Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se lanzó a una fantástica campaña publicitaria enarbolando el eslogan “La transformación no para”, con un doble propósito: contribuir a la operación de marketing pro-presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, financiada con fondos públicos, y ocultar, tras las brumas de los carteles y spots televisivos, las falencias de la gestión causante de las crecientes y cada vez más visibles desigualdades, que son las que en realidad “no paran”. Estas fracturas se exhiben en varios planos: social, cultural y geográfico entre el Norte y el Sur. La visión tendiente a segmentar la vida ciudadana se manifiesta también en los recortes presupuestarios en áreas críticas como salud, cultura, vivienda, restricciones a los salarios docentes e infraestructura escolar. Otro rasgo constitutivo de la derecha porteña es su asociación con los grandes desarrolladores inmobiliarios que han ido generando las protestas de vecinos/as, organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes y profesionales de la salud, que vienen resistiendo tal “transformación” que, cada vez se parece más a una metamorfosis que remodela la fisonomía de nuestra ciudad, haciéndola más inhóspita en términos ecológicos y menos convivencial.
El constante desprecio del GCBA por los espacios institucionales democráticos establecidos por las leyes es notable, de allí que las calles y las plazas hace tiempo que se transformaron en un lugar ciudadano para manifestar el rechazo a las medidas políticas y negociados que la gestión larretista realiza en detrimento de la calidad de vida de los y las porteñas. En estos años, y especialmente con las transformaciones del espacio público producto de un avance inmobiliario “imparable”, los reclamos encontraron un cauce organizativo desde el vecindario, que se tradujeron en manifestaciones, peticiones con formatos novedosos, junto a acciones legales y legislativas. Algunas tuvieron éxitos totales o parciales, y otras no lograron torcer el brazo del gobierno y de su mayoría legislativa. Los conflictos, ya sean por la construcción de edificios que destruyen las identidades barriales o por la reducción de los espacios verdes, que Larreta intenta disfrazar sin éxito bautizándolos como “parques lineales”, o “calles de convivencia”, se suman a los recortes en áreas sociales, incluyendo las destinadas a la protección de mujeres en situación de violencia. Todas tienen un rasgo en común: la falta de escucha a las opiniones críticas y los reclamos, y una política velada pero pertinaz, de restringir toda forma de protagonismo o participación del pueblo en la cosa pública.
En estos tiempos de macrilarretismo tanto las acciones en los barrios, como las audiencias públicas, canales naturales de contacto con la sociedad local, se han visto siempre restringidas y rechazadas. Uno de los casos más emblemáticos es el de los terrenos de Costa Salguero, Punta Carrasco y Costanera Sur, en los que el rechazo ciudadano fue contundente, con participación histórica en audiencias públicas y bicicleteadas como forma de protesta. Sin embargo, hasta ahora no se logró que el gobierno porteño se haga eco del masivo reclamo, que además sostiene la decisión de construir la muralla de cemento frente al río, que luego usufructuarán los sectores más pudientes. En el último tiempo se generaron otros conflictos: en la Plaza Malaver de Villa Ortúzar por la destrucción del patrimonio histórico, el intento de recortar los Premios Municipales a la cultura que movilizó a dramaturgos, escritores y artistas logrando frenar ese despropósito. En el plano del reclamo medio ambiental, la tentativa de “cementizar” los playones ferroviarios de Caballito y Colegiales, en lugar de crear parques y espacios culturales; el arroyo abierto en Parque Saavedra, rechazado por los habitantes de la comuna 12, las “veredas verdes” en Boedo, la destrucción del adoquinado en San Telmo, el denunciado barricidio que ocurre en Villa Ortúzar, Núñez y el Bajo Belgrano como consecuencia de las modificaciones realizadas a los códigos urbanísticos, el conflicto por el destino comercial del Palacio Ceci para promocionar el vino argentino donde actualmente funciona la Escuela Especial para sordos Bartolomé Ayrolo, las protestas por el permanente intento de cierres de los profesorados con la excusa de la UNICABA y por la falta de escuelas y vacantes, cuyo caso más emblemático es el de “las 54 escuelas imaginarias”, que no se terminan nunca, los intentos de mudar la Escuela de Cerámica de Almagro, las luchas de enfermeros y enfermeras contra sus despidos, el reclamo de maestra y profesores por la modificación del estatuto docente, el “parque lineal” en la Avenida Honorio Pueyrredón . En este caso, es notable el desprecio a la opinión y deseo de los y las vecinas: no sólo no es escuchado su reclamo, sino que a sabiendas que en la calle, en la Justicia y en las audiencias públicas, la iniciativa será rechazada por la ciudadanía; Larreta utilizó a la legislatura para sacarlo por ley, gambeteando impúdicamente el reclamo de las fuerzas vivas de la comuna.
Esta extensa enumeración demuestra que en la sociedad porteña se expresa en forma creciente una voluntad política democrática que reclama ser escuchada, y que choca contra los límites a la participación, tanto en los espacios institucionales como en las calles. Estas movilizaciones y protestas vecinales muestran además un rechazo cada vez más sostenido al manejo de lo público por parte de la administración PRO. La democracia es negada si no se escucha al pueblo, ni se da lugar a su opinión, sus reclamos y deseos. En los barrios porteños se va reconociendo que el modelo de ciudad pensado e instrumentado por Mauricio Macri y Rodríguez Larreta no se corresponde con sus necesidades, con la búsqueda de ámbitos más sanos y limpios en términos ecológicos y más convivenciales en un sentido social y cultural. El problema es la desigualdad creciente y la negación de la participación del pueblo; no el sofista larretista de la “transformación”.
