Tiempo Argentino | Intentan limitar a nuestro gobierno
Piensan que intentando congelar el Bonar24 se encarecería el financiamiento, pero el mercado, en verdad, los ha superado.
Por Carlos Heller
Los fondos buitre Aurelius Capital y Blue Angel presentaron en la semana una demanda ante el juzgado del juez Thomas Griesa para congelar los pagos de vencimientos de la exitosa colocación de deuda soberana argentina del pasado 21 de abril. El Ministerio de Economía dejó bien en claro que la emisión de Bonar 2024 "se trata de deuda doméstica denominada en moneda extranjera, que nada tiene que ver con la jurisdicción del juez Griesa".
De acuerdo a los abogados argentinos a cargo del litigio en Nueva York, para que los buitres puedan seguir adelante con la demanda y demostrar que el Bonar 2024 podría calificarse como "deuda externa", Griesa debería recibir pruebas concretas de que el Deutsche Bank, el BBVA y el fondo de inversión Marathon ejercieron su rol de agentes financieros en la emisión (lo cual fue demostrado como falso por el gobierno argentino). El pedido buitre lleva a que las agencias de clearing internacionales hagan públicas sus operaciones ante el magistrado, algo estrictamente prohibido por las regulaciones norteamericanas, además de iniciar un proceso que por las distintas instancias judiciales llevaría la resolución de esta nueva causa hacia fines de 2016.
No es una estrategia que aparezca como efectiva, pero persigue otro objetivo que también puede ser fugaz, complicar las futuras emisiones de bonos, y por lo tanto el financiamiento del gobierno en los mercados internacionales. Los buitres piensan que con estas acciones se encarecería el financiamiento, pero el mercado, en verdad, los ha superado. En la emisión de Bonar 2024 de abril pasado las ofertas han sido muy importantes, indicando que poco les importa a los inversores las acciones de los buitres. Además, el interés obtenido recompensa eventuales demoras en los pagos –que igualmente no se prevén–.
Según el Ministerio de Economía, la mencionada presentación "confirma que la estrategia de extorsión diseñada por los fondos buitre a través de la orden pari passu no les ha funcionado, razón por la cual están redoblando sus ataques de manera cada vez más desarticulada e ilegal, incluso en los términos de la sentencia del propio Griesa", a la vez que asegura que "queda de manifiesto, una vez más, que las órdenes pari passu dictadas por el juez Griesa, lejos de constituir una herramienta para solucionar el conflicto, lo han profundizado".
Concomitantemente, los abogados de la Argentina presentaron ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York un escrito para que se liberen los pagos de los títulos públicos denominados en dólares bajo jurisdicción nacional, aduciendo un "tecnicismo jurídico" (Ámbito 15.05.15). Si la Cámara de Apelaciones hiciera lugar al reclamo argentino, una actitud no habitual, se le debería aceptar al país pagar los bonos emitidos bajo jurisdicción nacional ya que no estaban incluidos en el fallo primario de Griesa. Esta solicitud argentina ante el tribunal de segunda instancia estaría provocando, por sí misma, una suspensión de los efectos de la presentación que hicieron los buitres en esta semana.
En una decisión que ya está siendo repetitiva, el gobierno de Estados Unidos designó al director ejecutivo de la American Task Force Argentina (ATFA, organismo destinado a injuriar y difamar a nuestro país), Robert Raben, en el directorio de la iniciativa My Brother’s Keeper Alliance, una ONG lanzada por la Casa Blanca el año pasado para ampliar las posibilidades de inserción de la juventud en el mercado laboral y contrarrestar la desigualdad de oportunidades (Tiempo 10.05.15). Al conocer esta decisión, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, envió una nota al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, repudiando este nombramiento. Dice Timerman: "La iniciativa emprendida es a todas luces noble y de gran importancia", por lo que "no resulta admisible que se permita la utilización de la misma, con fines espurios, por parte de quienes pretenden enmascarar su imagen y ocultar así la defensa de intereses perversos como los de aquellos que abusan de los pueblos especulando con las reestructuraciones de la deuda soberana".
Y si bien no resulta conveniente desconocer los problemas que genera el accionar de los buitres (fallo de Griesa mediante), se destaca el excelente manejo que ha hecho el gobierno argentino de las operaciones financieras efectuadas para los pagos y la colocación de nueva deuda, así como la importancia que ha tomado a nivel de Naciones Unidas la necesidad de construir un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana, fomentado por nuestro país. La presidenta Cristina Fernández lo ha dejado en claro el martes: "nosotros le pusimos nombre y apellido a lo que es la usura y el despojo internacional".
DEBILIDADES ESTRUCTURALES EN ALyC. La CEPAL y la OIT acaban de publicar un informe conjunto sobre la situación social y laboral en América Latina y el Caribe (AlyC). Allí presentan los principales desafíos y algunas propuestas de política con miras a minimizar los impactos derivados del contexto global, que en 2015 llevaría nuevamente a una baja tasa de crecimiento regional, "que impactará en el mercado laboral y que genera preocupación por la posibilidad de un estancamiento o incluso un retroceso en los logros alcanzados en los últimos años". Esta situación es posterior a un período en el que, más allá de las diferencias entre países, la fuerte generación de empleo, fundamentalmente asalariado, contribuyó a disminuir decisivamente la pobreza y a mejorar la matriz distributiva, un proceso que se encuentra estancado por la desaceleración del crecimiento a partir de 2011, realidad compleja para la región más desigual del mundo, y donde cerca de 167 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza.
En un marco de magra generación de empleo, la desocupación cayó del 6,2% en 2013 al 6% en 2014, en principio algo paradójico, aunque puede ser explicado en virtud de lo ocurrido en las principales economías de la región (Brasil, México y Argentina), que registraron una caída en la población económicamente activa (personas que trabajan o buscan trabajo) respecto de la población total.
Siguiendo el informe, una de las hipótesis manejadas es que "la causa de este comportamiento inusual habría sido, principalmente, la mejora de los indicadores laborales acumulada durante el decenio anterior, que en el caso de muchos hogares redujo la presión de tener que compensar la debilidad de la demanda laboral (expresada en una baja creación de empleo asalariado), por medio de la inserción en actividades informales".
Para la CEPAL y la OIT, a este proceso podrían haber contribuido los aumentos de los salarios medios verificados en el último decenio, así como los programas dirigidos a incentivar una mayor permanencia de los jóvenes en los sistemas educativos. Es una dinámica que calza perfectamente con la situación de nuestro país, donde en 2014 la tasa de participación del segmento de jóvenes de entre 14 y 29 años se contrajo proporcionalmente más que la del segmento que va de los 30 a los 64 años. Una evolución que puede ser expresada en gran parte por el Progresar, programa que apunta a respaldar a los estudiantes de 18 a 24 años que poseen menores recursos económicos, y que evidencia, además, la importancia de la inversión en educación destinada a los jóvenes.
Lo comentado da pie para seguir profundizando la senda de la defensa del empleo y los salarios, perspectiva que ha venido siguiendo el gobierno de nuestro país, a contramano de lo que plantean los promotores neoliberales del Estado mínimo y de la flexibilización laboral. Y más aún cuando la CEPAL y la OIT plantean que existen persistentes debilidades estructurales en los mercados de trabajo de la región, que hacen prever un incremento de la tasa de desempleo. Por ello señalan que es necesario revertir los elevados niveles de informalidad y de desprotección social, y que "sólo con mayores recursos provenientes del cobro de impuestos, los países de la región podrán poner en marcha políticas públicas que permitan incrementar la cohesión social y construir sociedades más igualitarias". Esta postura va en línea con el desafío primordial de sostener altos niveles de recaudación fiscal, además de modificar la regresividad tributaria actual sin desfinanciar al Estado nacional, lo que nos lleva a pensar seriamente en gravar con mayor intensidad a las grandes rentas y a las riquezas de los estratos más altos de la sociedad.
