Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El jueves por la noche el Senado sancionó la ley por la cual a partir de 2024 la gran mayoría de los trabajadores/as no pagarán el Impuesto a las Ganancias por el trabajo en relación de dependencia. La medida beneficia a unas 800 mil personas. En paralelo se crea un impuesto cedular para los mayores ingresos, quienes ganen más de 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Ese monto funcionará como base imponible y tendrán alícuotas que van del 27 al 35 por ciento. La ley tiene alcance a partir del primero de enero y complementa la medida del Ejecutivo que rige a partir de los sueldos de octubre.
El último miércoles se reunió el Consejo del SMVM y definió que para octubre el monto será de unos $ 132 mil, $ 146 mil para noviembre y $ 156 mil para diciembre. Estas modificaciones no sólo sirven para el cálculo de la base imponible de Ganancias. También impactan en las prestaciones por desempleo y en las jubilaciones. Cerca de un millón y medio de personas jubiladas y pensionadas con al menos 30 años de aportes efectivos, dado que la ley establece que en este caso el haber debe alcanzar el 82% del salario mínimo, cobrarán un adicional en octubre y noviembre, hasta que se fije el nuevo haber jubilatorio mínimo para diciembre.
El ministro de Economía, Sergio Massa, comentó: “hace más de diez años que vengo planteando (la eliminación de Ganancias), como principio de mejora en la puja distributiva de la Argentina, en defensa de la condición de clase media de nuestros trabajadores y trabajadoras”. También hizo alusión a que es injusto que los trabajadores de la economía popular y los jubilados tengan que pagar el mismo Impuesto al Valor Agregado, cuando compran productos de su canasta básica, que el que paga el dueño de una empresa o el CEO de una compañía. Massa recordó que hace algunos días se implementó la devolución del IVA sobre los productos de la canasta básica para los sectores de menores ingresos. También se envió un proyecto de ley al Congreso (que empezó a tratarse esta semana) con similar espíritu para que no sea una medida transitoria.
Desde la oposición cuestionaron el proyecto con los mismos argumentos utilizados para desmerecer cada una de las iniciativas que ha adoptado el gobierno luego de la devaluación. Uno de ellos es el supuesto “electoralismo”, con el que se quiere decir que en época de elecciones no se puede adoptar medidas favorables para la ciudadanía, menos cuando producto de la devaluación que pidió el Fondo se produjo un fuerte golpe en el bolsillo que es preciso compensar. En cuanto al argumento del supuesto incremento del déficit fiscal, si es algo que tanta preocupación les genera, podrían acompañar las varias iniciativas que apuntan a incrementar de manera progresiva los ingresos tributarios del Estado nacional.
En su tratamiento en el Senado de la Nación, el proyecto de ley de Alquileres resultó aprobado con modificaciones y, por lo tanto, volverá para su tratamiento a la Cámara de Diputados. Entre los cambios fundamentales, se mantiene el plazo (actualmente vigente) de tres años en los contratos; se establece que los aumentos sean semestrales; y se fija un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Este coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Se mantuvo sin cambios la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.
El texto aprobado fue el Dictamen de Mayoría del oficialismo del Senado, ya que la coalición de Juntos por el Cambio quería mantener la media sanción de Diputados, que preveía que los contratos vuelvan a dos años, actualizaciones cada cuatro meses y un menú de tres índices para establecer los aumentos, a acordar entre las partes.
Por otro lado, en la semana el gobierno anunció un refuerzo de $ 94.000 en dos cuotas mensuales para trabajadores informales que tienen entre 18 y 64 años y que no reciben ningún beneficio del Estado. Para financiar el alivio se estableció un pago a cuenta extraordinario del Impuesto a las Ganancias (15%), que será afrontado por empresas del sector de intermediación financiera y de servicios de seguro que hayan obtenido en el último período fiscal una ganancia igual o superior a $600 millones.
Puja por el modelo
A través de su vocera, Julie Kozack, el FMI expresó su posición en cuanto a las medidas del gobierno: “Estamos trabajando para comprender y evaluar mejor las medidas recientes y la necesidad de acciones de compensación que se puedan tomar para salvaguardar la estabilidad y los objetivos del programa, sin sumar vulnerabilidades”. También señaló que “la inflación es alta y aumenta” y que “las condiciones sociales siguen empeorando”. Como si la devaluación impuesta por el FMI no hubiera tenido ningún efecto en las restantes variables.
No hay que perder de vista que el organismo pedía una suba del tipo de cambio cercana al 100%, y que el gobierno tuvo que negociar con firmeza y consiguió que fuera del 21,8%. No hace falta mucho ingenio para proyectar qué hubiera ocurrido con la inflación si se hubieran aceptado los condicionamientos sin discutirlos.
Está claro que es fundamental crecer y sacarnos de encima al FMI, para poder avanzar con políticas soberanas que beneficien a los argentinos y las argentinas. Muchas de las condiciones para que en 2024 se empiecen a ver las mejoras ya están dadas. Un gran hecho a favor es que no estaría la sequía, y que también se empezarán a recibir los beneficios de las inversiones energéticas (Vaca Muerta y los gasoductos). Ello permitirá reforzar el frente de las divisas, reducirá la incertidumbre cambiaria y llevará a contar con más dólares para las necesidades de la producción y el empleo. En este marco de menor volatilidad también es de esperar una desaceleración de los valores de inflación.
Este escenario, muy factible si las políticas actuales tienen continuidad, se vería fuertemente afectado si alguna de las alternativas opositoras gana las elecciones.
El candidato libertario Javier Milei ya ha dicho que hará un recorte fiscal de 15 puntos del PIB, algo de lo que no se tiene registros a nivel mundial. Para tener una idea de la factibilidad, no hay que perder de vista que el gasto primario fue en 2022 de 20,4 puntos del PIB. En principio no resiste el mínimo cálculo, salvo que esté proponiendo eliminar todas las funciones del Estado, en particular las que tienen que ver con el gasto de la seguridad social, ya que el mayor peso de éste es en jubilaciones (6,9 puntos) y el resto en gasto social (4,4 puntos).
Frente a los antagonismos que algunos candidatos tratan de fomentar, resulta interesante destacar las palabras de Massa del viernes pasado. El ministro hizo un llamado a la unidad y señaló que “sin empresas no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa” para agregar que “el esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan sino los que timbean, los que especulan, los que atentan contra la Argentina”. Hacia el futuro inmediato, indicó que “en tres semanas se define el futuro de la Argentina, decidimos si somos un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, que pelea para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores o si volvemos al pasado”.
