Artículo publicado por: Carlos Heller
Tiempo Argentino - 25.03.2012
El análisis de la cuestión energética no puede prescindir de la tensión existente entre las empresas concesionarias, que buscan maximizar el beneficio y la distribución de dividendos, con los intereses de la política económica del gobierno, en especial ante el estancamiento de la producción de petróleo y gas, y las limitaciones futuras por la reducción de las reservas hidrocarburíferas, debida a la escasa o nula inversión en exploración para descubrir nuevos yacimientos.
Es esa puja entre ganancias privadas y necesidad de inversión pública la que se expuso en la reunión de accionistas de YPF de esta semana.
El directorio decidió repartir en forma de acciones las ganancias de 2011 y las remanentes de 2010, por cerca de 5800 millones de pesos. Algo muy diferente a la intención del gobierno, de aplicar las ganancias a la creación de un Fondo para explotación y desarrollo de petróleo y gas.
La empresa comunicó que “la elevada capitalización que se propone es una muestra rotunda del firme compromiso de los accionistas hacia la sociedad y sus actividades…” Pero esa elevada capitalización aumenta el valor de la empresa, poniendo una valla más alta a una eventual estrategia del gobierno de adquisición de sus acciones. En estos días, las agencias calificadoras le bajaron la nota a YPF, y surge como una pregunta si los funcionarios españoles reclamarán a estas empresas por los perjuicios que ocasiona su decisión, con el mismo fervor que lo están haciendo ante el gobierno argentino.
Hay una diferencia que puede parecer muy sutil entre destinar las ganancias a un plan de inversiones o capitalizar a la compañía, puesto que en general el capital tiene como contrapartida la inversión. Pero el capital puede utilizarse para inversiones productivas o financieras, hay una amplia gama de utilización del capital. Desde lo productivo, se puede invertir en el refinamiento del crudo y la venta y distribución de sus derivados y del gas, o en la exploración para la detección de nuevos yacimientos que derivarán en un aumento de las reservas y una posterior mayor producción de petróleo y gas. Si se analiza el exiguo interés por la inversión en exploración demostrado por la compañía durante estos años, la diferencia no es tan sutil.
Y aquí la diferencia pasa a ser significativa, primero, porque al capitalizar las ganancias, la decisión de inversión queda en manos de la empresa, y puede estar totalmente desvinculada de las urgentes necesidades de incrementar las reservas, una cuestión en la que Repsol YPF aparece como deudora en gran cantidad de contratos.
Muy distinto sería acordar con el gobierno nacional un plan de inversiones según las necesidades del modelo productivo elegido por el voto popular. No olvidemos que el principal lema de campaña de Cristina Kirchner fue “profundizar el modelo”.
La discusión sigue siendo la misma, y es dónde se centra la decisión sobre el modelo extractivo, si en las concesionarias privadas o en los distintos estamentos del Estado. Queda claro para nosotros que para profundizar el modelo, el incremento de la participación estatal en la configuración del entramado productivo de los hidrocarburos resulta esencial.
