BAE | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El desarrollo de políticas específicas es una cuenta pendiente del Gobierno nacional
En el centro de la Ciudad de Buenos Aires suelen irrumpir, como un aluvión inesperado, movilizaciones históricas que hacen crujir los modos conservadores de la política y los arcaísmos culturales que se resisten a ser superados por el progreso social.
Hace un par de semanas, una multitud conmovedora de mujeres, vestidas de negro y bajo la protección de sus paraguas, llevaron sus presencias y sus voces hacia la Plaza de Mayo denunciando los femicidios, la discriminación y la profunda desigualdad que sufren en diversas facetas de su vida.
Junto a la masividad de la convocatoria, todo el sistema político expresó su adhesión. Hasta pudo verse -en fotografías muy difundidas- a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, junto a todo su equipo de mujeres, y a Juliana Awada levantando cartelitos con la inscripción “Ni una Menos”.
Sin embargo, más allá de las adhesiones formales y de las sonrisas para la foto, hay un lugar donde mueren las palabras y las muecas: en los presupuestos que asignan o en los recursos económicos que niegan. Allí se define la ideología de un gobierno. Y, en relación a los programas que asisten a las mujeres que sufren situaciones de violencia en sus diversas expresiones física, sexual, simbólica-, o a su grupo familiar y en particular a los niños y niñas, el Gobierno de la Ciudad viene reduciendo el presupuesto de modo gradual y sostenido.
En la última campaña electoral, tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el nacional, que encabeza Mauricio Macri, se comprometieron al desarrollo de políticas específicas ante este grave problema social. Entre ellas anunciaron la creación de una red protectora contra la violencia, la extensión a todo el país de los Centros de Primera Infancia y la multiplicación de los jardines maternales. Estas políticas no se cumplieron, o fueron minimizadas por falta de fondos o subejecuciones presupuestarias. Por el contrario, en su lugar, aceleraron el desmantelamiento gradual del área destinada a sostener las políticas contra la violencia de género.
Tomemos un ejemplo: los Centros Integrales de la Mujer (CIM). De acuerdo con la ley 5.466, que fue votada a fines del año pasado, el Gobierno de la Ciudad debía asignar el presupuesto que garantizara el funcionamiento de un CIM por comuna. El objetivo final era llegar a la creación de uno de estos centros por cada 50 mil mujeres. Promediando, y dada la cantidad de habitantes que hay en cada una de nuestras comunas -entre 160 y 240 mil resultaba obligatorio llegar a dos Centros de Asistencia Integral a la Mujer por cada una de estas circunscripciones.
Decíamos: en los presupuestos mueren las palabras. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires hay solamente ocho CIM. Los Centros Integrales de la Mujer no se hicieron, o no se pusieron en funcionamiento. Además, el Gobierno de la Ciudad ahora dice que en el futuro van a ser gestionados por organizaciones sociales, relegando el lugar del Estado que tiene el deber indelegable de ocuparse de este gravísimo problema. No se cumplió con la promesa electoral, ni con lo estipulado por la ley.
Un segundo tema: la falta de personal en la Dirección General de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires. No hay suficientes profesionales médicos, de enfermería, asistentes sociales, psicólogos/ as y personal administrativo imprescindible para llevar adelante una tarea tan delicada y en la que no se puede improvisar. Se trata aproximadamente de 22 millones de pesos anuales, monto que en los números de la ciudad es muy poco, y con lo que se resolvería el problema de la falta de personal especializado.
Esta carencia de profesionales es consecuencia de una política deliberada de ajuste por goteo: en el 2007 había 500 empleados en esta dependencia, hoy sólo hay 280. No se reemplazan las vacantes, las jubilaciones, los fallecimientos ni los retiros, por lo cual se va produciendo un ajuste de modo gradual, sin que se perciba abiertamente. Además se dificultan cuestiones básicas como la atención del call center, cuya existencia, al igual que la de los Centros de Atención, no se difunde adecuadamente. Este no es un tema que se pueda relativizar, ya que la mayoría de los llamados son de mujeres en situaciones límite, y si no se atienden puede perderse la posibilidad de ayudarlas frente a situaciones en la que podría haber riesgo de vida.
Existen otras restricciones: hay sólo tres hogares convivenciales donde se asiste a mujeres víctimas de la violencia de género-, en una ciudad de tres millones de habitantes.
El presupuesto del programa de asistencia a las víctimas, que es el más importante de la Dirección General de la Mujer, se incrementó este año en un 7% con respecto al 2015: pasó de 71 millones de pesos a 77 millones. Muy por debajo del crecimiento de la inflación difundida oficialmente por el gobierno de Rodríguez Larreta; o sea que se achicó.
Además el presupuesto total de la Ciudad aumentó un 45%, muy por encima del 7% que le correspondió a esta área.
Todo lo anterior está en sintonía con el hecho de que nuestra vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se abstuvo en la ley de Fertilización Asistida, votó en contra del Matrimonio Igualitario, de la Ley de Identidad de Género y de la Ley contra la Trata. No se puede negar su coherencia.
A la hora de la verdad, asignaciones presupuestarias y leyes reparadoras de derechos es donde mueren las palabras y aparecen las verdaderas conductas políticas, más allá de bailes y globos de colores.
