Carlos Heller – Honorable Cámara de Diputados de la Nación – Intervención en la sesión del 28 de noviembre de 2012

28/11/2012

El diputado Carlos Heller manifestó la posición favorable del Bloque del Frente Nuevo Encuentro respecto del proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputados que declara la gravedad institucional del fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, relacionado con los tenedores de bonos que no ingresaron en el canje de deuda, y autoriza al presidente de la Cámara a interponer una acción declarativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dichos tenedores no reciban mejores condiciones que los términos del canje 2010.

Carlos Heller.- Quiero fundamentar esta posición en una serie de consideraciones, algunas de las cuales me van a permitir rebatir o polemizar con cosas que he escuchado en intervenciones anteriores.

Efectivamente, estamos frente a una situación donde un juez de los Estados Unidos determina que debe aplicar una sanción ejemplificadora a un país a partir de declaraciones políticas que realiza su presidenta o su ministro de Economía. Parece claro que esta argumentación excede largamente el criterio de administración de justicia. Se parece más bien a un fallo de un juez de la colonia, a un fallo de alguien que se siente con capacidades para aplicar un escarmiento, y entonces no toma una decisión ajustada a derecho sino una decisión para hacer sentir el rigor que puede aplicar desde su posición dominante, posición que parte de los intereses que defiende y representa.

Tampoco puede olvidarse que no estamos hablando de tenedores de bonos que han resultado afectados por una restructuración. Estamos hablando de especuladores. No es, como dijo algún diputado, que se los llama fondos buitres, son buitres. Compran por monedas en situaciones de crisis, como la que tenía la Argentina cuando entró en default, y luego, utilizando su poder político, logran fallos como el que han logrado hace poco respecto de los bonos que quedaron fuera del canje en Grecia, donde los griegos, apretados por los organismos que los obligan a seguir con las políticas de ajuste y demás, les han terminado pagando, por fuera del canje, a valores nominales a aquellos que se negaron a entrar. Contra esos señores es el litigio que estamos enfrentando.

La cabeza del Fondo que nos está haciendo el juicio –que es el NML Capital  es el señor Paul Singer, uno de los operadores más grandes de Wall Street, que ocupa el puesto 392 en la lista de los mil millonarios de la revista Forbes. También fundó la American Task Force Argentina, que es la organización que se encarga de hacer lobby para sancionar a la Argentina en todos los aspectos y que ha financiado la campaña de legisladores que en el Parlamento de los Estados Unidos piden que la Argentina sea excluida de todos los créditos que otorgan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Es decir que su poder de lobby y su influencia política llegan mucho más allá y apuntan no sólo a recuperar a valores nominales esa deuda que compraron por centavos sino a sancionar políticamente a la Argentina en el marco de las posiciones soberanas que la Argentina ha adoptado.

Otra cuestión que me parece interesante tener en cuenta en este análisis es la siguiente. Acá se ha hablado de la debilidad que surge de la prolongación de jurisdicción que la Argentina ha hecho a partir de la renegociación de la deuda. Yo no soy abogado pero me voy a animar a mencionar una cuestión que tiene que ver con lo jurídico. La acción que se está llevando a cabo en contra de la Argentina no es contra los bonos reestructurados donde este gobierno aceptó la prolongación de la jurisdicción. Aunque no la hubiera aceptado, estos bonos –los que quedaron fuera del canje , estaban sometidos a ley extranjera y a Nueva York, por lo que hubiéramos vivido exactamente la misma situación. No existe ningún cambio por el hecho de haber ingresado en la negociación.

También quiero decir que habría que hacer un poco de memoria, porque parece que la película empezó ayer, y que estamos hablando de todo esto como un hecho aislado.

La Argentina que ingresó en la negociación del canje era un país que no sólo estaba en default, sino que estaba al borde de la disolución nacional.

El canje debe ser visto en el marco de las políticas que se pusieron en marcha en su momento, con la decisión de pagarle al Fondo Monetario Internacional, de no aceptar más planes de contingencia y de iniciar una política soberana, basada en el desarrollo del mercado interno y de nuestras fuerzas productivas.

Algún diputado hoy ha hablado de los beneficios que han tenido los bonistas con el cupón atado al crecimiento. Esto significa hablar después de que se vio la película. El cupón atado al crecimiento en 2004 o 2005 no valía nada, porque se trataba de una expectativa. Entonces lo que hizo el gobierno argentino es decirle a los acreedores que aceptaban una quita de más del 70 por ciento de su deuda, que si las políticas económicas que se iban a aplicar eran exitosas –donde la renegociación de la deuda era algo fundamental , una parte de ese éxito iba a servir para que la pérdida que esos bonistas debían aceptar fuera menor.

¿Con quién estamos litigando? Con los que no quisieron aceptar el canje. Con los que quedaron afuera. Vamos a ser honestos: si en 2005, cuando se lanza el canje, ingresa el ciento por ciento de los acreedores, hubiéramos dicho que se trató de un éxito absoluto. Cuando se reabrió en 2010 el objetivo era que ingresaran todos. Los que no entraron no fue porque el gobierno argentino los ha dejado afuera con una actitud perversa. Deliberadamente se quedaron ahí para litigar, para usar su capacidad de lobby y para obtener un resarcimiento de un valor nominal que no tiene nada que ver con su inversión ni con su riesgo ni con lo que han comprometido en esas operaciones.
Eso es lo que se está discutiendo. También creo que es simplificar la cosa decir que se trata de un embargo y no de un pago.

El juez Griesa ordenó que antes del 15 de diciembre consignemos el ciento por ciento de la demanda. Ya sabemos lo que eso significa, porque pretende forzar a la Argentina para que entre en un default técnico. Se trata de otro negocio que anda dando vueltas por ahí alrededor de los seguros de default, de lo que se habla bastante poco, pero existe otro par de miles de millones de dólares que están siendo jugados en los mercados internacionales. Es más: por un cambio de condiciones en algunas de las cláusulas –como podría ser el caso de pagar en otro lugar , ese default técnico se declarará haciendo saltar la cláusula de esos seguros de default, para que algunos volvieran a embolsar un par de miles de millones de dólares a caballo de esta decisión del juez Griesa que no tiene nada de inocente. Está íntimamente ligada a la defensa de todos esos intereses.

Por supuesto que no se trata de un hecho menor. Cuando acompañamos este proyecto, lo hicimos en la convicción de que estamos hablando de un hecho político, ya que sería fantástico que tanto esta Cámara como el Senado se pudieran pronunciar por unanimidad, planteando su solidaridad con quien tiene la representación integral de los intereses de la Nación, para agregarle un valor de fortaleza a esa negociación. No se trata de venir a explicar la estrategia, como lo ha hecho algún diputado; eso es tema de los abogados o en todo caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo que la llevan adelante. Se trata de hacer lo que este Parlamento puede hacer: generar un hecho político de alto impacto señalando su compromiso con el proyecto nacional y con la conducta que tienen los gobernantes defendiendo ese interés nacional y dejando en claro que si fracasa esta gestión que se está realizando ante los tribunales de los Estados Unidos no pierde el gobierno sino el pueblo argentino, porque tendríamos que enfrentar una situación en la que toda nuestra deuda podría ser reestructurada para llevarla a valores iguales.

Por eso entiendo que es importante el pedido de declaración de certeza respecto de que en ninguna situación la Argentina puede pagar a estos señores que por su propia voluntad quedaron fuera del canje para especular y litigar, y de esa manera obtener una diferencia. Que quede claro que eso es absolutamente inviable.
Estamos frente a un fallo que es una extorsión, un chantaje, y no lo podemos aceptar. Esta Cámara debería expedirse por una amplísima mayoría apoyando las gestiones que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo.

Por eso nuestro bloque –como dije- va a acompañar este proyecto con la firma de todos sus integrantes. (Aplausos.)