Artículo publicado por Carlos Heller en el diario Tiempo Argentino. Domingo 17 de junio de 2012.
El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.), anunciado el último martes, constituye un paso importante para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de sectores de ingresos bajos y medios de la población. Forma parte, a su vez, de un abanico de políticas más amplio que viene implementando el gobierno nacional para apuntalar el crecimiento de la economía argentina, en un contexto internacional complejo que no parece despejarse. El plan de alcance nacional presentado por el gobierno consiste en el otorgamiento de créditos para la construcción de viviendas únicas y permanentes de aquellas personas que no poseen casa propia. Contempla, además, la utilización de terrenos fiscales cedidos por la Nación, alrededor de 1700 hectáreas. El programa proyecta construir unas 400 mil viviendas de aquí al año 2015, de las cuales 100 mil se levantarán entre los años 2012 y 2013, etapa en la que se proyecta invertir unos 20 mil millones de pesos. Se trata de un plan de implementación inmediata y sumamente ambicioso. Representa un envión importante para seguir buscando soluciones al déficit habitacional, una problemática que también abarca la situación de las villas, la falta de infraestructura y servicios esenciales y la existencia de terrenos y viviendas desocupadas.
De las características del programa se desprenden algunas cuestiones importantes. Una de ellas tiene que ver con su carácter inclusivo, ya que los préstamos serán destinados a la población de ingresos bajos y medios, contemplando a aquellos que no alcanzan a satisfacer los requisitos exigidos por el sistema bancario. Para recibir el crédito no habrá un piso mínimo de ingresos mensuales pero sí un techo, establecido en los 30 mil pesos. El crédito tendrá un plazo de 30 años para las personas de menores ingresos y de 20 años para los que ganen menos de 5000 pesos. El préstamo máximo será de 350 mil pesos, y las cuotas mensuales no superarán en ningún caso el 40% de los ingresos familiares netos. Podrán acceder quienes tengan entre 18 y 65 años de edad, lo que abre una puerta para la población joven, que habitualmente no tiene ahorros ni ingresos suficientes para acceder a su primera vivienda.
Las condiciones de financiamiento estipuladas dan cuenta de la progresividad del esquema. Por caso, aquellos que poseen ingresos mensuales menores a los 5000 pesos pagarán una tasa de interés del 2%, mientras que, en el otro extremo, los ingresos más altos, que van de 20 mil a 30 mil pesos, afrontarán una tasa del 14% durante los cinco primeros años, ajustable luego por el índice de salarios. De esta manera, los que tienen menos ingresos pagan una tasa menor y quienes más tienen pagan una mayor. Este esquema se encuentra en las antípodas de lo que ocurre bajo las reglas del mercado, donde la lógica comercial establece que los que menos tienen paguen tasas mayores en el mercado formal, llegando a los límites de la usura para quienes deben recurrir al informal. Las dificultades de acceso al financiamiento formal para la vivienda se vinculan principalmente a la problemática de los ingresos y a la elevada informalidad del mercado laboral, que afecta a un tercio del empleo total. Es cierto que se han producido mejoras en este terreno, pero todavía falta recorrer un largo trecho, lo que invita a seguir abonando las bases del actual modelo.
Disponemos de un sistema financiero que privilegia el fondeo de actividades más rentables, y de corto plazo, como el consumo, una situación que pone una vez más en evidencia la necesidad de adoptar nuevas regulaciones financieras, en particular en materia de tasas y destino de los préstamos, algo por lo que venimos bregando desde hace tiempo, y que nos llevó a elaborar el proyecto de reforma de la actual Ley de Entidades Financieras.
Los préstamos hipotecarios para la vivienda llegan hoy a los 24 mil millones de pesos, un monto sin duda bajo, explicado en gran medida por el accionar de la banca pública. Este número también nos da una idea de la magnitud de los recursos contemplados en la primera etapa (20 mil millones de pesos). En términos operativos, la colocación de los préstamos del Pro.Cre.Ar. estará a cargo del Banco Hipotecario SA, que posee participación estatal, para lo cual dispondrá de recursos en efectivo y de terrenos cedidos, en principio, por la Nación, activos que formarán parte del fideicomiso constituido y que administrará el banco.
El aporte de tierras fiscales a fines socialmente rentables constituye una decisión valiosa en un país que posee una fuerte concentración de la tenencia de la tierra y que ha visto incrementar sustancialmente el valor de los terrenos durante los últimos años. El efectivo provendrá inicialmente del Tesoro, que aportará una suma de 3000 millones de pesos. Se prevé que el resto sea financiado fundamentalmente por la emisión de deuda que emita el fideicomiso, instrumentos que tendrán oferta pública y cotizarán en la Bolsa de Comercio, y que podrán ser adquiridos por los particulares y por la ANSES. El plan tuvo una aceptación amplia, aunque algunas voces expresaron su posición contraria al uso del “dinero de los jubilados”, en alusión al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) administrado por la ANSES. Son las mismas que criticaron la Asignación Universal por Hijo y que suelen poner la satisfacción de las necesidades más elementales, incluso aquellas que poseen rango constitucional, por detrás de un discutible objetivo de eficiencia económica. Siguen pensando al FGS como un sistema de capitalización individual y no solidario, intergeneracional.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, mencionó, en alusión al eufemismo que habla del “dinero de los jubilados” que los fondos de la seguridad social no se nutren solo de contribuciones de y para los jubilados, como lo era hace años sino que “hoy el 50% de esos fondos provienen de impuestos generales, del IVA, de diferentes impuestos que también aportan a los fondos de la seguridad social”. Estos fondos “antes conformados por los trabajadores, ahora también lo son por el conjunto de la sociedad”.
Resultan cuestionables los comentarios que buscan desmerecer la iniciativa sosteniendo que el fondo se nutrirá fundamentalmente con recursos de la ANSES. Por el momento, el único aporte confirmado es el del Tesoro, en tanto que el esquema también contempla la participación del sector privado.
De todas formas existen razones de peso que justificarían el aporte de la ANSES. El FGS ha sido pensado fundamentalmente como un mecanismo para financiar desequilibrios del sistema previsional, no para afrontar las erogaciones corrientes de la seguridad social; tampoco para acumularse improductivamente. En la página web del FGS se lee que una de las finalidades es la de “procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, al desarrollo sustentable de la economía nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Previsional Argentino y la preservación de los activos del FGS”.
Además, estas aplicaciones representan una inversión que retorna al fondo con el rendimiento correspondiente, a la par que contribuye a generar más empleos y, por ende, más aportes jubilatorios. No parece haber alternativas mucho más provechosas que ésta. Con el programa se espera crear de aquí a finales de 2012 unos 100 mil empleos directos y otros tantos indirectos, lo cual le otorga a la medida una impronta fuertemente contracíclica. El monto involucrado representa el 1 por ciento del PBI, lo cual da otra idea de la magnitud del anuncio. La noticia, sin duda, fue muy bien recibida por las empresas de la construcción y por los sectores proveedores de insumos, algunos de ellos altamente concentrados. Atenta a esta cuestión, la presidenta realizó una afirmación importante al sostener que “necesitamos evitar las avivadas de siempre, comenzar con acuerdos de precios entre empresas monopólicas”. Los efectos del plan comenzarán a sentirse en los próximos meses y serán importantes, particularmente si se tiene en cuenta la fuerte incertidumbre que existe en torno a la situación mundial y que afectará el crecimiento de nuestra región. Lo anunciado va claramente en línea con las políticas que se vienen aplicando: de fomento de la demanda interna, protección del trabajo nacional y cuidado de las reservas internacionales. Es la contracara de las políticas de “austeridad” que están llevando a cabo las economías centrales; lo opuesto al enfoque de sumisión absoluta a los designios del capital transnacional que prevaleció aquí en los años noventa.
