Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La Argentina atraviesa, de modo gradual, las dos pandemias: la generada por las políticas neoliberales de Mauricio Macri y la producida por la circulación global del virus. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo recientemente: “La producción y el empleo son superiores a cuando iniciamos el gobierno”. Es decir: según el ministro, el país ya se ha recuperado de la caída de los índices de producción y de empleo generada por la pandemia sanitaria.
De todos modos, tal como lo explicó con detalle el presidente Alberto Fernández en cadena nacional el jueves, la pandemia sanitaria está lejos de terminar y habrá que enfrentar lo que se denomina la segunda ola, que está produciendo estragos en países vecinos. En el mismo sentido se manifestó el viernes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien reiteró que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires trabajan para minimizar la mortalidad y mantener la actividad económica y comercial durante esta segunda ola.
Junto a lo anterior, aún queda por resolver el descenso de los índices de producción y de empleo que produjo la pandemia heredada del gobierno de Macri.
Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que tras los tres años de recesión producidos por el gobierno de Juntos por el Cambio y la irrupción de la pandemia sanitaria, la argentina “es la economía que más rápido se está recuperando en todo el continente”. El ministro agregó: “Esperamos un crecimiento del Producto Bruto del 7 por ciento para 2021, eso lo establecemos como una base, y junto a esto se está comenzando a ver una recuperación del empleo, y un fortalecimiento de las cuentas públicas”.
No son los únicos datos que muestran a un país en reconstrucción. Según informó el Ministerio de Economía, el Tesoro colocó durante la semana 77 mil millones de pesos en letras, con lo que obtuvo un financiamiento neto de 67.400 millones. De este modo, está logrando financiarse en pesos disminuyendo la necesidad de financiamiento del Banco Central.
Al mismo tiempo, el Gobierno puso en funcionamiento el sistema de información para 500 grandes empresas con la idea de extender luego esta iniciativa a mil. Se trata de la creación del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que establece que esas empresas deberán informar mensual y sistemáticamente al Gobierno: precios, cantidades vendidas, cantidades producidas y stock, entre otros ítems. El objetivo es contar con información sobre los costos de producción y el proceso de formación de precios en el interior de las cadenas de valor.
Sólo se trata de un sistema de información. El Estado les dice a las empresas: “por favor, infórmeme por qué usted dice que tiene que aumentar los precios, muéstreme las distorsiones y cuáles son los costos que le aumentaron”. La reacción ante ese pedido es gigantesca. Está muy claro: no quieren ningún tipo de control. Las cadenas de valor, para ellos, son un territorio donde está prohibido el ingreso del Estado. Pero, en ese lugar donde no se puede entrar, es donde se forman los precios de los productos que consume toda la población. El acceso es restringido pero las consecuencias de lo que sucede allí alcanzan a todos los argentinos y las argentinas.
La discusión precedente aparece junto al dato de la suba del 6 por ciento de los precios mayoristas durante febrero. Estos últimos tienden a reflejar el impacto de la suba de los precios internacionales de los commodities. Al subir los precios externos, en simultáneo suben los precios internos de esos productos exportables. Por eso es necesario el desacople: intervenir con políticas públicas para que uno y otro precio tengan comportamientos diferentes, es decir, que los precios internos no acompañen linealmente los precios externos en alza. Ese desacople es una medida imprescindible para que los argentinos y las argentinas no sufran fuertes aumentos de algunos alimentos que consumen diariamente.
En paralelo, el jueves, en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Laboral del Congreso de la Nación, se produjo el dictamen de dos iniciativas relevantes: el proyecto de ley de Modificación del Impuesto a las Ganancias a las Personas Humanas y el del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, más conocido como proyecto de ley de Monotributo. Ambos dictámenes salieron por unanimidad en general, con disidencias en particular de Juntos por el Cambio.
Cuando se apruebe el primero de estos proyectos, dejarán de tributar el Impuesto a las Ganancias 1.287.000 trabajadores y trabajadoras registrados y jubilados y jubiladas que pagaban el gravamen. Todos ellos, además, van a recibir un retroactivo por lo que les descontaron en enero, febrero y marzo. La suma total de esa devolución se estima entre 10 y 12 mil millones de pesos. Esa cifra, puesta en los bolsillos de estos argentinos y argentinas, se volcará al consumo y producirá un efecto positivo en la reactivación de la economía. Con la sanción de este proyecto, sólo el 7 por ciento del total de los trabajadores y trabajadoras registrados seguirán pagando el Impuesto a las Ganancias: el 93 por ciento de éstos estará exento del gravamen. Históricamente, el 10 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia pagaban este tributo, pero entre 2016 y 2019, el porcentaje se incrementó hasta el 23 por ciento.
En la reunión en la que se produjo el dictamen se incorporaron en el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias algunos beneficios adicionales a partir, sobre todo, de demandas de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, la deducción por guarderías y de las horas extras de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público y privado hasta un cierto monto. También la extensión al conviviente de los beneficios de la ley y la duplicación de la deducción por hijo en caso de discapacidad, entre otros aspectos.
Con relación al proyecto de ley de Monotributo se crean una serie de facilidades para la adecuación de los monotributistas que pasan al régimen general, entre otras cuestiones.
La reconstrucción avanza. El Gobierno toma medidas para enfrentar la segunda ola de la pandemia mientras impulsa una serie de iniciativas para acelerar el proceso de recuperación económica. Estamos poniendo a la Argentina de pie.
