ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
Los últimos datos indican que gradualmente la economía continúa recuperando parte de lo perdido durante el peor momento de la pandemia. No obstante, los impactos son múltiples y se seguirán sintiendo por largo tiempo.
Según el último dato del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que elabora el INDEC, en septiembre se registró un crecimiento del 1,9% con respecto al mes anterior, con datos desestacionalizados. Si bien ya van cinco incrementos consecutivos, aún se está 7% por debajo del nivel de febrero, el mes previo a la pandemia. A esto habría que agregarle otro 7,7% de caída acumulada entre diciembre de 2017 y febrero de 2020, una forma más de calcular el impacto negativo de las políticas previas.
El impacto no es solo productivo, sino que afecta a todo un conjunto de variables sociales y laborales. Un contexto complejo que ha derivado en esfuerzos muy importantes del gobierno, aunque no son pocas las limitaciones que impone la falta de recursos: una consecuencia del crítico estado recibido de las cuentas públicas producto de la recesión, el endeudamiento y la decisión deliberada de reducir las alícuotas patrimoniales a los sectores de mayor capacidad contributiva.
Por lo tanto, es fundamental ampliar el margen de maniobra para poder morigerar los efectos de la pandemia y seguir apuntalando la recuperación de la economía.
A eso se orienta el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario que ya obtuvo media sanción en Diputados. Un aporte que será por única vez y alcanzará a las personas humanas cuyo patrimonio supere, según la valuación fiscal de los bienes, los 200 millones de pesos. Según los datos brindados por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en la presentación del proyecto en el Senado, los contribuyentes alcanzados por el gravamen ascenderían a poco menos de 12.000 personas. Esto representa el 1,2% del total de los contribuyentes que presentaron su declaración de bienes personales en 2019, y de este porcentaje un 3% realizaría el 56% del aporte total.
En el proyecto se establecen escalas progresivas para los aportes que van del 2% del patrimonio, al 3,5% para aquellas personas que poseen más de 3.000 millones de pesos. Para los bienes en el exterior las alícuotas van del 3% al 5,5%. La recaudación potencial estimada es cercana al 1% del PIB. Este monto puede ser dimensionado en base al costo fiscal directo que insumió hasta el momento el paquete de ayuda por la pandemia, brindado a hogares y empresas, que alcanzó al 4,9% del PIB. En cuanto a los destinos, el proyecto establece fines específicos para lo obtenido por este gravamen excepcional: adquisición de medicamentos (podrá enfocarse en las vacunas), apoyo a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanización de los barrios populares, programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural y financiamiento del plan Progresar para que las y los jóvenes del programa puedan seguir estudiando.
Según Marcó del Pont: “en la composición de las declaraciones juradas de los patrimonios, el 40% está valuado en moneda extranjera y cuando uno analiza ese patrimonio, casi el 93% está fuera de la Argentina y me parece importante que esta iniciativa que se está tratando sea más exigente para los que tengan activos en el exterior”. Y en cuanto a lo que desde un inicio se supo, que el aporte no afectaba la actividad productiva, y mucho menos a las PyMEs, señaló que “acá no se está grabando capital de trabajo de las empresas”. Además aclaró: “No será necesario que vendan inmuebles rurales para pagar el aporte. Para quienes declaran ese tipo de inmuebles y están alcanzados por el aporte, los campos representan en promedio el 2,4% de su patrimonio. Los datos muestran que esos individuos tienen disponibilidades líquidas que son 25 veces superiores al impuesto que deben pagar”.
En definitiva, el aporte afectaría a una porción muy minoritaria de la población (0,02%), no grava a las empresas y constituye un gran paliativo para las mayorías. Este es el concepto de solidaridad implícito en la iniciativa.
La pertinencia de la herramienta es directamente proporcional al rechazo de ciertos sectores que en nada cambiarán su nivel de vida luego del aporte. Dado el reducido universo de personas alcanzadas, la incomodidad expresada por ciertos sectores pareciera responder a la posibilidad de que se instale un precedente de progresividad en materia de redistribución de la riqueza, en la antesala de la necesaria discusión sobre la reforma tributaria.
Entre las noticias de la semana que apuntaron contra el aporte, en un medio especializado se pudo leer que “desde que el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el impuesto a la riqueza, los inversores se pusieron nerviosos y comenzaron un proceso de dolarización de carteras, que incluye no sólo pasarla de pesos a divisas, sino además mandarlas al exterior”. Pero el Aporte Solidario aplica una alícuota más alta a la riqueza en el exterior, por lo que resultaría contraproducente hacerlo. Acto seguido se indica que “no es que el que tiene que pagar el impuesto a la riqueza compra CCL, sino que al sancionarse el impuesto algunos creen que puede hacer subir el precio del liqui y se anticipan”. Un razonamiento que gira sobre sí mismo.
Ganadores y perdedores
Según uno de los últimos informes de la CEPAL, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe descendería a los niveles de hace 10 años, en el marco de una caída del 9,1% del PIB regional para 2020. Como consecuencia de ello, el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas y la pobreza a 231 millones de personas, una situación que se replica a escala global.
En el otro extremo se encuentran unos pocos, pero grandes, beneficiados. Según el ranking de Bloomberg el patrimonio personal de las 10 personas más ricas del planeta se incrementó en 267.000 millones de dólares en lo que va del año. A esta altura ya no caben dudas de que la pandemia exacerbó las grandes desigualdades preexistentes en las sociedades de todo el mundo.
En cuanto a las tendencias que se arrastraban desde antes, en un exhaustivo informe de la reconocida organización Tax Justice Network (Red de Justicia Impositiva) publicado la semana pasada se calcula que las pérdidas fiscales a nivel global por evasión impositiva ascienden a los 427.000 millones de dólares por año. Según el informe, de ese monto, “245 mil millones se pierden debido a que las empresas multinacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que realmente obtuvieron en los países en los que operan. Los 182 mil millones de dólares restantes se pierden debido a que las personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero”.
Pero además, relata el análisis, existe una gran desigualdad en las pérdidas generadas por el abuso fiscal de empresas e individuos, con un sesgo en contra de los países más empobrecidos: “los países de ingresos más bajos pierden el equivalente al 5,8% de sus ingresos fiscales cada año, mientras que los países de ingresos más altos pierden el 2,5%”.
Al evaluar los costos en términos de presupuestos en salud, esta discrepancia es aún mayor. “En promedio, los países de ingresos más bajos pierden impuestos equivalentes a casi el 52 por ciento de sus presupuestos sanitarios, mientras que los países de ingresos más altos pierden el equivalente al 8,4 por ciento”, aclara el documento.
Paradójicamente, si bien en su gran mayoría son las menos perjudicadas por la evasión fiscal, las grandes potencias mundiales son responsables a su vez de las pérdidas fiscales de otros países por proveer al resto de sistemas tributarios laxos o poco regulados. Tan es así que el llamado “eje de la evasión fiscal”, compuesto por el Reino Unido y sus territorios de ultramar, sumado a Países Bajos, Luxemburgo y Suiza, son los responsables de más de la mitad (55%) de las pérdidas fiscales sufridas por todos los países del mundo.
Estos datos ayudan a poner en perspectiva discusiones globales que se dan alrededor de la cuestión de la evasión y de la regresividad de los esquemas tributarios, y que quedan aún más al descubierto en los momentos en los que la inversión y el gasto público resultan cruciales para salir adelante.
