Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Un reciente informe de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) indica que la marcada tendencia de desigualdad preexistente dentro y entre países continúa más vigente que nunca. Señala el documento: “la mayor parte del impacto de la economía mundial se siente en los países en desarrollo, en aras de su limitado espacio fiscal, restricciones más agudas en su balanza de pagos y el inadecuado apoyo internacional (…). En países donde los niveles de pobreza ya son altos y una gran parte de la fuerza laboral está abocada a empleos informales, el impacto inmediato de incluso una pequeña recesión puede ser devastador”.
La UNCTAD considera que “un retorno equivocado a la austeridad fiscal después de una recesión tan profunda y destructiva es el principal riesgo inherente en su estimación sobre las perspectivas económicas mundiales, especialmente en el contexto de mercados laborales fracturados y mercados financieros desregulados en las economías avanzadas”.
Con respecto a la situación de la deuda argentina, el informe destaca que, “el FMI puede proveer la asistencia necesaria si traduce su retórica pro crecimiento en acciones concretas”.
En efecto, la negociación que está llevando a cabo el equipo económico argentino, con Martín Guzmán a la cabeza, para refinanciar los 45.000 millones de dólares de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el organismo es auspiciosa. Si bien aún no se llegó a un acuerdo, es importante remarcar la posición desde la cual se sentó a negociar la Argentina: la deuda “esta vez no la pagan los que menos tienen (…) el tema es cómo generamos un mecanismo de pago que se extienda lo más posible en el tiempo y que no haga que suframos como sociedad el tener que pagarle al Fondo”, dijo el presidente Alberto Fernández y aclaró que lo viene sosteniendo desde la campaña electoral.
Según el comunicado publicado días atrás por el FMI, luego de que sus funcionarios mantuvieran conversaciones con el ministro Guzmán: “Hubo acuerdo en que la inflación es un fenómeno multicausal y que reducirla requiere políticas macroeconómicas consistentes y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación”. Una visión diametralmente opuesta a la que solía tener el Fondo en otras épocas, en las cuales asignaba el proceso inflacionario exclusivamente a los déficits fiscales y la consiguiente emisión monetaria para financiarlos. Habrá que ver cómo aplica el nuevo enfoque en los acuerdos concretos con cada país.
Es destacable, además, la salvedad que hace esta misiva sobre “la necesidad de garantizar la sostenibilidad macroeconómica y salvaguardar la recuperación pos-covid en curso”. Una definición que no debería llevar a exigir la inclusión de cláusulas de ajuste del gasto público, algo que ha sido moneda corriente en otros acuerdos del organismo.
A propósito de los temas fiscales, los datos del resultado fiscal de febrero 2021 en nuestro país indican que el déficit financiero fue el más bajo de los últimos seis años. Pero además, al adentrarnos en el desagregado de gastos e ingresos, éstos muestran gran concordancia con los objetivos delineados por el Gobierno y el Presupuesto 2021.
Por el lado del gasto, se registró una caída real de los pagos de intereses, como resultado de la reestructuración de la deuda con los bonistas privados lograda el año pasado. Cabe destacar que el Estado nacional está logrando financiarse en pesos por encima de los vencimientos, producto de la normalización del mercado de deuda pública en pesos. Por otro lado, el rubro que más crece en las erogaciones del fisco es la inversión, coincidente con una de las prioridades establecidas en el Presupuesto 2021.
En cuanto a los ingresos, se destacaron positivamente aquellos vinculados a la actividad económica, como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y el impuesto a los débitos y créditos.
Todos datos que ciertamente indican, como ya mencionamos, una fuerte coherencia entre el discurso y la acción del Gobierno.
