Tiempo Argentino | Escenario económico
La nueva moratoria jubilatoria frente a los que se juegan al ajuste. La puesta en marcha de Atucha II después de diez años.
Por Carlos Heller
El gobierno comunicó nuevas iniciativas durante la semana, entre las que se destaca el envío al Parlamento Nacional de un proyecto de ley para llevar a cabo una nueva moratoria jubilatoria, con la cual se intenta universalizar las prestaciones del sistema previsional argentino.
La presidenta Cristina Fernández indicó que "la primera moratoria la lanzó el presidente Kirchner en 2005" y sostuvo que hasta ese entonces, las sucesivas políticas económicas habían dejado afuera a la mitad de las personas en condiciones de jubilarse. También subrayó que esa moratoria "no solo redujo la pobreza y la indigencia entre los mayores, sino que también logró equidad de género, ya que el 73% de las que lograron jubilarse son mujeres".
El promedio de aportes de los que accedieron a la primera moratoria alcanzó los 12,7 años, indicando que efectivamente se trató de trabajadores que sufrieron distintos problemas de empleo a lo largo de sus vidas. Dado que en la actualidad hay una gran cantidad de personas en edad de jubilarse, pero que no han podido cumplir con los años mínimos de aportes requeridos, la presidenta consideró oportuno adoptar una nueva moratoria para lograr un sistema previsional "más justo, más equitativo y más redistributivo".
El proyecto enviado al Parlamento dará prioridad a los sectores de mayor vulnerabilidad social, en tanto que la cuota de la moratoria se actualizará por la misma fórmula utilizada en la movilidad jubilatoria, de forma tal de mantener la sustentabilidad del sistema.
La falta de años de aportes necesarios para jubilarse se produce debido a la altísima cantidad de trabajo informal que ha habido en Argentina y que, aunque se están tomando importantes medidas para reducirlo, aún sigue siendo un problema; pero si no se ataca a fondo el tema de la informalidad laboral, periódicamente habrá que recurrir a nuevas moratorias. Pensando a futuro, son decisiones relevantes que no pueden depender de la sensibilidad social o la orientación que posea el gobierno que se encuentre en funciones.
En los números, la medida alcanzará a cerca de 473 mil argentinos, es decir casi medio millón de personas que en función de esta moratoria van a pasar a la categoría de incluidos. El costo fiscal estimado ronda los $ 12 mil millones, según informó el ministro Axel Kicillof, quien también respondió a quienes reclaman que el gobierno ajuste el nivel de gasto público y atribuyó esos pedidos a sectores que "prefieren un país con exclusión" a la vez que los desafió a "que se saquen la careta y que digan qué gasto quieren bajar".
Ésta es una más de las reacciones a las declaraciones de Héctor Méndez, presidente de la UIA, quien señaló en una entrevista que "hace falta un ajuste" en materia económica, acotó que "si hay que hacer ajustes, a todos nos toca" y advirtió: "el ajuste que menos voluntad veo es el del Estado". También comentó: "El Estado está perdido. Analicemos qué es lo que se puede revisar" (La Prensa 02.06.14). Sobre estas declaraciones, la ministra de Industria, Débora Giorgi, indicó que el monto de subsidios que llegan a las familias argentinas para pagar sus distintas cuentas de servicios públicos o los menores costos del transporte "indirectamente o más bien directamente está beneficiando a los industriales" porque si no la gente reclamaría mayores salarios.
En la misma línea que Méndez, Ignacio De Mendiguren, diputado nacional del Frente Renovador, indicó que "el salario es el motor del mercado, pero si hay recesión, caída de actividad y perdida de poder adquisitivos, primero hay que preservar el empleo y luego el poder adquisitivo", una premisa que podemos considerar peligrosa, pues descarga sobre el salario cualquier dificultad que enfrenten las empresas, convirtiendo a los trabajadores en la variable de ajuste.
Estas expresiones de Méndez y De Mendiguren no están aisladas; forman parte del discurso de una legión de empresarios y políticos que ven en el ajuste la solución a todos los problemas económicos.
Volviendo a las iniciativas gubernamentales, la presidenta encabezó el acto de adhesión al Programa SUMAR de las provincias de Santa Cruz, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, completándose así la ratificación de las 24 jurisdicciones al SUMAR, que es la continuación del Plan Nacer, un sistema integral de salud que atiende a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años y mujeres hasta los 65 años, sin obra social. La primera mandataria también anunció la incorporación de tres nuevas vacunas al calendario obligatorio: contra rotavirus, varicela y meningococo. Son todas medidas inclusivas, que apuntan a mejorar la vida de los mayores y los niños, y a romper el círculo de pobreza y exclusión que impide su desarrollo como ciudadanos plenos.
PUNTO CRÍTICO PARA ATUCHA II. Días atrás, y luego de sucesivas pruebas parciales, se llevó a punto crítico el reactor de la central Atucha II, recientemente denominada Néstor Kirchner, lo que significa que el proceso de fusión nuclear ya empezó a liberar energía. Si bien se requerirán al menos 60 días más para que la generación eléctrica de la nueva central se comience a volcar al mercado, una vez alcanzada su máxima potencia podrá abastecer el equivalente al 4% de la demanda eléctrica nacional.
La entrada a plena potencia de Atucha II para diciembre próximo permitirá además iniciar las obras de reparación general de la central nuclear de Embalse, para prolongar su vida útil en 30 años, tareas que requerirán de un período no menor a los dos años.
Cabe señalar que la obra de Atucha II, que estuvo detenida durante más de una década, también permitirá consolidar la continuidad del Plan Nuclear Argentino, ya que se prevé la puesta en marcha de dos nuevas centrales (Atucha III y otra a designar), tras la paralización del programa en los años noventa.
Este avance en materia de infraestructura energética constituye un ejemplo concreto que vuelve a ratificar la importancia de apoyar la existencia de un Estado activo, que siga subiendo escalones para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico e inclusión social.
JUICIO A BUITRES. Más de cien parlamentarios británicos firmaron un petitorio para evitar la especulación de los fondos buitre (así los denominan) contra la deuda argentina, especuladores que tratan de forzar al país a un nuevo default.
El parlamento británico ya tiene historia en la limitación a los fondos buitre; en 2010 aprobó una legislación para evitar que estos fondos especulativos obtengan injustas ganancias en los juzgados de ese país en casos contra 40 países pobres altamente endeudados.
En la actual presentación, proponen al gobierno británico que comparta esta experiencia legislativa con el gobierno de los Estados Unidos. Para la directora de la Campaña Jubileo de la Deuda, una ONG internacional que ayudó a organizar la petición de los 106 parlamentarios británicos, "los fondos buitre nunca le prestaron a Argentina un dólar; ellos especulan con la deuda del país para obtener enormes ganancias".
También el FMI, a través de su vocero, Gerry Rice, expresó en conferencia de prensa que "el Fondo sigue profundamente preocupado por las amplias implicaciones sistémicas que la decisión de la Corte podría tener, en general para los procesos de reestructuración de deuda" (Cronista, 06.06.14).
Por su parte, una delegación de parlamentarios argentinos en representación del Congreso Nacional, integrada por legisladores del Frente para la Victoria, de partidos aliados y de parte de la oposición, viajará a Washington este domingo para realizar reuniones con líderes parlamentarios y funcionarios del poder ejecutivo estadounidenses, y con representantes de organismos internacionales, en apoyo a la postura argentina.
La delegación que viaja a Washington es una representación parlamentaria plural y jerarquizada por los principales cargos del Parlamento, y se espera que sirva para continuar instalando, entre quienes tienen que tomar la decisión sobre el juicio de los fondos buitre, la idea de que aquí hay un frente común al respecto y que no se trata de un tema de un sector de la sociedad o del gobierno, sino de una cuestión esencial que hace al interés de todos los argentinos.
