Tiempo Argentino | ESCENARIO ECONÓMICO
El debate de leyes clave en el Congreso desnudó las coincidencias de la oposición con los argumentos de los fondos buitre.
Carlos Heller
Esta semana el Senado dio media sanción al proyecto de ley de pago soberano de la deuda exterior, que en su artículo 1º declara "de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina".
El texto aprobado en la Cámara Alta mantiene los lineamientos del proyecto original, elaborado por el Poder Ejecutivo. Entre otras cuestiones, autoriza a remover al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario y a designar, en su remplazo, a Nación Fideicomisos SA, "todo ello, sin perjuicio del derecho que asiste a los Tenedores de designar a un nuevo Agente Fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los Títulos Reestructurados".
Como fruto del debate legislativo se incorporaron igualmente algunas modificaciones que mejoran la calidad del proyecto. En lo que respecta a la apertura de un nuevo canje, además de la opción local, se incluyó la posibilidad de utilizar la legislación y jurisdicción francesas, siempre de acuerdo con la voluntad de los acreedores afectados por la "ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados no regidos por ley y jurisdicción argentina". La elección de Francia responde a criterios objetivos ya que, como señaló el senador Miguel Pichetto, aparte de haber sido uno de los países que presentaron los amicus curiae" ante la Corte Suprema de Estados Unidos, allí cuentan con "normativas legales que impiden el funcionamiento discrecional y el ejercicio en las acciones judiciales a estos fondos".
Otro de los puntos que se agregó es la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que tendrá por finalidad "investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar". Esto es algo por lo que siempre hemos bregado, ya que así se podrá investigar, y eventualmente sancionar, por las responsabilidades con respecto a abusos en el manejo de la deuda externa, que han afectado presupuestos públicos y limitado el desarrollo de la Nación.
No obstante los mencionados cambios, los miembros de la oposición igualmente terminaron por darle la espalda al proyecto. Por ejemplo, para la senadora Laura Montero, de la UCR, "no soluciona absolutamente nada y pretende dilatar la situación hasta enero"; y para la senadora Gabriela Michetti –en línea con su jefe político, Mauricio Macri, partidario de cumplir el fallo– lo de la cláusula RUFO es una "mentira" y es preciso sacar un proyecto de ley que garantice el cumplimiento de la sentencia del juez Thomas Griesa a partir de enero de 2015.
Resulta imposible abstraer estas posturas de la feroz ofensiva de los fondos buitre, que a través de su grupo de tareas (ATFA) señalaron que el proyecto "constituye una descarada violación de las sentencias de la corte" y advirtieron que iniciarán acciones para asegurarse de que "el plan no se implemente" y que aquellos que acepten el nuevo esquema de cobro podrían incluso entrar en "desacato" o "poner en riesgo sus actividades". La avanzada constituye una nueva muestra de la presión que estos usureros internacionales realizan para intentar arrinconar a nuestro país y hacer efectivos sus reclamos, a pesar del apoyo que Argentina recibió desde otros países, ámbitos multilaterales y académicos, algo de lo que aparentemente no parece haber tomado nota todo un sector del arco político local.
UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA. Los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación Federal, Julio De Vido, participaron en Beijing de una reunión con las autoridades de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), encabezada por su presidente, Xu Shaoshi, y representantes de empresas y bancos chinos. Ambas partes resaltaron la importancia del diálogo permanente para poner en marcha los acuerdos firmados en Buenos Aires en julio pasado, elevando la relación a asociación estratégica integral.
Kicillof agradeció el determinante apoyo de la República Popular China a la Argentina en el litigio con los buitres, tanto en el G77+China y en la cumbre de los BRICS, como en las palabras del presidente Xi Jinping ante Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, los funcionarios chinos destacaron: "Lo que pase en el resto del mundo no afectará la decisión de seguir colaborando y trabajando con Argentina porque tenemos una asociación estratégica", contradiciendo un comunicado de la ATFA que sostiene, citando al diario La Nación, que "el Ministerio de Economía chino duda de la capacidad argentina para enfrentar, en el mediano plazo, sus obligaciones financieras".
Además de la ratificación de los acuerdos de financiamiento para las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas, ambos gobiernos acordaron buscar esquemas de cooperación en materia de hidrocarburos no convencionales, a través de YPF. También se firmó el acuerdo comercial marco para la provisión de equipamiento y servicios para el desarrollo del proyecto de la cuarta central nuclear, Atucha III, por un total de U$S 2 mil millones para financiar productos y servicios chinos y de terceros países, además de otros $ 32 mil millones en proveedores nacionales.
MÁS AVANCES LEGISLATIVOS. El Senado también dio media sanción al paquete de proyectos que incluye la actualización de la Ley de Abastecimiento, y la creación del Observatorio de Precios y de un fuero nacional para la defensa de los consumidores. Entre los cambios introducidos, en el artículo 1° de la nueva Ley de Regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo se excluye a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), siempre y cuando no detenten posición dominante, recogiendo de esta manera los planteos del sector. Según se desprende de los datos del informe que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Cámara de Diputados, con esta modificación la nueva norma alcanzaría, como mucho, al 1% del total de las empresas, precisamente las que están más concentradas.
También se eliminó la posibilidad de realizar clausuras definitivas de empresas y se incluyó una "cláusula de confidencialidad" respecto de la información que brinden.
El rechazo del gran empresariado al paquete de proyectos tuvo diversas manifestaciones, como las vertidas en un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), donde se reconoce que los senadores consideraron y aceptaron algunas de las sugerencias elaboradas por esa entidad, aunque sostienen que “el proyecto en consideración que modifica la Ley de Abastecimiento dictada en el año 1974 es nocivo para el desarrollo de la actividad económica y, especialmente, del sector que representamos, el comercio y los servicios, por cuanto desalienta la inversión, la producción, distorsiona la competencia y provoca desempleo". El trasfondo del reclamo fue develado por su presidente, Carlos Vega, quien sostuvo: "Hay una cuestión filosófica porque, como empresarios, nos oponemos a los controles", toda una definición emparentada al axioma que versa acerca de la intangibilidad de las ganancias. Entre los senadores que adscribieron a esta línea aparece Gerardo Morales (UCR), para quien la nueva ley podría ser impugnada ante la justicia por inconstitucional, en tanto que Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño) afirmó que es "una ley de miedo, es una ley confiscatoria".
En definitiva, hemos atravesado una semana de trabajo intenso en el Senado y se dieron pasos importantes para la aprobación de leyes fundamentales para la Nación. En el debe, no hay que dejar de mencionar la postura de ciertos sectores de la oposición que, ya sea por convencimiento ideológico o por simple cálculo electoral, terminan jugando a favor de buitres y empresarios concentrados que tratan de imponer sus intereses por sobre los del conjunto de la sociedad.
