Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Esta semana se conoció el IPC de enero: 3,9% de variación mensual. No hace falta ser un especialista para saber que la inflación es uno de los temas más recurrentes y estructurales de nuestro país. No obstante, resulta interesante analizar algunos aspectos de la coyuntura actual.
Al interior de las subdivisiones que componen el índice de precios, el sector que más creció en el primer mes del año fue “Comunicaciones” (7,5%). No obstante, esos incrementos están judicializados. Sucede que en agosto de 2020 el Presidente Alberto Fernández estableció por decreto que las TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son servicios públicos esenciales, quedando sus precios regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Acto seguido, la justicia falló a favor de las empresas que presentaron medidas cautelares contra el decreto presidencial. El gobierno sigue apelando dichas medidas.
Merece especial atención el segmento de “Alimentos y Bebidas”. Con un crecimiento mensual del 4,9%, también por encima del promedio.
El alza de los precios es un tema que preocupa al Gobierno Nacional: “La lucha contra la inflación es uno de los ejes de este gobierno” señaló Gabriela Cerruti el jueves pasado y agregó “entendemos que es el mayor problema que enfrentan las argentinas y argentinos”.
Esta tarea no es reciente, los programas de “Precios cuidados”, los congelamientos de tarifas de servicios públicos y alquileres durante la pandemia, las regulaciones a las exportaciones de carne vacuna, entre otras, son muestras de la postura del gobierno del Frente de Todos acerca de la multicausalidad de la inflación y de las consecuentes herramientas necesarias para morigerarla.
A ellas se sumaron en estos días varias iniciativas, cuyo punto de conexión está dado por el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los internos en el marco de la dinámica mundial alcista en los valores de las materias primas, un tema en el que personalmente he venido insistiendo en diversos ámbitos.
En particular, con respecto a las verduras y hortalizas, con precios que son muy volátiles, la Secretaría de Comercio Interior, junto al Mercado Central, estudian la creación de una sociedad del Estado, que buscará comprarle producción a pequeños productores para ampliar y desconcentrar la oferta en el mercado, y de esa forma incidir a la baja en los precios que pagan los consumidores finales.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa la creación de fideicomisos en sectores clave como el aceitero y el de trigo y maíz. En el primer caso se renovó el acuerdo entre el gobierno y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA CEC) que había comenzado en 2021, “a través del cual los distintos actores del sector se comprometieron a implementar un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites”, aclara el comunicado oficial. Un sistema similar se está discutiendo en el sector del trigo y del maíz. Sólo para citar un ejemplo, según recientes declaraciones de la Federación Industrial Panaderil de Buenos Aires, los insumos para el pan fueron los que más aumentaron en los 10 últimos días: la levadura aumentó un 35% y el azúcar un 33%.
En resumen, quedan cada vez más en evidencia los intentos de los sectores empresarios locales más concentrados por no resignar sus privilegios. Pretenden continuar haciendo uso de su poder de mercado para la fijación de precios, a costa de quienes consumen sus productos que, en el caso de los alimentos, afecta en particular a los sectores más vulnerables.
Fomentar el ahorro
Otra arista desde la que se está trabajando tiene que ver con las recientes medidas tomadas por el Banco Central para fortalecer el ahorro en moneda nacional, y propender hacia retornos reales positivos. La entidad dispuso una nueva suba en las tasas de interés, la segunda en lo que va del año. Incrementó la tasa de las Leliq de corto plazo del 40 al 42,5%, las letras a las que los bancos aplican la liquidez, y esa suba se transmitió a las tasas de los plazos fijos. Para las imposiciones de personas humanas de hasta $10 millones, el retorno se incrementó del 39% al 41,5%. Para el resto de los plazos fijos del sector privado la tasa mínima garantizada pasó del 37% al 39,5%. Un tema importante que define esta política de suba de tasas es que está diseñada de forma tal que la suba no debería afectar a las tasas de financiamiento de proyectos de inversión y capital de trabajo para pymes, ni a la tasa del programa Ahora 12 ni la que se paga por los saldos impagos de tarjetas de crédito. Se busca fomentar el ahorro, pero sin encarecer el crédito, para no perjudicar la inversión y el consumo. Estas políticas son posibles dada la facultad que tiene el BCRA de regular tasas, según lo habilita la actual Carta Orgánica votada en 2012.
Avances en la negociación con el FMI
El gobierno argentino, a través del ministro Guzmán y de otros funcionarios, está llevando adelante, al mismo tiempo, la conformación del plan en diálogo directo con el staff del Fondo y las conversaciones con los diferentes países que forman parte del directorio para conseguir todo el apoyo necesario.
La portavoz del Gobierno sostuvo que estamos dando pasos para llegar al mejor acuerdo posible, y remarcó que no es la mejor solución nunca, sino que están intentando darle la mejor solución posible a un problema que heredamos del gobierno de Mauricio Macri.
El ministro de Economía sostuvo que, en el momento en el que esté el acuerdo con el FMI se va informar en todos sus puntos al Congreso, dado que las conversaciones se están llevando a cabo de manera absolutamente transparente para todos los interlocutores que pueden participar. Cuando el acuerdo esté firmado se va a enviar completo al Congreso para que allí se debata.
Lo he dicho en más de una oportunidad: no hay nada que festejar por el acuerdo con el FMI, pero alcanzar el mismo resulta necesario. De hecho, las percepciones de que se está cerca del arreglo se reflejan en la mejora de los precios de los títulos públicos, la reducción de los valores del “dólar bolsa” o contado con liqui” que son precios implícitos en estos contratos, y que tienen un impacto en las expectativas económicas, y por ende, en la inflación. Estos nuevos valores, junto con la política cambiaria del BCRA, ayudan a tranquilizar la economía.
Una definición interesante es la que ha expresado el ministro Guzmán en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, al sostener que “Argentina se mantiene abocada a buscar soluciones a las injusticias históricas de la elusión y evasión tributaria de las grandes corporaciones multinacionales” dado que “perjudica los procesos de desarrollo económico y social”. Y agregó: “una solución adecuada a la problemática de la elusión y evasión tributaria permitirá construir una economía global más inclusiva, dinámica y sostenible”. Un tema para prestar especial atención, dado que este combate a la evasión y elusión es esencial para mejorar las cuentas fiscales de nuestro país por la vía de la mayor recaudación, que permitiría disminuir el déficit fiscal conjuntamente con una mejora del gasto público en términos reales. Es parte de la batalla para poder cumplir con los acuerdos a los que se está arribando con el fondo sin tener que ajustar los gastos, cuestión que de por sí está contemplada en el entendimiento que se dio a conocer a fines del mes pasado.
