La causa judicial que los fondos buitres sostienen contra el gobierno argentino es interesante desde diferentes perspectivas. Están las cuestiones más técnicas, tanto sobre el alcance y los límites de una nueva jurisprudencia sobre las eventuales futuras reestructuraciones de deuda soberana -particularmente de varios países de la ahora desmoronada periferia europea- como sobre las nuevas cláusulas que deberán tener los bonos de acá en adelante. También están los interrogantes más políticos, los que llevan a pensar el posicionamiento de los gobiernos y las grandes corporaciones económicas respecto del juicio, cuyas expresiones no dejan de sorprender. Sin embargo, las aparentes contradicciones que se entre los posicionamientos ideológicos más tradicionales y la postura en ese conflicto puntual revelan la complejidad y singularidad del juicio.
Por Juan Carlos Junio
Sabiendo el peso del poder mediático sobre las “expectativas” de los agentes económicos, resultan sugestivos los editoriales de varios de los periódicos financieros más importantes del mundo, como el del New York Times, condenando el fallo del juez Thomas Griesa e implícitamente apoyando los argumentos del Estado argentino. Ellos expresan, sin lugar a dudas, un problema que pareciera fundamental para una fracción del poder financiero estadounidense. ¿Será la posibilidad de perder negocios vinculados con la jurisdicción Nueva York de gran parte de los bonos soberanos a manos de plazas financieras alternativas, como Tokio o Londres? Justamente, el Reino Unido ha aportado lo suyo en el marco del juicio, y no dudó en apoyar la posición argentina a pesar del diferendo territorial existente respecto de las Islas Malvinas. Lo hizo mediante el aporte de diputados de su parlamento como amicus curiae, y también por una notable editorial de Martín Wolf en el prestigioso Financial Times.
La posición argentina también se vio reforzada durante el juicio por los aportes de funcionarios del Fondo Monetario Internacional como Anne Krueger, para quien el fallo de Griesa iba a complicar las futuras reestructuraciones de deuda soberana. Lo hizo por una razón muy simple: el fallo implica mayores incentivos a quedarse fuera de las reestructuraciones ante un proceso de default.
Pero la forma en que Griesa maneja la puja judicial es tan discutible que dejó abierto varios flancos respecto de los bonistas que habían reestructurado su deuda –terceros en discordia que repentinamente empezaron a enfrentar el no pago de su deuda-. Tal vez la peor situación sea la de los bonistas europeos, regidos por la ley de Londres, quienes se vieron avasallados en sus derechos. Eso explica que varios de ellos empezaron a actuar judicialmente esta semana en contra del fallo de Griesa, lo que colateralmente ayuda al Estado argentino en esta pelea. Son los casos de George Soros y Kyle Bass, dos de los financistas más importantes del mundo, y de los que seguramente no juegan a perdedores.
El tema jurisdiccional no es menor, por el contrario es importantísimo. El juez de un condado abusa de su poder tomando decisiones sobre ámbitos en los que no está habilitado para hacerlo. Quien definió esta cuestión con su habitual claridad fue nuestro juez Eugenio Zaffaroni: “es como si un juez de Avellaneda tomara decisiones sobre una Nación soberana”. El ejemplo es de una notable sencillez y contundencia. Claro que el fallo disparatado de Griesa luego fue avalado con su silencio por la Suprema Corte de EEUU. Esto último confirma que una fracción poderosa del poder ultraconservador del sector financiero, valiéndose de los buitres usureros, quiere sancionar a la Argentina por haber asumido una determinación política soberana y liberada de los grandes y tradicionales poderes corporativos mundiales.
