Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El tratamiento del Presupuesto no debiera ser visto como un trámite; es una instancia prevista en la Constitución, de vital trascendencia. No por nada el Presupuesto es llamado “la ley de leyes”. Se trata del plan de gobierno y precisa un debate serio en el Congreso.
En el discurso que brindó en el Parlamento, el presidente Javier Milei señaló: “la primera premisa de la que partimos es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar (…). Es decir, el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por los ingresos observados neto del monto de intereses a pagar por la deuda”. De aquí se desprende que todo lo que no sea servicios de la deuda es pasible de ser ajustado. Más que de un Presupuesto, estamos en presencia de una regla fiscal restrictiva.
En el proyecto presentado se estima una inflación del 104,4% para este 2024, lo cual significa que en los 4 meses que restan (septiembre a diciembre) debería haber una inflación mensual promedio del 1,2%. Quiere decir que las bases numéricas con las que se proyecta el Presupuesto están debilitadas desde el vamos.
El valor del dólar para fin de 2024 se ubica en $1.019,9, ratificando que seguirán las minidevaluaciones del 2% mensual. Para fin de 2025 se proyecta un dólar de $1.207, lo que significa un incremento del 18,3%, igual que la inflación, con lo cual se mantendría el tipo de cambio real de fines de 2024, que se estima bajo respecto al histórico. En un contexto de apertura importadora, el abaratamiento de las importaciones que la apreciación cambiaria genera no es un buen augurio para la industria nacional y las PyMEs argentinas.
El mercado interno no será la prioridad tampoco en 2025. Para el consumo privado se proyecta un crecimiento del 4,5%, por debajo de la pauta base de incremento del PBI, del 5%, una estimación bastante optimista.
Por el lado de los ingresos, Ganancias crece 0,63 puntos en términos del PBI, muy seguramente por el efecto de la introducción de la 4ta categoría durante este año. Bienes Personales cae unos 0,08 puntos, debido a la baja de alícuotas que se está produciendo. En los años venideros su participación continuará descendiendo por la disminución de las alícuotas. Un impuesto que supo ser progresivo, está prácticamente desapareciendo.
El IVA baja 0,31 puntos, lo que resulta inexplicable dado el crecimiento proyectado del PBI.
Los derechos de importación aumentan 0,06 puntos del PBI. En tanto, los derechos de exportación aumentan 0,47 puntos del PBI, duplicándose en términos nominales (+100%).
Por su parte, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social crecen en 0,5 puntos, con una variación nominal del 47,5%. Indica que crecerían más que el PBI en términos nominales. ¿Se proyectará un fuerte aumento de los trabajos formales?
Los gastos corrientes del Sector Público Nacional pasan del 21,6% del PBI en 2023 (según la Oficina de Presupuesto del Congreso –OPC–) al 16% en 2024 y se reducen al 15,7% en 2025, según las estimaciones del Presupuesto.
Por el lado del gasto, el de capital pasa del 2,2% del PBI en 2023 (también según la OPC), al 0,6% en 2024 y 0,7 en 2025. Es la destrucción de la obra pública consolidada. Cabe resaltar que, dentro de los gastos de capital, son las transferencias, que principalmente se destinan a las provincias, las que más se reducen.
En cuanto a las transferencias corrientes, el principal ítem que se recorta es el asociado a empresas privadas (fondos que están vinculados con los subsidios a las tarifas de servicios públicos) que cae un 43% en términos nominales. Otro golpe para el bolsillo de las familias y las empresas.
Vale un párrafo aparte para las provincias. En su discurso, el Presidente afirmó que el Estado nacional está para “asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley”. Y que “cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales”. La mención de Milei en la presentación del proyecto de Presupuesto fue clara: “cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo; ahora faltan ustedes”. Posteriormente, los funcionarios bajaron esa cifra a 20 mil millones de dólares, igualmente una cifra astronómica.
Más aun, cuando se propone que se hagan cargo los gobiernos subnacionales de los gastos de educación, salud, etc, cabe preguntarse ¿cómo harán las provincias para sustentar las prestaciones, si no contarán con los recursos adecuados para dar respuesta a las múltiples necesidades existentes? Es en cierta medida un paso más hacia la descentralización que se llevó a cabo en los noventa, cuando se les dieron a las provincias las obligaciones, pero no se les garantizaron los recursos. Se apunta a completar lo que les quedó pendiente a José Alfredo Martínez de Hoz, Carlos Menem y Mauricio Macri. El proyecto de Presupuesto (el plan de gobierno) recientemente presentado puede ser visto desde la lógica de las 4M.
