Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El congelamiento de precios que anunció el Gobierno nacional forma parte de un esquema más amplio que apunta a que la inflación no le gane a los salarios, una tarea compleja debido a las resistencias del establishment. Y, en el análisis de este proceso, la discusión que hay que dar es determinar quién es la locomotora y quién es el vagón: no puede ser que la máquina que dirige el tren sea la maximización de ganancias de las grandes empresas.
Las primeras reacciones de las grandes cámaras tras la oficialización del congelamiento por 90 días del precio de más de 1400 productos estuvieron dentro de lo esperado. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, su titular, Mario Grinman, alertó de que puede haber desabastecimiento en las góndolas: “cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”. De ser así, no habría razón para que no quieran mostrar sus libros.
Grinman también hizo alusión a la cuestión de los costos internos, como los cambiarios, cuando en rigor el tipo de cambio al que acceden las empresas para importar es el oficial, que ha mostrado un aumento menor a la inflación en los últimos meses. Además se refirió a la carga impositiva, o incluso a cuando un sindicato “te bloquea una empresa”.
Todo apuntando a la idea de alcanzar ganancias máximas y poniendo la responsabilidad de la inflación en el Estado y los trabajadores. De las necesidades y derechos de los consumidores, que son quienes le permiten generar sus ganancias, no habló.
Argentina se encuentra en una situación en que la capacidad instalada ociosa de la industria llega al 35,6 por ciento. Es decir, que se puede abastecer a la demanda postergada sin que ésta genere límites en la oferta y ello pudiera, eventualmente, presionar sobre la inflación. En el caso de los alimentos, que son el rubro de mayor peso en el índice de precios, la ociosidad es similar a la del total de la industria. Es evidente que no existen motivos para que haya desabastecimiento ni para que se acelere la inflación.
Según Gustavo Lazzari, de la Cámara de Chacinados (Caicha), entidad que integra la Copal, el control de precios “va a fracasar”, debido a que “el aumento de precios es la consecuencia de la emisión monetaria”. Los datos, sin embargo, muestran que la emisión está dentro de los parámetros esperados. Como proporción del PIB, la Base Monetaria fue de 6,4 por ciento en septiembre, algo por debajo del valor de diciembre de 2020 (7,1 por ciento); si se la mide en términos reales, se ubica en niveles de mediados de 2019.
En definitiva, la mayor liquidez o el mayor gasto fiscal volcados a la ciudadanía sólo llevarían a mayor inflación (teniendo en cuenta que se puede producir más con el capital físico existente) si hay una intención de los grandes sectores concentrados de apropiarse de los recursos nuevos que el Estado y las negociaciones paritarias inyectan en la economía. ¿Qué mejor que aprovechar el mayor poder de compra de la población para producir más y generar, entonces sí, un nivel adecuado y virtuoso de rentabilidad?
Lo que ocurre con los precios tiene que ver principalmente con la puja distributiva, en especial en Argentina. Con las diferencias del caso, esta semana se conoció que la empresa Danone advirtió sobre crecientes presiones inflacionarias el próximo año y prometió -hablándole a los mercados- que sus márgenes operativos estarán protegidos por ganancias de productividad y aumentos de precios.
Recientemente, el FMI hizo referencia a la existencia de una crisis global de suministros y a sus efectos en la inflación mundial, pero Argentina es una gran productora de alimentos, por lo que esa situación no debiera casi impactar. No hay razón, salvo el deseo de maximizar ganancias, que pueda explicar que en Argentina los precios se traten de fijar a valores internacionales. El país no puede quedar preso de sus ventajas y para ello es preciso desacoplar los precios internacionales de los internos, para que guarden relación con los salarios.
Para que se pueda seguir avanzando con éxito en medidas que cuiden los ingresos de los argentinos y las argentinas debe existir una correlación de fuerzas que permita continuar en este rumbo, que es el del modelo que implementa este Gobierno, y por eso son tan importantes las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.
