Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Las principales fuerzas opositoras continúan dando señales de lo que harían en caso de asumir la gestión del gobierno en diciembre de este año. En un encuentro convocado por la Sociedad Rural Argentina, los/as precandidatos/as a la Presidencia parecían competir por ver quién ajustaría más y a mayor velocidad.
Patricia Bullrich expresó: “No tenemos más tiempo. Basta de decir que no podemos, que venimos de a poco, que venimos al trote y no al galope”. ¿No hay tiempo para qué? ¿Y al galope, es decir, “con prisa y aceleración”, como dice el diccionario? Los precandidatos y la precandidata promovieron, ya sea el déficit fiscal cero, o incluso superávit fiscal, devaluación, tipo de cambio unificado (una metáfora de la devaluación) y eliminación o reducción de las retenciones.
En ningún momento se dejó en claro cómo llegarían al déficit fiscal cero, o al superávit, ocultando que sus políticas deberían apoyarse en una poda descomunal del gasto público primario, que necesariamente impactará en las prestaciones sociales. Si además proponen eliminar retenciones y otros impuestos, hará falta un ajuste aún mayor para compensar la reducción de ingresos fiscales y no generar déficit.
Por otro lado, ¿cómo devaluarían sin que se vean afectados los precios de los bienes y servicios que consume la población? Casi seguramente se generaría un alza extendida, con niveles bien por encima de los actuales que, cabe decir, son ya de por sí muy elevados. No hay que perder la memoria. En 2015 el entonces candidato Mauricio Macri dijo que la inflación no iba a ser un tema en su gobierno y la realidad terminó yendo en la dirección contraria.
Independientemente de las supuestas “internas” en la coalición de Juntos por el Cambio, y más allá de los matices o diferencias de intensidad, el planteo de fondo en cuanto a políticas a aplicar es el mismo.
Como es habitual, Javier Milei planteó la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central y la creación de una banca “off shore”. Una política de este tipo traería serias consecuencias, entre ellas, la pérdida total de libertad para ejercer políticas monetarias y cambiarias, dificultar al extremo la financiación para las pymes locales y abrupta baja de los salarios reales, que no se podría recuperar. Son políticas que restringen la soberanía y de las que además es muy difícil volver, tal como ocurre con la dolarización en Ecuador.
Programas del FMI
En el habitual informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo acaba de modificar la proyección de inflación para Argentina, que pasó del 60 al 88 por ciento. También redujo su proyección de crecimiento del PIB para este año, del 2 (ratificada hace apenas dos semanas) al 0,2 por ciento. Resulta esencial considerar que el contexto de aguda sequía debería ser contemplado en su total magnitud en la próxima revisión trimestral, dado el reconocimiento explícito, por parte de las principales cabezas del FMI, del significativo impacto que ha tenido.
Precisamente, la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, señaló en una entrevista periodística, que “para asegurarse de que va en la dirección correcta (el programa económico argentino) requiere confianza en que habrá Reservas suficientes y que la política fiscal seguirá siendo consistente con la reducción de la inflación, lo que requiere medidas fuertes para contener el gasto fiscal. También requiere que el gasto esté bien focalizado”. Estas declaraciones van en línea con la visión general que tiene el FMI para todos los países. En el documento introductorio de “Perspectivas de la Economía Mundial” se sostiene: “los gobiernos deben procurar adoptar una orientación en general restrictiva, y a la vez brindar apoyo focalizado a quienes se ven más afectados por la crisis del costo de vida (…) se ha de recurrir a medidas temporales de apoyo según sea necesario, conforme lo permita el espacio fiscal”. Las prioridades están bien claras y son de signo ortodoxo: lo importante es el ajuste.
Argentina está en una situación de mayor exposición a las políticas ortodoxas debido a que, al endeudarse con el FMI, el macrismo instaló en el país el monitoreo trimestral de ese organismo. Es algo con lo que hay que lidiar. No obstante, a diferencia de otras épocas, el gobierno argentino gestiona la política económica con las restricciones que impone la coyuntura, como la sequía, pero con independencia de ciertas “recomendaciones” del Fondo. La ley de moratoria previsional enviada por el Ejecutivo y aprobada hace poco por el Congreso de la Nación, el Programa de Incremento Exportador, o el canje de deuda de los organismos públicos son algunas muestras de que el Estado utiliza distintas herramientas para morigerar o revertir circunstancias de la coyuntura actual.
En este sentido, el presidente Alberto Fernández fue categórico en sus declaraciones de hace unos días: “No nos van a asfixiar, y más cuando estamos viendo lo que vivimos”, a lo que agregó que no va a renunciar a que el Estado proteja a los ciudadanos y a las empresas y remarcó: “Otros (por la oposición de JxC y los libertarios), que sigan considerando que el Estado está de más, apostando a que desaparezca”. Estas afirmaciones van en línea con lo expresado por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva: “No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina el FMI y como hacían con Brasil y otros países” y fue más explícito aún al señalar que “ningún gobernante puede gobernar con un cuchillo en la garganta por el hecho de que el país sea un deudor”. Una gran bocanada de aire en una coyuntura muy compleja, que demanda, entre otras cosas, retomar el sendero de integración latinoamericanista.
Siguen los datos de coyuntura
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito para proyectos de inversión por un total de U$S 600 millones. El primer desembolso será de U$S 200 millones y se destinará al servicio de salud argentino.
También se obtendrá un desembolso del Fondo Saudita para el Desarrollo, acordado por el ministro de Economía argentino con su par de Arabia Saudita, en el marco de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial. Se recibirán U$S 500 millones para infraestructura en una primera instancia, especialmente destinados a acueductos en Santa Fe y Córdoba.
Para finalizar, se conoció el aumento de precios de marzo: 7,7%. La cifra es elevadísima, y no deja de preocupar. Lo he dicho muchas veces: el fenómeno inflacionario es producto de una fuerte puja distributiva en pos de generar la máxima ganancia para los formadores de precios, juntamente con la creación de expectativas a la suba fomentadas por la especulación, las presiones para la devaluación, y las conductas del “por si acaso”. No es fácil lidiar con estos comportamientos, pero resulta imprescindible reforzar al máximo el combate al aumento de los precios. Para ello se requiere, además de un gobierno comprometido con el tema, mayorías, tanto parlamentarias como populares; un verdadero desafío ante las elecciones que se avecinan.
