Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Se cumplieron seis meses de gobierno de Mauricio Macri y su equipo, conmemoración que pasó casi inadvertida en la prensa concentrada, que prefiere no hacer ningún balance, dado que sería imposible presentarlo como positivo, salvo para los grandes grupos de poder económico.
Podemos decir que hay dos hitos legislativos que marcan a fuego la gestión macrista: la ley de pago a los fondos buitre, denominada “Ley de Normalización de Deuda” y la reciente ley ómnibus, denominada “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. En el caso de la ley de pago a los fondos buitre, además de concederles todo lo que deseaban, una renta más que abusiva, se la presentó como necesaria para finalizar con la cesación de pagos a la totalidad de bonistas. Sin embargo, de acuerdo a la presentación del Programa Financiero 2016 por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, aún quedan pendientes de pago U$S 1867 millones, del total de U$S 6021 millones que no ingresaron a los canjes. Es decir, el 31% del total que permanece impago mantiene la posibilidad de litigio (así lo confirmó la Cámara de Apelaciones de Nueva York) y también habría una eventual conflictividad con los bonistas que entraron a los canjes.
En el caso de la ley ómnibus que se trató extensamente en las anteriores columnas, la media sanción en la Cámara de Diputados cambió muy pocas cuestiones respecto al dictamen de mayoría, que tal como se aprobó conculca los derechos de una parte de los jubilados y pensionados y produce una reforma tributaria regresiva. Quizá la modificación más significativa es la prohibición para entrar al régimen de exteriorización de riquezas en el exterior a los padres, cónyuges, hijos y hermanos de los funcionarios, un cambio que sin embargo es menos abarcativo que el solicitado por muchos diputados que propusimos llevarla al cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Tampoco se tomó en consideración la propuesta de excluir a los contratistas y concesionarios del Estado.
Se plantea una exteriorización que no exige repatriar bienes, que solamente beneficia a quienes evadieron y reporta muy pocos beneficios para el país, pues se realizará, además, a un costo mínimo para los evasores.
Las estimaciones del dinero de argentinos en el exterior son diversas, debido al secretismo de las operaciones, y varían entre los U$S 250 mil millones a los U$S 400 mil millones. En verdad, una escasa porción de los U$S 10 billones que se estiman depositados en las guaridas fiscales. Lo que indica que este fenómeno es mundial, y desautoriza la frase de Mauricio Macri: “Hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior que se los llevaron porque no confiaron en el Estado”.
La decisión del presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, de dejar gran parte de su fortuna en el exterior, da a entender que estas decisiones van más allá de las condiciones específicas de cada país. En este punto cabe mencionar el cambio que a último momento se votó en el recinto, pasando la Unidad de Información Financiera desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Hacienda y Finanzas: de esta forma, el organismo encargado de analizar los flujos financieros para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo dependerá del ministerio que establece las políticas para el libre flujo de capitales.
Entre las propuestas que nuestro bloque Solidario-Si presentó en el recinto, se estableció que todo régimen de exteriorización de bienes y perdón fiscal debe tener como condición esencial la repatriación de los capitales, una constante de los regímenes de este tipo impulsados en los últimos años.
Entendemos que resulta esencial incorporar como destino de la exteriorización de fondos a las inversiones productivas en el territorio nacional, a través de la inversión directa en activos, como la capitalización de empresas, o la compra de inmuebles o equipamiento.
Los cambios en el régimen tributario, que no aparecen como necesarios o urgentes, terminaron votándose con leves modificaciones. En nuestra propuesta figuró la no derogación de la ley que impide la venta de acciones del gobierno en las empresas privadas que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de empresas nacionalizadas como YPF y Aerolíneas Argentinas. También rechazamos la eliminación del Impuesto a las Ganancias a los dividendos y utilidades y la extensión de las excepciones a la renta financiera. En el caso del Impuesto a los Bienes Personales, propusimos un aumento del Mínimo no Imponible (MNI) relacionado con el costo de una vivienda de 50 m2 con el siguiente esquema de tasas: MNI por hasta los $ 750 mil, tasa del 0 por ciento. Sobre el excedente de $ 750 mil hasta los $ 2 millones el 0,75%; por el excedente de $ 2 millones hasta los $ 5 millones el 1,0%; por el excedente de $ 5 millones el 1,25 por ciento. En la ley votada quedó una alícuota del 0,25% para todos los que superen el MNI a partir de 2018, incluidas las mayores fortunas. Una regresividad total.
En el caso de la regularización excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras, es decir una amplia moratoria, propusimos que debería estar estrictamente limitada a las MiPyMEs. Es inaceptable que se les brinde un régimen de regularización excepcional a los grandes grupos económicos, incluidas las multinacionales, cuando de ninguna manera su situación lo requiere.
En la cuestión más significativa, que tiene que ver con los derechos de nuestros jubilados, propusimos pagar íntegramente y con prioridad las sentencias firmes, con fondos del Presupuesto vigente para el Ejercicio 2016, que destina $ 12.500 millones a tal fin. De no ser suficiente este monto podría utilizarse la renta o parte de la renta del FGS y si aún no alcanzara con eso sería mucho más sensato pensar en desprenderse de algunos títulos y obligaciones del FGS que de las participaciones en las empresas que tiene el Estado.
Para aquellos que no tienen sentencia firme, el recálculo de los haberes y de los retroactivos debe realizarse de acuerdo al cálculo habitual que realizan los juzgados, sin limitación en los años de retroactivo. Para aquellos que no han iniciado juicios, sus haberes deben recalcularse de acuerdo a la misma fórmula.
Además, rechazamos de plano la declaración de “la emergencia en materia de litigiosidad previsional”. Más que una reparación histórica es un chantaje, porque estamos hablando de gente de elevada edad que no puede esperar años para recibir lo que le corresponde, y se ve presionada a tener que aceptar las fuertes quitas que proponen el gobierno macrista y la oposición que acompañó en la votación.
Mientras se decreta la cuasi desaparición del Impuesto a los Bienes Personales, que recaudó $ 18 mil millones en 2015, y la exención al pago de los dividendos empresariales, existe un conflicto por el pago del Pami a las farmacias por unos $ 2.000 millones y se pone en riesgo la salud de los jubilados y pensionados, mientras las usinas de comunicación amigas del poder hablan de la “reparación histórica”.
La ley ómnibus y el pago a los fondos buitre son hitos que marcan a fuego una característica que ha evidenciado la gestión macrista en estos seis meses: una profunda regresividad en la distribución del ingreso que, además de ser muy injusta, genera un fuerte enfriamiento de la economía.
Una gestión apañada por una oposición “amigable”, que nos lleva a pensar que, más que oposición, es otra fórmula política para asegurar la persistencia de un Estado manejado por las corporaciones y que persigue sus intereses a costa del bienestar popular.
