Tiempo Argentino | Panorama Económico
Su cumplimiento será primordial para fortalecer el modelo de crecimiento con distribución del ingreso.
Por Carlos Heller
El inicio del año llegó cargado con una batería de medidas del gobierno que constituyen avances importantes en la profundización del modelo y en la comunicación de los objetivos perseguidos.
Destaca la presentación de las Metas Estratégicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, compuesta por 204 objetivos y 272 metas que se plantea cumplir a lo largo de 2014. Una enumeración específica a alcanzar en cada ministerio, que también implica la asunción de una responsabilidad concreta para su cumplimiento, así como la posibilidad de que la ciudadanía pueda evaluar con mayor información la gestión del gobierno.
Esta es una decisión muy importante de la presidenta Cristina Fernández, puesto que indica con claridad los objetivos de su administración, a la vez que los comunica a la ciudadanía, incorporando el concepto de planificación. Aunque no son las primeras decisiones de planificación, ya que deben mencionarse el Plan Estratégico Industrial 2020, iniciado en febrero de 2011, y el posterior Plan Estratégico Agroalimentario. O el más reciente compromiso asumido a través del diálogo social de bajar en los próximos dos años la informalidad a menos del 30% de la fuerza laboral, con medidas de fomento a las pymes para la contratación formal de trabajadores; de hecho, en las metas para 2014 se propone ubicarla por debajo del 32,5% como paso intermedio.
En la primera página de la presentación de las metas estratégicas hay un concepto relevante, la próxima convocatoria a los Consejos Federales "con el propósito de coordinar el alcance de las metas teniendo en cuenta el impacto regional que generan”, según comentó el jefe de Gabinete. Esto habla de sintonía fina, y de la vital flexibilidad que deben tener las políticas y sus objetivos para adecuarse a las necesidades del país y sus regiones. En este aspecto, es altamente positivo el Programa Federal de Desendeudamiento firmado el 27 de diciembre pasado, que contempla la refinanciación de las deudas con la Nación de las 17 provincias signatarias. Son temas que hacen a un fortalecimiento del federalismo.
La longitud de esta columna requiere un abordaje muy sucinto de los más de 200 objetivos y metas que alcanzan a todo el accionar del gobierno, desde la reducción de la desocupación a menos del 6,3%, el incremento del 20% en la producción triguera, la reducción del tiempo de liberación de los despachos de importación, la construcción de 143 establecimientos educativos de nivel inicial y primario y la reducción de la mortalidad infantil al 9,8 por mil (en 2012 fue del 11,1 por mil), hasta un listado taxativo de las diversas industrias que serán beneficiadas por los diversos planes de fomento.
Desde una mirada económica, deben destacarse las metas fijadas para dos servicios públicos que requieren inversiones, y sobre los que el Estado ha avanzado en distintos grados. Por un lado, el programa de inversiones en transporte, con ambiciosos objetivos como incorporar 1.034 unidades cero kilómetro a las líneas del AMBA y para larga distancia; construir 26 kilómetros de Metrobús en La Matanza; renovar el 100% de las vías de Retiro a José León Suárez de la línea Mitre; completar el 75% de las obras de 63 pasos bajo nivel en todas las líneas ferroviarias del AMBA; elevar la totalidad de los andenes de las 20 estaciones del ferrocarril General San Martín; llegar con el 75% de las obras licitadas y un 40% de avance de las obras del ferrocarril General Roca (ramal Constitución–La Plata); e importantes inversiones para el Belgrano Cargas. También se prevé finalizar las fases I y II del sistema de detención automática de trenes, así como llegar a la totalidad de las compensaciones tarifarias al transporte automotor de pasajeros en el AMBA y el interior por medio del sistema SUBE, entre las más destacadas.
Con respecto a la energía, otro servicio que requiere de importantes inversiones, se prevé aumentar en 1.625 Mw adicionales la potencia de generación eléctrica, incrementar la capacidad de transporte de alta tensión del sistema, realizar 600 kilómetros de ampliación de gasoductos troncales, incentivar el desarrollo de proyectos de producción de gas natural por 8,5 millones m3/día, e incrementar el corte de gasoil con biodiesel y de naftas con etanol.
Además de estar enfocadas a paliar necesidades incuestionables, estas últimas metas, como muchas otras no mencionadas, impulsan significativamente la inversión bruta interna, una característica esencial y que permite ampliar la frontera de producción, ya sea con mayor generación de energía, con mayor cantidad de viviendas o con el incremento de los bienes de capital por parte de las empresas a través de los diversos planes de fomento.
En este punto debe mencionarse también una medida importante como es la implementación de la fase IV de la Línea de Crédito para la Inversión Productiva, orientación crediticia que el Banco Central continúa aplicando a las entidades financieras en este período que se acaba de iniciar, que promueve principalmente el financiamiento a las pymes, pero también a la vivienda y a las grandes empresas, siempre con el objetivo de financiar proyectos de inversión que incrementen el empleo, sustituyan importaciones o incrementen exportaciones, en especial en bienes de capital.
En este marco, las metas macroeconómicas presentadas por el Ministerio de Economía, y que respetan las pautas del Presupuesto 2014, sustentan este impulso a la inversión bruta interna, la cual se propone crecer al 8,5%, superior al incremento del PIB estimado en 6,2%.
Esta mayor inversión da un adecuado marco para el cumplimiento de los acuerdos de precios, pues, al expandir la frontera productiva, la demanda producida por las mejoras en el poder adquisitivo de la población podrá ser atendida con menores fricciones.
En la semana también se comunicaron los 194 productos que integrarán el acuerdo de “precios cuidados” –como los ha denominado el gobierno–, que durará un año con actualizaciones trimestrales. Una de las novedades más importantes es que el acuerdo se extenderá a toda la cadena de valor, no sólo al vendedor final supermercadista, sino también a sus distribuidores y proveedores, con la intención de controlar que no aparezcan rentas extraordinarias en alguno de los eslabones de la cadena productiva, que terminen cargándose inequitativamente al consumidor final. La detección y corrección de esos bolsones de rentas extraordinarias tiene que ser un objetivo que evolucione paralelo al control de los precios acordados.
Este enfoque desvela a los economistas ortodoxos, que liberan de la incumbencia del aumento de precios a los empresarios y cargan toda la responsabilidad en el Estado nacional, como Enrique Szewach, quien sostiene que “la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde se asigna a la Secretaría de Comercio la tarea de frenar la inflación, sin considerar el creciente déficit fiscal ni el abuso de la 'maquinita' del Banco Central para financiarlo, ni tampoco las tasas de interés para manejar el comportamiento de la demanda real de dinero" (La Nación, 29/12/13).
Los acuerdos vienen con control popular y también con ayuda de la AFIP, que se encargará de fiscalizar los precios de los productos por códigos de barras que ingresen al controlador fiscal. En este aspecto, Axel Kicillof fue preciso en la presentación del pasado 20 de diciembre: "No vamos a permitir que cambios en los productos acordados se reflejen en los precios", dijo, en relación con una conocida conducta de reemplazar el envase o agregarle algún aditivo no esencial para escapar del precio fijado.
Es sin duda una batería de medidas importantes, todo un desafío para la gestión, pero cuyo cumplimiento resulta imprescindible para morigerar las tensiones que impactan en la economía y continuar fortaleciendo el modelo de crecimiento con distribución del ingreso. -
