Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
En la semana se produjo el reclamo por mejoras salariales de la Policía Bonaerense y la respuesta que brindó el gobierno nacional, entre otras, fue la creación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. A través del mismo se atenderán los pedidos de mejoras salariales y laborales y otras necesidades. Lejos de ser una arbitrariedad, como se trató de presentar en ciertos medios, lo que se hace es redireccionar recursos que no eran requeridos para los fines preestablecidos.
En el decreto 735/2020 se muestra en detalle el derrotero por el cual el gobierno de Mauricio Macri convalidó, a través de decretos, la transferencia a la CABA del equivalente a más de dos puntos de alícuota sobre los fondos coparticipables cuando transfirió la Policía Federal a la Ciudad. Su finalidad era “consolidar la organización y funcionamiento institucional de la seguridad pública” de la jurisdicción. En los considerandos del decreto 735 se afirma que la asignación “no coincide con las necesidades reales para cumplir el objetivo, redundando en una desigualdad aún mayor con las provincias”. Según los cálculos oficiales, solo hacen falta 0,92 puntos para cumplir esa tarea, menos de la mitad de lo girado.
El espíritu del actual decreto es coincidente con el de la Constitución Nacional. Señala el decreto que en el artículo 75, inciso 2, se establece que la distribución de recursos coparticipables debe ser “equitativa y solidaria (…), priorizando el logro de un grado de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades y promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar las inequidades existentes entre regiones”. En verdad, el dictado de los decretos 194/16 y 257/18 obedeció a una lógica diametralmente opuesta a los principios constitucionales recién enunciados.
Ante la contundente respuesta del gobierno nacional en el manejo del reclamo, se pudo leer en algunos medios que “tras el aumento a la Policía, los gremios estatales piden paritarias”. Son todos pedidos legítimos por resolver, aunque lo esencial pasa por los “cómo”, es decir, por las políticas. No hay que esquivar el problema de fondo: todos estos reclamos reflejan necesidades concretas de la población, que en gran parte surgen como consecuencia de las políticas neoliberales implementadas durante los años previos. Para atenderlas, también incide el recorte del gasto público y la reducción de ingresos fiscales ya heredados, más el efecto negativo sobre los ingresos debido a la pandemia. La inminente presentación del proyecto de ley de Presupuesto constituye una excelente oportunidad para debatir sobre muchos de estos temas, en pleno respeto del funcionamiento de las instituciones.
Siguiendo con las políticas, en los países centrales prevalece la fuerte intervención de los Estados para enfrentar los efectos de la pandemia. También están observándose cambios en concepciones previas, como la de la Reserva Federal, que anunció que pondrá mucho más énfasis para llegar al objetivo del pleno empleo, tolerando incluso una mayor inflación.
El Banco Central Europeo, por su parte, acaba de afirmar en estos días que “sigue siendo necesario un amplio estímulo monetario para apoyar la recuperación económica”. Las proyecciones de caída del PIB de la Eurozona se sitúan en el 8% para este año, luego de un derrumbe del 11,8% en el segundo trimestre comparado con el trimestre anterior. Caídas que no se registraban desde la Segunda Guerra Mundial.
En un artículo escrito por Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, directora gerente y economista principal del FMI, se habla de una crisis que está “lejos de terminar” y que entre otras cosas se requiere que las empresas sean apoyadas para “preservar los empleos”. En particular, para las economías emergentes y en desarrollo, las políticas deben apuntar a “expandir el empleo en el sector formal a través de subsidios”.
Esta perspectiva coincide con las políticas que están implementando las autoridades del Gobierno Nacional, que enfrenta las consecuencias económicas de la pandemia con los límites de recursos que existen y las múltiples resistencias de ciertos sectores para incrementar los ingresos fiscales. Una de las medidas para fomentar la recuperación y el empleo, que no fue muy comentada en la semana, fue el anuncio en el marco del ATP 5, del reintegro a ciertas empresas de hasta el 100% de los créditos para el pago de salarios.
Podrán solicitarlo aquellas que mantengan los puestos de trabajo o generen empleos nuevos en los próximos 12 meses. Vale recordar que el crédito a tasa subsidiada es para las firmas cuya variación de la facturación nominal de julio haya estado entre 0% y 40% interanual. Cuenta con garantía del FOGAR, una tasa del 15% —por debajo de las del mercado—, tres meses de gracia, y debe ser devuelto en 12 cuotas fijas. El monto del reintegro se definirá al final del préstamo, considerando el tamaño de la ocupación previa y si se mantuvo o incrementó la cantidad de empleados.
Una herramienta como el ATP ha venido siendo un puente importante para cuidar el empleo, para que muchas empresas estén en condiciones de seguir produciendo, e incluso para que las que tuvieron un parate puedan volver a producir. Es un muy buen ejemplo de una política activa con la que el Estado cuida los ingresos de las familias, apuesta a la reactivación y a proteger el mercado interno.
Entre los temas prácticamente ignorados por los grandes medios estuvo el anuncio que se dio en la reunión virtual del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, durante el acto por el Día del Agricultor y la Agricultora. Allí, el presidente Alberto Fernández presentó un plan de inversiones de más de $ 12.781 millones para el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena. Se apunta a reforzar a un sector que produce el 62% de los alimentos que se consumen en las mesas de los argentinos y las argentinas y que representa el 54% del trabajo rural.
Otra noticia importante tuvo que ver con la licitación de deuda en pesos, por medio de la cual el Ministerio de Economía captó 21% más de lo que necesitaba para renovar letras que vencían el último viernes. Va en línea con la mayor aceptación que se viene observando en cuanto a la deuda en pesos. De hecho, la renovación por encima de los vencimientos ha venido aumentando de manera sostenida: en marzo se renovaba el 58%, mientras que en agosto el porcentaje llegó al 123%. Esta tendencia es una muestra de la orientación que tiene el gobierno para profundizar el mercado de capitales doméstico, en particular el de moneda nacional.
En la semana, luego de que comenzaran a cotizar los nuevos títulos del canje, el banco de inversión JP Morgan actualizó la composición del índice de riesgo país que elabora, y con ello el indicador pasó de 2.150 a 1.083 puntos. Se pudo leer al respecto que “por los nuevos bonos del canje, el riesgo país cae a la mitad”. También se detalló: “no obstante, un nivel todavía superior al que se observaba apenas antes de las PASO (…), en torno a los 900 puntos”. Una mención absolutamente intencionada, que pretende minimizar los logros obtenidos. Cabe recordar que fue el modelo implementado por el anterior gobierno el que llevó al país a una situación de virtual default.
Es fundamental no hacerse eco de la agenda que se trata de instalar desde ciertos sectores, que por diversas vías, principalmente la mediática, intentan distorsionar y ocultar toda una serie de políticas que se están llevando a cabo en un complejo contexto de múltiples emergencias. No obstante, el gobierno tiene muy en claro el camino a transitar.
