Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El dato de inflación de octubre (6,3%) estuvo en línea con el registrado en el mes de septiembre (6,2%) y, si bien son valores más bajos que los de julio (7,4%) y agosto (7%), sigue siendo una tarea crucial consolidar una mayor desaceleración, ya que en los actuales valores no hay política de ingresos que se sostenga. Por su parte, el índice de precios mayoristas mostró un aumento del 4,8%.
El presidente Alberto Fernández señaló que los “dos déficit” que tiene la actual gestión y que hay que resolver son “el problema inflacionario y de la distribución de ingreso”, cuestiones que están naturalmente vinculadas ya que, como habitualmente sostengo, la causa fundamental de la inflación tiene que ver con la puja distributiva.
Alberto Fernández hizo una referencia particular al rubro de mayor aumento en el mes, el de Comunicación (12,1%), explicado principalmente por la suba de los servicios de telefonía, internet y cable. Recordó que el gobierno pretendió declarar a ese servicio como “esencial” para poder regular sus precios, pero aún se está esperando una resolución sobre los amparos presentados. Al tema también se refirió Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del jueves, agregando que una tarea fundamental es comenzar a “alinear precios, salarios, tarifas, para que ese crecimiento no se lo llevaran cuatro vivos”.
Para reducir la inflación, una condición necesaria es que el Estado pueda ver qué está ocurriendo al interior de las cadenas de valor. Al respecto, una noticia importante es que el gobierno convocó para esta semana a una reunión entre funcionarios de distintos ministerios, cámaras empresarias y sindicatos, con el objetivo de poner en marcha la Ley 26.992, que en 2014 creó el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. La finalidad del mismo es monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en todo el país.
Dentro de la caja de herramientas están los Precios Justos, un programa muy abarcativo que dura 4 meses e incluye, por un lado, cerca de 2 mil productos que tendrán estabilidad de precios. Por el otro, habrá 30 mil productos elaborados por las empresas participantes que no podrán tener incrementos de más del 4% durante cada mes. Mientras tanto, el Gobierno facilitará la provisión de insumos, entre ellos los importados, con la fluidez que requiere el proceso productivo.
Tras conocerse los detalles de Precios Justos algunas voces salieron rápidamente a señalar, lejos de todo rigor, que el acuerdo no se podrá cumplir porque históricamente ello no ha ocurrido. No hay que pasar por alto que en el acuerdo participan las principales empresas que representan el 86% del total del consumo masivo. Se trata de un acuerdo voluntario entre el Estado y empresas proveedoras de bienes de consumo masivo, supermercados mayoristas y minoristas de todo el país.
Entre las críticas se sostuvo que muchas empresas adelantarían las actualizaciones de precios antes de entrar al acuerdo, aunque en realidad el valor con que los productos deberían entrar al programa es el promedio registrado durante octubre más un 4%, con lo cual, si se cumple con lo pactado, de haber aumentos anticipados deberían retrotraerse.
Otra característica distintiva que se incluyó tiene que ver con el monitoreo para su efectivo cumplimiento, no sólo en materia de precios sino también de abastecimiento. Se estableció un mecanismo de participación de las intendencias, para que en todo el país se puedan realizar los monitoreos a nivel local. Del mismo modo, habrá una intervención activa de los propios consumidores, a través de una aplicación que permite verificar en el acto el acatamiento de lo acordado. Por otra parte, se advirtió que los eventuales incumplimientos serán sancionados con las multas que correspondan.
El gobierno está absolutamente comprometido en proteger los ingresos de las personas. No se busca que la inflación baje a cero, sino profundizar un proceso descendente para que se ubique en línea con el 60% anual, que es la meta contemplada en el Presupuesto 2023. Precios Justos es una herramienta más para avanzar en esa dirección.
