Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este viernes en el acto de inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, y allí pronunció un discurso en el que puso énfasis en la necesidad de construir consensos alrededor de la resolución de problemas estructurales que atraviesa desde hace años la Argentina. Entre otras cosas, dijo que era necesario generar “una discusión en serio de los problemas que tenemos en un mundo donde todo tiende a agravarse”. Y agregó: “Ni yo voy a renunciar a mis ideas ni le voy a pedir a nadie que renuncie a las de ellos, pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común sino no va a haber Argentina para nadie”. Por supuesto: quedó implícito todo el tiempo que esa búsqueda de acuerdo con los otros debía ser precedida por la búsqueda de un acuerdo entre nosotros. Es decir: buscar sumarles consensos externos a políticas con consensos internos previos.
También quedó claro que los acuerdos que proponía no eran concebidos como un objetivo final. No se trata de consensos que se impulsan en torno a políticas en abstracto sino alrededor de objetivos específicos. Por eso, la Vicepresidenta habló de regulación, de intervención del Estado, de medidas para evitar la formación de activos externos, de políticas antiinflacionarias, entre muchas otras. En simultáneo, el hecho de que describiera problemas y no sus soluciones fue parte de lo interesante de la propuesta: formuló los problemas pero los dejó abiertos para la discusión colectiva.
Finalmente, el discurso fue un aporte para tranquilizar a la sociedad en un contexto en el que sectores de la oposición económica, política y mediática intentan instalar inestabilidad, promueven la estampida del dólar impulsando una devaluación y trabajan activamente para producir un golpe de mercado.
La nueva intervención de la Vicepresidenta se produjo luego del recambio de Silvina Batakis por Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Más allá de la ratificación de los lineamientos vigentes en el plano fiscal, tarifario, cambiario y monetario, se continúa apostando al crecimiento de la economía y del empleo y a una más equitativa distribución de los ingresos. Dado que tenemos un acuerdo vigente con el FMI, no podemos dejar de expresar preocupación cuando la dirección de ese organismo introduce en su discurso reciente “la necesidad de acciones dolorosas para cosechar beneficios”. Es una señal de alerta que no debemos pasar por alto.
Volviendo al cambio de ministros, la economía no es una actividad abstracta que funciona aislada. Por el contrario, el apoyo que los proyectos económicos obtienen del espacio político que gobierna resulta determinante para su éxito o fracaso. Por eso, lo más relevante del recambio ministerial que se produjo la semana pasada es que parece haber contribuido inicialmente a descomprimir diferencias en el interior del oficialismo y, de ese modo, la gestión gubernamental podría obtener un respaldo mayor al que tenía previamente a la llegada de la nueva ministra. La consecuencia sería que las políticas del área tenderían a contar con mayor fuerza para su implementación. El discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate parece ir en esa misma dirección.
La actual coalición gubernamental tiene la responsabilidad de conducir un país que recibió en estado calamitoso: hiperendeudado, con alta inflación, con caída del PBI, pérdida de puestos de trabajo, deterioro del salario real y aumento de la pobreza, entre otros indicadores críticos. Ha gobernado y gobierna en escenarios muy difíciles. Ha tenido que negociar con el Fondo una deuda sideral. Si no hubiera llegado a un acuerdo, este año Argentina debería haberle pagado al organismo internacional alrededor de 19.000 millones de dólares. Algo similar hubiera ocurrido con los vencimientos de los bonistas privados. Todo ello, en un contexto de pandemia y de la guerra en Ucrania, con los desequilibrios energéticos, alimentarios y demás que ha generado a escala global.
Se ha hecho mucho desde el inicio de esta gestión, queda muchísimo por hacer para adelante. Necesitamos enfrentar el presente y el futuro con la mayor acumulación de fuerzas y con los mayores consensos internos. No nos sobran las fuerzas: hay que evitar la dispersión a toda costa.
En este contexto, el incremento desmedido de los precios no tiene ninguna explicación, salvo la especulación y el efecto de la acumulación de expectativas. Los productores agropecuarios, por ejemplo, tienen costos de producción locales mayoritariamente en pesos. Para el caso de que esos costos incluyan insumos importados, ellos se adquieren a través del dólar oficial. Por lo cual, en ese primer eslabón de la cadena de producción, no hay ninguna razón para que sus productos aumenten a partir de la variación del dólar ilegal.
Muchos de los que tienen un bien exportable, ante los rumores de una devaluación, los retienen para obtener ganancias adicionales con un dólar más alto. Pero puede suceder, como está ocurriendo, que bajen los precios internacionales de los productos exportables. Por ejemplo, el que tiene granos u oleaginosos guardados y no exportó, hoy tiene un producto retenido que ha perdido parte de su valor.
En paralelo, el gobierno genera herramientas para reducir la incertidumbre y la especulación: a modo de ejemplo, existe una inversión conocida como “el plazo fijo chacarero”, que permite que los depósitos se ajusten en función del valor de los cereales, las oleaginosas o el tipo de cambio. Se trata de un instrumento con el que los que intervienen en la cadena de exportación agropecuaria pueden protegerse sin especular.
Por otro lado, existe el fenómeno contrario: la sobreimportación de insumos para estoquearse más allá de lo que necesitan los distintos sectores para producir. En estos casos, esa importación excesiva intenta aprovechar el precio actual del dólar suponiendo que habrá una devaluación. De ninguna manera se trata de impedir que se importen insumos que hacen falta para la producción. De lo que se trata es de ponerle un límite a la especulación y al ingreso de productos suntuarios o competitivos con la producción nacional.
En ese contexto de ataques especulativos y de golpes de mercado, el gobierno intenta profundizar su modelo de crecimiento con distribución e inclusión. Para ello, la búsqueda de consensos internos y la homogeneidad de la fuerza política resultan de vital importancia.
