definió que “la deuda de Argentina no es sostenible” y en consecuencia “se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados”.
Queda claro que no es cierto que no haya un plan de gobierno, como algunos intentan instalar. Lo que sí ocurre es que hasta tanto no se resuelva la situación de la deuda, que por su magnitud condiciona la asignación del gasto público, no se podrán llevar adelante las medidas de fondo que permitan salir del “pantano” en el que se encuentra el país.
Las prioridades del Gobierno de Alberto Fernández quedaron bien definidas, en coincidencia con lo que se manifestó en la campaña electoral.
En materia financiera se apunta especialmente a las pymes, fuertemente perjudicadas durante el Gobierno de Cambiemos. Junto con la constante disminución de la tasa de política monetaria (pasó del 63% al 40% desde diciembre del año pasado), se implementó a partir de enero una tasa especial de financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas que ahora está en el 35% anual.
En la misma línea, la AFIP lanzó un régimen de moratoria para pymes, clubes de barrio, fundaciones, cooperativas, consorcios y obras sociales que, además de sufrir el contexto económico general de la gestión anterior, fueron castigados por el abrupto incremento de tarifas.
Otra iniciativa no menos importante en el ámbito de la salud fue el relanzamiento del Programa Remediar. Totalmente desarticulado en los últimos cuatro años, éste involucra la distribución gratuita de medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de todo el país para aquellas personas que no cuentan con cobertura social privada.
Al aumento decretado del 13% a partir de marzo para los jubilados que perciben el haber mínimo y para los beneficiarios de la AUH y de las asignaciones familiares (hubiera sido del 11,6% con la fórmula implementada en 2017) se le adiciona el lanzamiento de la iniciativa “Vivir Mejor”. La misma incluye 170 medicamentos gratuitos a todos los jubilados con el objetivo de “garantizar el derecho a la salud”, según señalaron desde el PAMI. Tal como lo establece la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, los fondos para llevar a cabo esta última medida provendrán de lo recaudado a partir del impuesto PAIS. Una muestra más de la política redistributiva encarada por el Gobierno del Frente de Todos.
En línea con la firme decisión de incrementar el ingreso disponible de los argentinos, se congelaron las tarifas de gas, electricidad y transporte durante seis meses para luego, según las palabras del ministro Matías Kulfas, efectuar “una revisión que permita reducir los costos y poder generar tarifas razonables y accesibles sobre todo donde hay mayores necesidades”.
Finalmente, teniendo en cuenta el principal destino de los ingresos de los que menos tienen, se restableció el Programa de Precios Cuidados, incorporando en los últimos días a supermercados mayoristas y distribuidores de todo el país.
Un buen comienzo en un largo camino que involucra distintos frentes de emergencia que no pueden esperar. Al mismo tiempo, se continúa con el proceso de resolver el cuello de botella que dejó el endeudamiento irresponsable de la gestión anterior.
