Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
Septiembre fue un mes muy activo en materia de medidas de política económica en la Argentina. Uno de los aspectos a destacar es la presentación formal del proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación.
De esta forma, quedó abierto el proceso de debate parlamentario con miras al plan económico del próximo año para la Argentina.
La mención de algunos de los conceptos vertidos en la introducción del mismo da cuenta de las propuestas que el actual gobierno del Frente de Todos realiza para el año próximo, habiendo dejado los peores momento de la pandemia sanitaria atrás: “representa la hoja de ruta para comenzar a transitar hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos y que en simultáneo permita sentar bases para un crecimiento sustentable a partir del desendeudamiento del Estado nacional, la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo, el fortalecimiento del mercado interno, la defensa de un valor competitivo de la moneda local para propiciar un incremento de las exportaciones argentinas al mundo y la acumulación de reservas por parte del Banco Central con el objeto de reducir la presión en el sector externo”, señala.
Uno de los pilares que sobresale es la inversión de capital, en especial en infraestructura, una gran generadora de puestos de trabajo y de mejoras en la situación de las personas. Pasaría a representar el 2,4% el PIB, respecto del 2,2% de 2021 y del 1,1% de 2019, año en que se la redujo debido al fuerte ajuste en el gasto implementado por el gobierno de Mauricio Macri.
En materia de endeudamiento público, un tema de suma importancia en nuestro país dada la exorbitante magnitud de deuda que tomó el gobierno anterior, y ya resuelta la deuda en dólares con el sector privado a partir de la exitosa renegociación del año pasado, el texto del Presupuesto es muy claro: “el Gobierno Nacional de ninguna manera concibe desviarse de los principios que guían su praxis para atender pagos de deuda pública que comprometan la recuperación económica”.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández también dejó expresada su postura en su disertación en la 76° Asamblea General Ordinaria de la ONU. Describió el acuerdo de $57.000 millones de dólares (de los cuales finalmente se desembolsaron 45.000 millones) que acordó Macri con el FMI como “tóxico e irresponsable”. Estos fondos además, lejos de ser utilizados en inversiones que permitieran el repago de la deuda “han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta capital”, argumentó.
Volviendo al proyecto de Presupuesto 2022, el texto estima un crecimiento del PBI del 8% en 2021 (aunque tanto el gobierno como analistas, con los últimos datos en mano, ya están esperando un incremento del 8,5% o superior) y del 4% para 2022, año en el cual se espera que el consumo privado aumente un 4,6%, en línea con la expectativa de recomposición de los salarios en términos reales (+4%).
El documento también refleja que el Gobierno espera que se mantenga el superávit comercial y que aumente la inversión. El tipo de cambio oficial cerraría en un 30% más que el proyectado para fin de este 2021, y la inflación rondaría el 33%.
Sobre este tema, en una reciente videoconferencia con empresarios argentinos el ministro de economía, Martín Guzmán, explicó: “Tenemos confianza en la política cambiaria que venimos llevando a cabo”, y ratificó que “la política cambiaria va a seguir en la línea de lo que se ha planteado en el esquema macroeconómico reflejado en el Presupuesto 2021 y luego en el Presupuesto del 2022”. Si bien está implícito en estas expresiones, fue contundente para no dejar ninguna duda: “Tenemos claro que no vamos a hacer ningún salto devaluatorio”.
En resumen, seguramente en el tratamiento del Presupuesto se discutirán ritmos, intensidades y destinos de ingresos y gastos, pero es claro que el Presupuesto es el plan del Gobierno, y es el Parlamento el que le otorga esta herramienta a la administración nacional.
Se destacan también otras iniciativas más puntuales presentadas por el Poder Ejecutivo durante septiembre.
Una de ellas, el programa de jubilaciones anticipadas, garantiza la cobertura social a aquellas personas que les falten como máximo cinco años de edad para jubilarse y se encuentren desempleados al mes de junio de 2021. Se otorgará el 80% del haber jubilatorio hasta que alcancen la edad mínima requerida, cuando pasarán a cobrar el 100%. Apunta a todos/as aquellos/as trabajadores/as que perdieron su puesto de trabajo como consecuencia de la primera pandemia (la gestión de gobierno de Macri) y de los efectos de la posterior pandemia sanitaria.
Otra novedad destacable es el envío al parlamento del proyecto de ley denominado “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial”. En su presentación, el presidente Alberto Fernández señaló: “Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, el diálogo, una mesa común en donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que Argentina sea el país en el que merecemos vivir (…) Nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan. Necesitamos construir un país con la equidad y la igualdad social necesarias para que todos ganen”, en alusión al consenso al que se llegó con un sector importante de la economía argentina. Es una iniciativa que beneficia tanto a los sectores involucrados como a la economía argentina en general. A través de distintas herramientas de política fiscal se espera incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales hasta los 100 millones de dólares en 2030, crear 700 mil nuevos puestos de trabajo en el sector, y alcanzar una meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres. Uno de los objetivos principales es aumentar la productividad del sector y generar los incentivos para promover nuevas inversiones que apunten a producir bienes con mayor valor agregado.
Una noticia internacional importante es que los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20, en su sesión realizada en el marco de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, solicitaron al FMI la revisión de su política de sobrecargos, postura que aporta positivamente al reclamo de eliminación de estos elevados costos que viene realizando la Argentina. Cabe aclarar que nuestro país debe pagar cerca de U$S 900 millones anuales por este concepto.
Evasión sistemática
Ya es un “secreto a voces”: la evasión impositiva en todo el mundo es efectuada fundamentalmente por las personas más acaudaladas y los grandes conglomerados empresariales. Es uno de los mayores flagelos mundiales que permite que billones de dólares que deberían ingresar a las arcas de los Estados se fuguen a las guaridas fiscales. Podemos decir que hay tres patas principales en este entramado. Una de ellas, quienes evaden, la otra son las jurisdicciones que avalan estructuras impositivas “laxas” al recibir estas grandes fortunas (cuya vasta mayoría pertenece a territorios controlados por los países desarrollados). La tercera son las agencias y profesionales que utilizan su “expertise” para aplicar los artilugios necesarios que favorecen a sus clientes, a cambio de jugosas comisiones.
Del otro lado se encuentra la mayoría de las poblaciones que muchas veces se ven privadas de tener acceso a servicios públicos básicos como salud, educación, agua potable, etc, como consecuencia de, entre otros aspectos, la menor recaudación de los Estados fruto de esta evasión.
Este fue otro de los temas que tuvo mayor protagonismo en los medios en estas semanas por la investigación de los denominados “Pandora papers”, dada a conocer por un consorcio de periodistas independientes.
Pero también, con una visión menos coyuntural, los intentos por combatir la evasión constituyen una de las principales preocupaciones de algunas potencias mundiales como Estados Unidos, aunque, cabe decir, posee guaridas fiscales en su territorio y aún no ha dado muestras de intentar siquiera limitarlas. Luego de la pandemia y con una administración de gobierno con fuertes proyectos de inversión en la economía doméstica, queda al descubierto la necesidad de generar una mayor equidad, incluso en el aspecto tributario. Según un informe de la agencia de recaudación norteamericana, “los Estados Unidos registran, medida en términos del PIB, la menor recaudación impositiva de la historia” con una pérdida de ingresos tributarios por evasión equivalente al 3% del PIB. “La actual evasión impositiva del 1% de los contribuyentes con mayores ingresos es de cerca de 163.000 millones de dólares anuales” agrega el documento.
Estas situaciones se replican en casi todo el mundo, también en nuestro país, y si bien es un sistema muy complejo de desbaratar, los beneficios de desarticularlo para las poblaciones serían aún mayores. Un interesante comienzo para atender estos temas es la propuesta de aplicar un impuesto global a las grandes corporaciones, que se está debatiendo por primera vez en el mundo con la participación, incluso, de los gobiernos de los principales países. Se trata de una iniciativa que también cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo argentino.
