Por Eduardo Fernández
Mientras los voceros más violentos de la política argentina encabezados por Mauricio Macri insisten en profundizar sus mensajes agresivos y apocalípticos, nuestro Gobierno sigue cumpliendo los compromisos propuestos. En este sentido ingresó al Poder Legislativo el Presupuesto 2021 que establece los grandes parámetros del plan económico del Gobierno nacional para salir de las dos crisis (la provocada por el modelo neoliberal y la provocada por la pandemia) que vivimos en los últimos años.
En paralelo, comenzó la discusión sobre el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario, que con un gran aval social, tendría dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados la próxima semana para que se trate finalmente en el recinto legislativo.
El proyecto coordinado por Carlos Heller y Máximo Kirchner permitirá atender parcialmente los costos de la pandemia bajo la premisa de que las personas humanas con mayor capacidad contributiva, que según cálculos no llegará a diez mil personas, colaboren con una recaudación aproximada de 300 mil millones de pesos.
Es evidente que el Aporte que se aplicará por única vez no es bien visto por los sectores del poder económico concentrado, pero sería inadmisible como sociedad que nos permitamos que a la crisis la vuelvan a pagar quienes menos tienen. Esto supone un cambio de paradigma respecto a la visión macrista, pasando de un modelo individualista a un modelo solidario.
Por ello es fundamental dejar en claro que en este debate político se discute si le pediremos a quienes más tienen hacer un aporte que no alterará su condición privilegiada con una visión federal, o si seguimos ampliando la brecha de desigualdad como ocurrió desde el Estado en los cuatro años de Cambiemos.
La realidad argentina
En la discusión en Comisión, quienes mostraron el mayor rechazo al proyecto fueron diputados de Juntos por el Cambio. Algunos de los inconsistentes argumentos se dirigieron a posibles trabas jurídicas, que sabemos que algunos sectores intentarán poner, la supuesta caída de inversiones o la crítica sobre la presión tributaria argentina.
Algunos datos que derriban esos supuestos los brinda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que establece que en Argentina la presión tributaria no llega al 23 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en países europeos autodenominados desarrollados, la presión es el 34,2 por ciento, con el agravante de la regresividad de nuestro sistema tributario en comparación con el de los países comparados.
Sobre la mudanza de algunas grandes empresas, como el caso de Falabella que finalmente se queda en Argentina, es importante contextualizar que en el marco de la crisis mundial, las medidas tomadas por esas multinacionales son similares en distintos países del mundo, por lo que no estamos hablando de un proceso que se dé sólo en Argentina. Más allá de esta amenaza que hacen muchas grandes firmas, parece pertinente recordar que no escuchamos a estos dirigentes con la misma vehemencia cuando miles de pymes cerraban durante el gobierno macrista del que formaban parte.
Un dato que no mencionaron en la oposición es el destino de los fondos que se recauden en caso de que se apruebe la ley. Un 20 por ciento irá a equipamiento médico, medicamentos y vacunas; otro 20 por ciento a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas; un 20 por ciento para becas educativas Progresar; un 15 por ciento para el programa de Barrios Populares; y un 25 por ciento a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural; todos con un sentido federal.
En esta línea, uno de los compromisos del Gobierno de Alberto Fernández fue recuperar la producción y el trabajo, fomentar la industria del conocimiento y resolver las dificultades que tienen los sectores más vulnerables. Seguimos en este camino, con el compromiso de lograr un país más solidario para todas y todos.
