Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Cada vez son más las voces que a nivel mundial están bregando por la implementación de estructuras tributarias más progresivas, y Argentina no es la excepción. Los reclamos globales están en sintonía con la necesidad de cambios urgentes al actual sistema, basado en especulación y que deja a la mayor parte de las personas afuera.
Las contradicciones están quedando más en evidencia a partir de la pandemia sanitaria, aunque lo cierto es que venían desde antes. En el origen de las manifestaciones en Colombia estuvo el intento de reforma tributaria regresiva, que generó un amplio rechazo y derivó en un conjunto de reivindicaciones mucho más amplio.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón a Jeff Bezos en un reclamo y convalidó las exenciones fiscales obtenidas por Amazon en Luxemburgo, por unos 295 millones de dólares, en concepto de impuestos atrasados. Casualmente, Bezos compró un lujoso yate, se dice que es el más caro del mundo, por unos 500 millones de dólares. La concentración de las ganancias no para.
En Argentina se están dando pasos importantes en una dirección progresiva en materia de tributación, al revés del camino que siguió Cambiemos. El jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias de sociedades, que entraría en vigencia desde el 1 de enero de este año. El texto incorpora tres tramos, con alícuotas progresivas marginales del 25% para las ganancias de hasta $5 millones, del 30% para ganancias entre $5 y $50 millones, y del 35% para ganancias mayores a $50 millones. Si bien es evidente, resulta necesario aclarar que la segmentación se realiza por el nivel de ganancias obtenido, no por la magnitud de las ventas, del patrimonio neto o la cantidad de empleados de las empresas.
Se estima que alrededor de 120 mil empresas tendrían impuesto determinado, lo que no necesariamente indica que todas ellas pagarían el gravamen pleno, dado que hay distintos regímenes de deducción de otros impuestos, y que se pueden descontar las pérdidas de años pasados. De esas 120 mil, el grueso pagaría menos que lo que pagó el año pasado, y sólo el 4,5% vería subir la alícuota marginal al 35%. Es decir, menos del 5% de esas empresas pagará una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en los años anteriores, que fue del 30% para todas las empresas. Este tramo más alto representa cerca del 80% de lo que se espera recaudar, lo que da una clara idea de la progresividad que inspiran los cambios.
Se estima que la mayor recaudación de este impuesto será cercana a la disminución de recaudación motivada por los cambios en Ganancias de las personas humanas (por las cerca de 1.300.000 que dejarán de pagar). Estas dos modificaciones tributarias confluyen hacia una misma idea de progresividad. A este combo podría sumarse el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, cuya utilidad ha quedado de manifiesto para contribuir a financiar los gastos de la segunda ola.
Durante la sesión de la semana pasada en Diputados tuvimos que debatir durante horas alrededor de argumentos del tipo “las empresas se van a ir al Uruguay”, cuando la verdadera desaparición de empresas se dio entre 2016 y 2019.
En el debate hubo que repetir que no hay evidencia, en ningún lugar del mundo, de que reducir impuestos a las empresas haya aumentado las inversiones, que es el gran argumento que se baja desde el establishment.
La idea está siendo directamente descalificada por el presidente de Estados Unidos, por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y por varios premios Nobel, entre otros. Todos dicen, con distintas palabras, que lo único que generó bajar los impuestos a las corporaciones fue aumentar las ganancias de las corporaciones.
Hay en discusión un nuevo enfoque de la fiscalidad en el mundo. Hasta dónde llegarán los cambios es incierto, pero las pérdidas de recaudación de los principales países desarrollados y su influencia en estas cuestiones están acelerando las definiciones. Por otro lado, el poder económico está presionando por el statu quo. Podemos pensar que será en definitiva la presión de la ciudadanía en los distintos Estados la que podrá inclinar la balanza hacia cambios más equitativos.
