Contraeditorial | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno se encuentra desplegando distintas iniciativas a nivel internacional, desde la participación en el G20, la admisión de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio y el deseo de integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hasta, lo más relevante, la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Todas acciones orientadas a fortalecer una inserción pasiva y acrítica en la comunidad internacional, y que terminarán reduciendo significativamente la soberanía económica y política de nuestro país.
Mauricio Macri expresó en el acto de lanzamiento de la presidencia argentina del G20: “estamos poniendo a la Argentina en un lugar relevante en el mundo, un mundo al que le inspiramos confianza porque ven que estamos en el camino correcto”. No obstante, los países presiden el G20 a medida que les corresponde de acuerdo a un sistema determinado, nada más alejado que la presidencia se obtenga porque un país tenga tal o cual gobierno.
Durante la presidencia del G20, Macri decidió encarar tres ejes: “futuro del trabajo”, “infraestructura para el desarrollo” y “un futuro alimentario sostenible”. Son tres ejes vinculados fuertemente con la política interna.
El tema del trabajo está asociado a la necesidad de obtener más apoyo internacional para flexibilizar. En el caso de la infraestructura para el desarrollo, se busca facilitar la llegada de inversiones extranjeras (un objetivo primordial del gobierno que no termina de madurar). El instrumento principal para estas inversiones es la Ley de Participación Público Privada, que, tal como comenté durante su sanción en Diputados, pone al Estado al servicio del sector privado, abre la puerta a la privatización de bienes estatales y actividades públicas, y además aplica la lesiva cláusula de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales foráneos.
En cuanto al tercer eje, el futuro alimentario sostenible, parece orientado a fomentar su idea de convertir a Argentina en el supermercado del mundo. Lo dijo textual: “Argentina está lista para dar de comer a 400 millones de habitantes de todo el mundo”. Una visión que no coincide con la avalancha importadora que está sufriendo nuestro país, en especial de alimentos que se producen aquí. El último hito fue la aprobación del ingreso de carne de cerdo de Canadá, el tercer exportador mundial de ese producto.
También toman relevancia los temas que no serán parte de los ejes de discusión, como lo es el problema ambiental, una cuestión sobre la cual el Papa Francisco está especialmente preocupado, como lo indican sus documentos, en los que prioriza: “1. poner la economía al servicio de los pueblos; 2. construir la paz y la justicia; 3. defender la Madre Tierra”. Sin duda, la falta de especial mención a la defensa al medio ambiente no estaría lejos de intentar congraciarse (o al menos no enfrentarse) con la postura de Donald Trump en este asunto.
Otro de los temas ausentes es el de las guaridas fiscales. A pesar de que el exprimer ministro británico Gordon Brown le envió una carta al presidente argentino, como nuevo titular del G20, comunicándole que “alrededor del mundo se ha planteado preocupación por las guaridas fiscales a la luz de los Panamá Papers y los Paradise Papers” y recordándole que “el rol de los paraísos fiscales fue examinado en la cumbre del G20 de Londres en 2009 y en cumbres subsecuentes”. No se conoce la respuesta.
Muy distinta fue la actitud que tuvo Cristina Fernández cuando participó en el G20 como presidenta de nuestro país. En la Cumbre de 2013 en San Petersburgo, Rusia, Cristina Fernández propuso la inclusión de la “promoción de la transparencia” y de la lucha contra los paraísos fiscales, a los cuales solicitó denominar “guaridas fiscales”. Una propuesta aprobada, ya que en la declaración final de aquella Cumbre se sostuvo el compromiso a incentivar “la cooperación en contra de los delitos fiscales, abordando especialmente los riesgos que entrañan las «guaridas fiscales»”.
Otro tema internacional es la intención del gobierno argentino de formar parte de la OCDE. Según la definición de esta organización integrada por 35 países, la mayoría de ellos desarrollados, su misión “es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”, una definición extremadamente amplia y quizá romántica, que no permite conocer las herramientas por las que se propone llegar a tales metas.
Su informe “Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo en Latinoamérica” nos permite observar los ejes de sus políticas. En el estudio, la OCDE afirma que “asegurarse de tener un sólido crecimiento de la productividad en toda la economía es lo que fundamentalmente importa en el mediano plazo” y sabemos que la productividad está vinculada principalmente con la flexibilización laboral. Sostiene, además, que “gracias a la apertura comercial, la mayoría de los países aumentaron sus respectivas participaciones en el comercio mundial y ampliaron sus relaciones con otras regiones”. Verdaderos entusiastas del librecambio.
Desde un enfoque más político, la entrada a la OCDE supone una mayor sujeción a los ejes de las políticas globales, menor autonomía para tomar decisiones a nivel nacional y para proteger la industria. Si Argentina se convierte en miembro pleno de la OCDE, ¿tendrá que reducir aún más sus políticas, ya bastante erosionadas, de protección de su producción local? Es posible. ¿Tendrá que aceptar un mayor ingreso de bienes importados? Es casi seguro.
No obstante, el ingreso a la OCDE no entraña tantos eventuales perjuicios como los que se producirían de firmarse el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Desventajas que se incrementarían con la firma apresurada del convenio, como desea el gobierno argentino.
Las distintas cámaras empresariales argentinas que están actualmente en Bruselas, donde se está negociando el acuerdo, están preocupadas por las concesiones que pueda hacer el Mercosur respecto a la reducción de los años en que regirán aranceles elevados sobre varios bienes de origen industrial que se intenta proteger. A cambio, se les exigiría a los europeos ampliar los cupos de carnes, bioetanol y frutas provenientes del Mercosur. Una orientación que, de concretarse, intensificará aún más nuestro perfil agroexportador en detrimento de la industria nacional.
El Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sustentables, una organización privada especializada, que es financiada por varios países centrales, explica que en las últimas conversaciones de octubre de este año: “Representantes del sector público y privado del Mercosur han expresado su desacuerdo con la nueva oferta presentada por la UE, al considerarla que está por debajo de las expectativas”. Un posicionamiento que no ha llegado a los principales medios argentinos. Además, el citado Centro ha subrayado que el cupo de compras ofrecido en la actualidad es menor que la propuesta inicial de la UE: 600.000 toneladas hoy respecto a 1 millón de toneladas en 2004 para el etanol y 70.000 tn hoy respecto a las 100.000 tn en 2004 para la carne bovina. Solo un detalle de los amplios temas que se están negociando a puertas cerradas.
En un comunicado de la UIA (17.11.17) se advierte sobre las asimetrías a favor de la Unión Europea y se indica que “a su turno, los representantes de los sectores les transmitieron a los funcionarios (nacionales) su preocupación en torno a las reglas de origen, propiedad intelectual, elaboración de reglamentos técnicos y cuestiones arancelarias que podrían generar condiciones desfavorables en términos de intercambio”.
Se observa cómo la política comercial externa de la Argentina se encamina a una inserción pasiva en la comunidad internacional, profundizando la apertura total de los mercados. Una estrategia que va en contra de las últimas posturas de importantes países que se van despegando del libre comercio, debido a los malos resultados sociales que generó en las sociedades de esas naciones. De esa forma, se van corriendo hacia el proteccionismo, una política que nunca dejaron de lado, en especial los países de la UE. Desprotegerse en un mundo que cada vez se protege más, puede ser una costosa estrategia comercial de nuestro gobierno, que incrementará la dependencia económica y financiera, así como la desindustrialización, el desempleo y la pobreza.
