Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
“Estos productos pueden ser altamente especulativos” y existen “demoras en los reportes impositivos, transparencia limitada o inexistente en inversiones subyacentes, regulaciones limitadas o inexistentes”. Estas advertencias se encuentran en el portal de un importante banco internacional que ofrece sus servicios de Banca Privada en el extranjero. A partir de ahora, este anuncio podría aparecer en sus sucursales de Argentina y en otras entidades financieras del país. En efecto, la Comisión Nacional de Valores, un órgano regulador en la órbita del Poder Ejecutivo, habilitó a la Banca Privada a operar en la Argentina a través de una nueva figura: el Agente Asesor Global de Inversión. Se anticipó así al debate de un proyecto de modificación de la Ley de Mercado de Capitales que el Parlamento tiene en carpeta.
Si bien se contempla la creación de un marco regulatorio, esta nueva medida habilita la utilización de instrumentos históricamente relacionados con la opacidad, el lavado de dinero y la evasión impositiva. Además, algunos medios de comunicación especializados intentan justificarla argumentando que podría canalizar el ingreso de los fondos del reciente blanqueo de capitales que quedaron en el exterior[1] . No obstante, la realidad indica que la Banca Privada está más relacionada con la fuga de capitales hacia guaridas fiscales (jurisdicciones de baja o nula tributación) que con el ingreso de los mismos. De hecho, una traducción más adecuada del “Private Banking”, como se llama internacionalmente, sería “Banca en Secreto”.
Para tener una idea de los montos en juego, se estima que en las guaridas fiscales hay 7,6 billones de dólares de fortunas individuales (más que la suma del PIB del Reino Unido y de Alemania). Cuesta creer que pudiendo permanecer en estas jurisdicciones, existan incentivos para que los argentinos traigan el dinero que tienen allí a cuentas locales.
La disposición de la Comisión Nacional de Valores parecería ser entonces otra medida tendiente a incentivar la fuga de recursos, en especial los asociados a la evasión tributaria. Una vía que tiende a desfinanciar al Estado argentino y a generar mayor dependencia aún del endeudamiento externo para equilibrar las cuentas fiscales.
A esta decisión se suma la presentación formal del sistema de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que hizo el propio presidente Mauricio Macri en estos días, tiene varios puntos de contacto con el servicio de Banca Privada. Es justamente en las guaridas fiscales donde está ampliamente expandido el proceso contable que permite constituir sociedades de un día para el otro con capitales iniciales irrisorios. En Argentina, este tipo de sociedades se creó a partir de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor sancionada en marzo del presente año.
Para crear una SAS se requiere un capital inicial de dos salarios mínimos, un monto ridículo, y nada se estipula sobre el capital máximo. Según manifestó el ministro de Producción Francisco Cabrera “en 15 minutos se pueden constituir este tipo de sociedades y a las horas comenzar a operar”. Pero lo más interesante es que contrariamente a las optimistas afirmaciones de Cabrera acerca de que las SAS permitirían bajar la informalidad laboral, la experiencia con este tipo de sociedades en otros países indica todo lo contrario. El mensaje es claro: las grandes empresas podrían tener una legión de “emprendedores”, cada uno con su empresa unipersonal, que no serían más que “trabajadores sin beneficios laborales”. La contratación o cese de estos “trabajadores SAS” se regiría por las normas del mercado, y no por las normas laborales.
En definitiva, más allá de la euforia con la que las fuentes oficiales informaron la apertura de 146 empresas SAS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la última semana, para generar empresas sustentables que promuevan trabajo estable y digno se necesitan otros factores que van más allá de la posibilidad de crear una sociedad en quince minutos. Se necesita un contexto económico favorable, con un Estado presente que genere las condiciones para que las nuevas empresas puedan aspirar a ser competitivas en el mercado interno y en el externo. Las políticas macroeconómicas implementadas hasta ahora, especialmente la liberalización de las importaciones, difícilmente darán lugar a la creación de empresas genuinas cuyo objetivo principal sea producir e innovar en nuestro país y, por el contrario, podrían ser usadas como un mecanismo para la precarización laboral o para la fuga y el lavado de dinero.
Tanto el proyecto de SAS como la “Banca Privada” parecen complementarse para convertirse en una vía clara de salida del excedente hacia el exterior.
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[1] Se trató de un blanqueo de capitales especial, dado que la mayoría de los capitales regularizados no ingresaron al país y permanecieron en el exterior.
