Con Fervor Revista Cultural | Entrevista
F: Dados los problemas sociales que deja este modelo económico financiero, ¿qué medidas deberían tomarse para paliar la emergencia?
H: La situación que recibirá el próximo gobierno demandará, según mi visión, una estrategia que, en paralelo, aborde los problemas de la emergencia y los aspectos más estructurales que consolidó la actual gestión, con su claro sesgo neoliberal. En este entorno, deben aliviarse situaciones críticas como la insuficiencia alimentaria que, según la propia ONU, aumentó a niveles alarmantes en estos años. La declaración de emergencia alimentaria es una consecuencia de ello. Es preciso incrementar el presupuesto estatal para atender el problema del hambre que existe en nuestro país.
En este sentido, también, hay que tender a una postura que contemple las dificultades de las empresas, ya que su cierre implica que, automáticamente, se incrementen los niveles de pobreza e indigencia. Uno de los aspectos a considerar es el de las altísimas tasas de interés de la economía, que afectan la solvencia de las PyMEs. A la par, es preciso comenzar a recuperar el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y las asignaciones. Son objetivos que sólo pueden conseguirse por medio de un gran acuerdo social, en el que participen todos los actores involucrados.
Desde un principio, será imprescindible renegociar las condiciones del acuerdo con el FMI, ya que las metas fiscales y monetarias deberán acompañar el proceso requerido, no impedirlo.
F: ¿Cuáles son los problemas estructurales de la economía argentina?
H: Si pensamos que somos un país que produce alimentos para 400 millones de personas y que está en situación de crisis alimentaria llegamos, rápidamente, a la conclusión de que hay un problema de fondo, que es la forma en la que se distribuye la renta nacional. El hambre es una expresión de esta injusta distribución, cuestionable desde el lado ético, pero, también, desde lo económico, ya que la desigualdad genera un mercado interno anémico y ello conspira contra la producción local y, en definitiva, contra el empleo. Es un círculo vicioso que sólo beneficia a unos pocos sectores que, de esta forma, pueden concentrar aún más su riqueza. Esto es socialmente inaceptable.
Las políticas pro mercado, de gobiernos como el de Mauricio Macri, son las responsables de esta grave situación que estamos atravesando y es algo que puede rastrearse en otros períodos de nuestra historia. De hecho, la desregulación de las finanzas, de los flujos de capitales externos o del tipo de cambio han contribuido a exacerbar la volatilidad y los comportamientos de huida al dólar, conspirando contra la moneda nacional y contra el salario. Las responsabilidades del gobierno de Cambiemos, también, son claras con respecto al tema de la deuda, ya que recibió un país desendeudado y, en menos de cuatro años, reinstaló el circuito de los noventa y la fuga de capitales al exterior. Con la deuda, además, se incorpora una fuerte presión presupuestaria por la vía del pago de los intereses, desplazando a las partidas de educación, ciencia y técnica o salud, esenciales para avanzar en un sendero de mayor desarrollo y soberanía nacional.
Vinculado con todo este escenario, está el tema de la restricción externa. Nuestro país no produce los dólares que demanda, por lo que, si se deja todo en manos del mercado, se tiende, cíclicamente, a caer en situaciones de insolvencia externa y devaluación. Por eso, es necesario apartarse del enfoque ideológico del Estado canchero, que prepara la cancha para que los actores privados jueguen su juego de maximización de beneficios. Es indispensable recrear un entramado productivo que, con el tiempo, vaya reduciendo sus requerimientos de divisas a las importaciones esenciales y, en paralelo, mantener regulaciones que permitan a la economía abastecerse de los dólares necesarios. Partiendo del criterio de que, por ser escasas y vitales, las divisas son bienes de interés público. Esto requiere un proyecto estratégico que debe encabezar el Estado, estableciendo prioridades y políticas. Se requerirá una rápida profundización de la administración de divisas, para preservar los precios domésticos de la volatilidad cambiaria y poder empezar a disminuir las altas tasas de interés.
F: ¿El sistema financiero debe modificarse?
H: Uno de los problemas estructurales es la falta de un sistema financiero enfocado en el desarrollo económico y social. Si bien, en el año 2012, se modificó la Carta Orgánica del Banco Central estableciendo, entre otras cuestiones, distintos objetivos de la autoridad monetaria, además del control de la inflación, la legislación que regula el accionar de entidades financieras sigue siendo la de la última dictadura. Desde el movimiento cooperativo, nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, al que pertenezco, históricamente, se ha bregado por un cambio en dicha regulación. A esto se han sumado entidades de carácter social, sindicatos y muchos otros sectores que creen indispensable motorizar los recursos financieros en pos de las necesidades de la producción y el empleo. En 2010, como Diputado de la Nación, presenté un proyecto de mi autoría, denominado Ley de Servicios Financieros para el desarrollo económico y social, que he ido actualizando. Su última presentación fue al finalizar mi mandato parlamentario, en diciembre de 2017.
En lo esencial, busca revertir la funcionalidad del actual esquema, tras años de extrema liberalización de los mercados financieros y de predominio de las ideas de valorización financiera. Por eso, se estipula, por ejemplo, que la actividad financiera debe ser considerada como un servicio de interés público, de forma tal de desplazar a la búsqueda de lucro en el orden de prioridades. En esta línea, se establecen, por ejemplo, normas para evitar la concentración de préstamos y depósitos en pocos bancos, la obligación de destinar parte de la cartera a MiPyMEs y se ponen límites máximos al costo financiero. Éstas, junto con otras disposiciones contempladas, apuntan a transformar el actual sistema en uno que sirva a los intereses de la Nación y al conjunto de sus habitantes. Un razonamiento que podría extenderse al terreno de las inversiones extranjeras que, también, se encuentran regidas por una ley de la última dictadura.
F: ¿Cuál es la política adecuada en materia tarifaria?
H: Desde el primer día, el gobierno de Mauricio Macri avanzó con una serie de disposiciones que buscaron actualizar las tarifas a los niveles pretendidos por las empresas del sector. Esto derivó en altas ganancias por la suba de tarifas, con el consiguiente impacto en el bolsillo de la población. Se debe apuntar a contar con tarifas compatibles con la operatoria de las empresas que proveen los servicios y con márgenes de ganancia razonables, pero, contemplando las necesidades de la gente y las empresas, en especial, las PyMEs y las entidades de la economía social y solidaria. Por ello, es indispensable desdolarizar la estructura de los precios y, por ende, los márgenes, ya que, cada suba de los valores internacionales o del tipo de cambio termina trasladándose a los usuarios, que poseen ingresos en moneda local. Debe mantenerse una política de subsidios diferenciada hacia los segmentos más vulnerables.
También, creemos que hay que avanzar en pensar a estos servicios públicos en manos de empresas que sean gestionadas por un gobierno empresarial tripartito, compuesto por representantes del Estado, los trabajadores y los usuarios. Este es un camino esencial a transitar para ir virando hacia una estructura económica con un manejo más democrático y con impactos sociales altamente positivos.
